La UE afrontará un posible Brexit salvaje en plena transición interna
Una salida del Reino Unido sin acuerdo y el relevo en la Comisión Europea coincidirían en la fecha clave del 31 de octubre
La llegada de Boris Johnson a Downing Street ha obligado a Bruselas a revisar su estrategia para gestionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El club comunitario, con la excepción casi única de Francia, apostaba hasta ahora por la prolongación del proceso a la espera de que el Reino Unido zanjase su profunda división política. Pero la llegada del nuevo líder conservador ha disparado la probabilidad de que el Brexit se consume sin acuerdo el próximo 31 de octubre.
La UE insiste en que está preparada para ese escenario no deseado. Pero fuentes diplomáticas reconocen que el calendario no favorece a la Unión, que a finales de octubre estará en pleno relevo institucional. Las mismas fuentes apuntan a la hipótesis de una prórroga técnica, que permita a Johnson cumplir su promesa de abandonar la UE aunque sea de manera brutal pero unas semanas después del 1 de noviembre.
La oferta de ese breve período transitorio todavía no es oficial. Pero sobrevuela en las reuniones de los diplomáticos de los 27 socios de la UE, según reconocen fuentes comunitarias. El plan podría dar la impresión de que Bruselas teme más que Londres el impacto de un Brexit sin acuerdo. Pero las fuentes consultadas aseguran que se trata de todo lo contrario.
“El objetivo es demostrar que aceptamos el órdago de la salida sin acuerdo pero que su ejecución requiere de unos últimos preparativos en beneficio de las dos partes”, apuntan esas fuentes. El pequeño parón técnico sería compatible con un posible adelanto de elecciones en Reino Unido, un desenlace que Bruselas considera muy probable si el Parlamento británico se niega a secundar los planes rupturistas de Johnson y fuerza una moción de censura contra su Gobierno.
La prórroga técnica, en todo caso, también permitiría a la UE superar un delicado momento institucional. El mandato de la actual Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, expira precisamente el 31 de octubre. Y el 1 de noviembre, la fecha prevista para el abismo del Brexit si no hay acuerdo, se estrenaría la nueva presidenta, Ursula von der Leyen, si ha logrado ya la aprobación de la Comisión en el Parlamento Europeo. La jornada cae en un viernes festivo en muchos países, pero con los mercados bursátiles abiertos, lo que podría agravar el impacto económico de un Brexit brutal.
La coincidencia del relevo en Downing Street con la creciente desbandada de la actual Comisión y del equipo europeo negociador del Brexit también inquieta entre los diplomáticos. El negociador jefe europeo, Michel Barnier, se ha mostrado dispuesto a retomar los contactos con Londres en cuanto sea necesario y a estudiar cualquier propuesta del nuevo Gobierno siempre y cuando sea compatible con el actual acuerdo de salida. Pero Barnier ha perdido ya a la número dos de su equipo, Sabine Weyand, considerada en Bruselas como una de las fuerzas motrices esenciales de la negociación.
El 1 de agosto también cesa en sus funciones, de manera prematura, Martin Selmayr, secretario general de la Comisión y mano derecha de Juncker. Selmayr ha seguido la negociación del Brexit en primera línea, y su influencia ha sido tangible en casi todas las decisiones trascendentales del proceso, desde la selección de Barnier como negociador hasta la concesión a May de dos prórrogas consecutivas para consumar la salida.
Fuentes diplomáticas reconocen que la ausencia de Selmayr y de Weyand debilita al flanco europeo, sobre todo, si se abriese algún tipo de renegociación del acuerdo. Johnson habló por teléfono con Juncker el 25 de julio y dejó claro que “el acuerdo de salida ha sido rechazado tres veces por el Parlamento británico y no va a ser aprobado en su versión actual”, según la versión de la llamada facilitada por fuentes británicas. Al día siguiente, Johnson telefoneó a la canciller alemana, Angela Merkel, se expresó en términos parecidos y destacó que la solución debía pasar por eliminar los términos del acuerdo en torno a la salvaguarda irlandesa, el llamado backstop, que pretende evitar una frontera dura entre la República de Irlanda (dentro de la UE) e Irlanda del Norte (territorio británico).
Johnson ha dejado claro desde su toma de posesión el pasado miércoles que la prioridad de su Gobierno es que el Reino Unido esté fuera de la UE el 31 de octubre. “De no ser así, causaría una catastrófica pérdida de confianza en nuestros sistema político”, ha señalado Johnson. Y en sus primeras 24 horas como primer ministro ya endureció el tono ante lo que se avecina.
El 24 de julio, Johnson calificaba de “remota” la posibilidad de que Bruselas se niegue a renegociar el acuerdo de salida sellado en noviembre de 2018 entre los 27 socios de la UE y el Gobierno de Theresa May. Al día siguiente, en su primera intervención ante el Parlamento, Johnson mantenía su oferta de diálogo pero advertía de que, si Bruselas se niega, el Reino Unido saldrá sin acuerdo y utilizará el dinero pactado con la UE como factura de despedida para mitigar el impacto de la ruptura.
Es decir, que Bruselas se podría olvidar de cobrar los casi 45.000 millones de euros que May aceptó abonar en concepto de las cuentas pendientes para 2019 y 2020, y de los compromisos adquiridos por Londres para proyectos a largo plazo y para el pago de pensiones de los eurofuncionarios en activo durante los 46 años en que Reino Unido ha permanecido el club comunitario.
Irlanda tiembla
El creciente riesgo de un Brexit sin acuerdo ha hecho temblar a Irlanda, el país potencialmente más afectado por la ruptura. Dublín también ha acelerado los preparativos ante la cercanía del abismo, tras meses resistiéndose a aceptar el riesgo de una hecatombe política y económica. El pasado 9 de julio, el Ejecutivo irlandés actualizó el plan de contingencia y su tono y predicciones son mucho más sombríos que el anterior (fechado en diciembre de 2018), cuando la amenaza de un Brexit sin acuerdo parecía muy lejana.
Irlanda calcula que la ruptura supondrá para el país tres puntos de PIB menos de crecimiento en el primer año y el impacto continuará sintiéndose durante una década. El impacto será considerable en sectores como el agroalimentario, manufacturero y turismo. Los puestos de trabajo perdidos rondarían los 50.000. El impacto fiscal alcanzaría los 6.000 millones de euros en 2020.
Irlanda ha acumulado un colchón financiero de 2.000 millones para intentar amortiguar el desastre. Pero Bruselas da por descontado que el país necesitaría ayuda de la UE para superar el trance. “La Comisión Europea está lista para trabajar con los países más afectados”, recordó la semana pasada la portavoz comunitaria Natasha Bertaud. “La Comisión ya ha explorado cómo se podrían movilizar los fondos y programas en caso de no acuerdo y en el caso de que Reino Unido no pague lo que está previsto en el reglamento de contingencia de los fondos europeos”, añadió Bertaud.
El pánico también parece haberse apoderado de los ciudadanos británicos, en particular de Irlanda del Norte, ante el peligro de perder la libertad de movimiento en la isla y con el resto de la UE. Dublín ha detectado una fuerte demanda de pasaportes irlandeses desde el referéndum del Brexit en 2016. Y el aluvión va a más por momentos. Entre enero y junio de este año, Irlanda ha registrado 47.645 peticiones de pasaporte procedentes de Irlanda del Norte y 31.099 desde Gran Bretaña, según datos del Gobierno irlandés. Las cifras suponen un aumento del 650% y del 214%, respectivamente, en relación el primer semestre de 2016.
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