El argumentario del ‘impeachment’ punto por punto

Más información

El ‘impeachment’ culmina la sumisión del Partido Republicano ante Trump

La llamada

El 25 de julio Donald Trump llamó a su homólogo ucranio, el recién electo Volodímir Zelenski. El mandatario republicano le extendió una invitación abstracta a la Casa Blanca y le pidió que le hiciese “el favor” de realizar dos investigaciones: una relacionada con la desacreditada teoría de la injerencia ucrania en las elecciones de 2016 y otra sobre los Biden. Trump le dijo que haría que su abogado personal Rudy Giuliani y el fiscal general William Barr lo llamasen para llegar “al fondo del asunto”. De la conversación se supo gracias a la denuncia de un informante anónimo. Los demócratas alegan que Trump presionó a Zelenski porque una semana antes de la llamada el presidente congeló un paquete de ayuda militar de 391 millones de dólares, aprobado por el Congreso, sin dar explicaciones. Algunos testimonios aportados durante la investigación han apoyado la teoría.

La defensa del republicano sostiene que Trump no presionó al presidente ucranio porque nunca le dijo explícitamente que si no echaba a andar las investigaciones, Estados Unidos no le daría algo a cambio. Trump ha insistido en que “no hubo quid pro quo”. También alegan que el denunciante anónimo —un exoficial de inteligencia estadounidense— no estuvo presente durante la llamada, ni tampoco la mayoría de los testigos que avalaron en el Congreso su preocupación expresada en la denuncia de que el republicano “utilizó el poder de su cargo para solicitar la injerencia de un país extranjero en las elecciones de 2020”. Sin embargo, los republicanos rechazaron llamar a John Bolton, el entonces consejero de Seguridad Nacional y conocedor de primera mano del tema, a participar de la investigación liderada por los demócratas. Esto constituía una maniobra para impedir al poder legislativo que ejerciera la competencia constitucional de controlar al Ejecutivo.

Los Biden

Una de las dos investigaciones que Trump solicitó a Zelenski está relacionada con el precandidato presidencial demócrata Joe Biden, y su hijo, Hunter, que trabajó a sueldo en Burisma, una de las mayores compañías privadas de gas del país. Hunter cobró 50.000 dólares al mes durante cinco años, mientras su padre, en calidad de vicepresidente de Estados Unidos, lideraba una coordinación de la política exterior en Ucrania. La petición se basa en la teoría —de la que no existe evidencia— de que el exvicepresidente pidió que despidieran al fiscal ucranio Viktor Shokin con la intención de proteger a Burisma. Shokin, acusado de corrupción, fue destituido de su puesto después de que Biden, por orden del entonces presidente Barack Obama y los aliados europeos, presionaran a Kiev para que lo hiciera.

Los abogados del presidente dicen que la preocupación de Trump era “muy legítima” debido a la falta de experiencia de Hunter Biden para el cargo y que “había pruebas de corrupción” que legitimaban el interés del mandatario. Sin embargo, el republicano no se interesó por este asunto hasta que Joe Biden anunció su entrada a la carrera presidencial, convirtiéndose en el mayor rival de Trump en los sondeos. Además, la justicia ucrania no había encontrado motivos para liderar una pesquisa sobre la destitución del fiscal Shokin o de Hunter Biden.

Injerencia ucrania

La segunda pesquisa que Trump quería que Zelenski pusiera en marcha tenía que ver con la teoría desacreditada de que Ucrania estuvo detrás de la injerencia exterior en las elecciones de 2016, para favorecer a los demócratas. Según la máxima especialista en Rusia del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Fiona Hill, dicha teoría fue inventada por los servicios de inteligencia rusos para desestabilizar a Estados Unidos y desviar la atención de su propia injerencia, confirmada en un informe conjunto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la CIA y el FBI.

‘Los argumentos en los que se apoyan los republicanos se basan en las actividades realizadas por Alexandra Chalupa, una ucraniana-estadounidense, miembro del Comité Nacional Demócrata, que en 2016 trabajó en la Embajada de Ucrania en Washington. Según los republicanos, “intercambió información” sobre Paul Manafort, el entonces jefe de campaña de Trump, que fue despedido y después condenado por dos delitos de conspiración relacionados con sus trabajos de lobista en Ucrania. Durante el anterior Gobierno ucranio, altos oficiales publicaron tribunas en contra del mandatario republicano.

La suspensión de ayudas a Ucrania

El 18 de julio Trump ordenó la congelación de un paquete de casi 400 millones en ayudas militares a Ucrania, aprobado por el Congreso y vital para que Kiev se defendiera de las ambiciones territoriales rusas. La Casa Blanca no dio explicaciones de la decisión que según la Oficina de Control del Gobierno, una agencia independiente dentro de la Administración, ha calificado de ilegal. John Bolton, el entonces consejero de Seguridad Nacional, afirma en el manuscrito de su libro aún no publicado, que Trump le comunicó personalmente su intención de congelar las ayudas hasta conseguir que el Gobierno ucranio anunciase investigaciones. El embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, dijo que presumió, a falta de una razón lógica, que Trump estaba utilizando el paquete de ayudas como moneda de cambio.

Los abogados del presidente estadounidense han argumentado que la congelación de los fondos no guardaba relación con las pesquisas y que la decisión de Trump está dentro de sus facultades como presidente. Además, sostienen que no hay pruebas incriminatorias de que el mandatario usase la coacción y que los fondos fueron desbloqueados sin que Ucrania haya anunciado las investigaciones. El paquete de ayudas se lanzó el 11 de septiembre, después de que la Casa Blanca se enteró de la denuncia del informante anónimo que acusaba al presidente estadounidense de estar abusando de su poder. El 24 de septiembre Trump justificó el congelamiento porque “Europa y otros países” no estaban contribuyendo económicamente con Ucrania y quería presionarlos para que lo hicieran.

El testimonio de Sondland

El embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, afirmó ante el Congreso que hubo un quid pro quo. El diplomático le dijo explícitamente a un asesor de Zelenski que la entrega de las ayudas militares no se desbloquearía mientras no anunciasen públicamente las investigaciones. Sondland reconoció que Trump no le había dicho directamente eso, pero que lo presumió al juntar las piezas del puzle. El embajador afirmó que trabajó estrechamente con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani. “Las peticiones de Giuliani eran un quid pro quo para organizar una visita de Zelenski a la Casa Blanca. Giuliani pidió que Ucrania hiciese pública una declaración anunciando investigaciones del servidor del Comité Nacional Demócrata (DNC) y de Burisma. Giuliani estaba expresando los deseos del presidente”, dijo en su declaración.

Trump descarta que las ayudas militares fueran usadas como medida de presión porque "ni siquiera sabían que el dinero no se había otorgado", escribió en noviembre en su cuenta de Twitter. Pero según el testimonio de Laura Cooper, experta en Rusia y Ucrania del Departamento de Defensa de Estados Unidos, su equipo recibió tres correos de la Embajada de Ucrania en Washington el 25 de julio (el día de la llamada). Uno de los mensajes preguntaba qué estaba pasando con el paquete de ayudas militares a Ucrania y otro decía que la legación sabía sobre la situación de los fondos “hasta cierto punto”. Otro argumento de la defensa del republicano es que la reunión entre los mandatarios de ambos países ocurrió sin que echaran a andar las investigaciones. Sin embargo, eso ocurrió una vez que ya había explotado el escándalo.

Obstrucción al Congreso

Los demócratas acusan a Trump de que, sin una causa o excusa legal, ordenó a las agencias, oficinas y funcionarios del poder Ejecutivo que no asistieran a las citaciones al Congreso, extendidas por los demócratas en el marco de las pesquisas sobre la trama ucrania. También bloqueó la entrega de decenas de documentos.

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que calificaba la investigación del juicio político de "ilegítima", y argumentaba que, por ende, los funcionarios no colaborarían. La Casa Blanca, la Oficina de Administración y Presupuesto y los Departamentos de Estado, Defensa y Energía no entregaron la documentación solicitada por los congresistas demócratas.