La Justicia argentina cita a 101 empresarios y ex altos cargos del kirchnerismo por sobornos

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Los tribunales federales de Buenos Aires tendrán mucha actividad a partir del 20 de febrero. El juez Claudio Bonadio ha citado a 101 personas, entre ex altos funcionarios del kirchnerismo y empresarios vinculados a la obra pública entre 2003 y 2015. El día 25 será el turno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el magistrado escuchará por tercera vez, tras sumar nuevas pruebas en la llamada “causa de los cuadernos de la corrupción”, iniciada hace un año por las anotaciones de un chófer del poder, que ejerció de minucioso escriba de los viajes que hizo con bolsos cargados de dinero proveniente de presuntos sobornos millonarios.

Bonadio recibirá entre ocho y diez acusados por día en su despacho, una muestra de lo que puede esperar a Argentina en las próximas semanas. La causa de los cuadernos se convirtió en un monstruo de mil cabezas, con ramificaciones que se extienden por ministerios, secretarías y casi 80 empresas que participaron de un centenar de licitaciones con el Estado.

Además de Kirchner, estará frente al juez el exministro de Planificación Julio de Vido, el hombre que durante 12 años manejó los presupuestos de la inversión en obra pública y controló las concesiones viales y de transporte. Los primeros nombres de la presunta trama surgieron de los cuadernos de Oscar Centeno, chófer del ministerio, pero pronto se sumaron las listas aportadas por empresarios y cargos de funcionarios arrepentidos.

Kirchner ya declaró dos veces en esta causa. Bonadio decidió ahora abrir una segunda ronda de testimonios gracias a la confesión de nuevos arrepentidos. Durante la feria judicial de enero, la policía allanó 71 empresas, todas vinculadas a la obra pública durante el kirchnerismo. Hay nombres de peso que ya estaban en el expediente, como el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, o Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri. Pero se sumaron otros nuevos, aportados por los testigos que hablaron a cambio de beneficios judiciales. El más importante de ellos fue Ernesto Clarens, el hombre que manejó las finanzas de Néstor y Cristina Kirchner durante sus años en la presidencia. Clarens citó a decenas de empresarios que, según su testimonio, participaron de las maniobras.

Bonadio considera que Cristina Kirchner lideró una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal”. Los distintos cargos del Gobierno “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”, según el texto firmado por el juez al que accedió el diario Clarín. Los arrepentidos hablaron entonces de un “club de la obra pública”, integrado por aquellas empresas que aceptaban repartirse sin competir las obras ofrecidas por el Estado. El dinero de los sobornos salía de los sobreprecios presentados en licitaciones amañadas.

Kirchner siempre negó su participación en una presunta red de corrupción y acusó a Bonadio de ser un brazo del Ejecutivo para encarcelarla. Su via crucis judicial entra, además, en etapa de definiciones en un escenario político cada vez más complejo. El que inicia es año de elecciones generales y la expresidenta debe decidir si será candidata contra Macri, quien buscará su reelección. Las encuestas tienen a ambos como los favoritos, pero la decisión final de Kirchner dependerá, en buena medida, de su suerte en los tribunales. Hoy está procesada en cinco expedientes, cuatro de los cuales ya fueron elevados a juicio oral.