Francia endurece la legislación antidisturbios

La respuesta del presidente Emmanuel Macron a la revuelta de los chalecos amarillos ha combinado iniciativas sociales, como el aumento de los ingresos para los franceses que viven del salario mínimo, con mano dura en materia de seguridad. El espanto de muchos franceses ante la violencia desatada durante las protestas llevó este martes a la Asamblea Nacional a adoptar una ley que refuerza la capacidad represiva de la policía. El proyecto alarma entre algunos defensores de las libertades civiles.

Los diputados adoptaron la “propuesta de ley para reforzar y garantizar el mantenimiento del orden público durante las manifestaciones” con 387 votos a favor, 92 en contra y 74 abstenciones. El texto debe pasar por el Senado, donde la derecha de Los Republicanos (LR) es mayoritaria, antes de regresar a la Asamblea Nacional, dominada por La República en marcha (LREM) de Macron.

La votación ha hecho aflorar las divisiones en la mayoría presidencial. En el primer año y medio, y con excepciones como la ley de inmigración, LREM había actuado como un bloque disciplinado, si apenas fisuras.

Los chalecos amarillos —los franceses que, vestidos con la prenda fluorescente que es obligatorio llevar en todo automóvil, llevan más de dos meses protestando contra Macron— han cambiado la política francesa, y también a LREM. Ahora los diputados se atreven a expresar más fácilmente su desacuerdo con el presidente. Unos 50 se abstuvieron en la votación de la llamada ley ‘anti-casseurs’. Los ‘casseurs’, en francés, son literalmente ‘los que rompen’: los alborotadores que provocan disturbios.

La ley permitirá a los prefectos —representantes del Estado en los departamentos— prohibir la asistencia a una manifestación a alguien que, por sus comportamientos en manifestaciones pasadas, “constituya una amenaza de gravedad particular para el orden público”. Autorizará a registros durante las protestas y obligará a los ‘casseurs’ a pagar por los desperfectos causados. También permite sancionar con penas de hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa a quienes acudan a las manifestaciones violentas con el rostro enmascarado.

El Gobierno francés ha tomado como base una propuesta de la derecha en el Senado. La fuente de inspiración refleja una realidad: Macron gobierna al centro-derecha y es así como ha logrado conquistar a una parte del electorado —el más moderado— de Los Republicanos. Una crítica que se ha formulado es que se trata de una ley circunstancial, anunciada en un momento de alarma social por la violencia de un sector de los chalecos amarillos. Otra crítica, desde la izquierda, consiste en señalar la violencia policial y el uso abundante de balas de goma.

Algunos, incluso desde el entorno del presidente, ven en la ley una amenaza las libertades civiles. Quien lo ha expresado con más contundencia es el abogado y escritor François Sureau, próximo a Macron. Sureau cree que la ley, y en especial la prerrogativa para que el prefecto prohíba a alguien participar en una protesta, es un asalto al derecho de manifestación.

El abogado sostiene en una entrevista con Le Monde que un prefecto, actuando en sintonía con el Gobierno de turno, hoy “tendrá mala opinión de los chalecos amarillos”, pero mañana, si la extrema derecha llegase al poder, basándose en el mismo texto podría “tener mala opinión de los macronistas, de los jupeístas [en alusión al político Alain Juppé] de los socialistas, ¡qué sé yo!” “Entonces”, añade, “será demasiado tarde”.