Israel saca a subasta bienes donados por la UE que confiscó a civiles palestinos

En su condición de potencia ocupante, Israel fue requerido por la representación europea para que reconstruyera las aulas sin demoras en el lugar en el que se encontraban. Fuentes de la cooperación europea en Jerusalén han constatado que los números de los expedientes de confiscación de los bienes, que figuran en notificaciones del Ministerio de Defensa entregadas a vecinos de Ibziq, se corresponden con los dígitos que figuran en los lotes que van a salir a subasta.

El remate de los bienes decomisados donados por la UE está previsto que se lleve a cabo en dependencias de la Administración Civil en Beit El (asentamiento situado al noreste de Ramala) y en Gush Etzion (bloque de colonias al suroeste de Belén) el lunes y el martes de la semana que viene. El anunció de la licitación ha sido publicado en el diario hebreo Maariv, sin precisar el precio de salida de los lotes en la puja.

La cooperación de la UE en el Área C de Cisjordania (un 60% del territorio que sigue bajo control exclusivo de Israel, según los Acuerdos de Oslo), donde se localiza Ibziq, está canalizada a través del Consorcio Protección ECHO (agencia europea de ayuda humanitaria), que integra a Francia, Italia, Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca y España.

Activistas propalestinos que visitaron Ibziq poco después de la demolición de las aulas tomaron fotografías de un camión cargado con los paneles confiscados tras el derribo de las aulas prefabricadas de la escuela. La actuación de las excavadoras israelíes en esa población no ha sido un hecho aislado. Solo en el mismo mes de octubre del año pasado fueron arrasadas por orden de la Autoridad Civil 47 instalaciones palestinas en el Área C de Cisjordania, de las que 10 eran bienes que habían sido donados o financiados por la UE o sus Estados miembros, según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU.

Sarit Michaeli, investigadora de B’Tselem, ONG israelí que supervisa la protección de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, considera que el caso de las aulas de Ibziq no es previsiblemente la única ocasión en que Israel saca a subasta bienes confiscados que habían sido donados por la cooperación internacional. “Pero sí es el primer caso que ha podido ser documentado”, subraya. “En la orden de demolición se indicaba que la escuela se hallaba en un área arqueológica sin permiso para edificar”, asegura Michaeli, “aunque solo se trata de un pretexto para impedir que los palestinos construyan en las zonas que controla Israel mientras se siguen expandiendo los asentamientos”.

Los países del consorcio de cooperación de la Unión Europea presentaron en 2017 una reclamación de compensación a Israel por la demolición y confiscación de bienes, por la destrucción y requisa de placas solares y pabellones prefabricados que habían financiado. En la petición requirieron al Estado judío una compensación por un importe superior a los 30.000 euros si no devolvía las instalaciones y materiales incautados por las fuerzas de seguridad en las comunidades beduinas de Abu Nuwar, próximas a Jerusalén, y Jubet al Dhib, en las inmediaciones de Belén.

Israel rechazó ofrecer cualquier tipo de compensación, ya que no considera este tipo de cooperación europea como ayuda humanitaria, sino como una actividad urbanística ilegal, al no contar con autorización de la Administración Civil, cuyos responsables urbanísticos no suelen conceder licencias de edificación a los palestinos en el Área C de Cisjordania.

Una de las principales inversiones europeas tras los Acuerdos de Oslo, de los que surgió la Autoridad Palestina, fue la construcción del aeropuerto de Gaza en 1998. Bruselas aportó la mitad de los 70 millones de euros que costaron unas instalaciones que fueron arrasadas tres años después, durante la Segunda Intifada, por las Fuerzas Armadas de Israel. España contribuyó con 20,5 millones a la participación europea en la terminal aérea palestina antes de que quedara reducida a escombros.