El Gobierno holandés dimite en bloque por el escándalo en las ayudas al cuidado de niños

El Gobierno de coalición de centroderecha de los Países Bajos ha dimitido este viernes en bloque sacudido por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude en la percepción de ayudas sociales. Además, las autoridades incurrieron en discriminación al buscar posibles estafas, ya que investigaron a familias en función de su origen y apuntaron especialmente a aquellas de ascendencia turca o marroquí. A excepción del titular de Economía, que deja el cargo, el Ejecutivo encabezado por Mark Rutte gobernará en funciones centrado en la lucha contra la pandemia hasta las elecciones del próximo marzo.

Unos 26.000 padres han sido víctimas de la dureza extrema de un sistema de vigilancia de ayudas que, en busca de posibles fraudes, incurrió entre 2013 y 2019 en discriminación al investigarles sobre todo por su origen extranjero (muchos de ellos con doble nacionalidad). Las sospechas de estafa a gran escala de estas familias se han demostrado infundadas, pero las disculpas ofrecidas por el Ejecutivo y los rigores de la pandemia no han impedido su caída ante la evidencia de que los progenitores se endeudaron para devolver prestaciones que les fueron reclamadas o pagar el cuidado de sus hijos sin las ayudas, lo que llevó a que algunos perdieran incluso su casa y empleo. Tuvieron que soportar, además, el estigma social de ser señalados por un delito que no habían cometido.

El equipo del primer ministro liberal, Mark Rutte, de 53 años, quien ha estado al frente de tres Gabinetes desde 2010, ha reconocido que se equivocaron todos: los ministerios de Asuntos Sociales, Hacienda y Economía, jueces y funcionarios. “Todo ha sido horrible. Se ha tachado de delincuentes a personas inocentes, sus vidas han sido destruidas y el Congreso fue informado de forma incompleta y errónea. El método para otorgar el subsidio debe reorganizarse por completo”, ha dicho Rutte.

La dimisión, pese a todo, tiene principalmente carga simbólica. Porque no supone la salida de todo el equipo de Gobierno y la designación de otro nuevo. Rutte ha explicado que la coalición que gobernaba hasta ahora, formada por cuatro partidos, se mantendrá activa solo para la lucha contra el coronavirus (no para proponer nueva legislación ni otras iniciativas fuera de lo indispensable). La excepción será el titular de Economía, Eric Wiebes, que deja su cartera de inmediato y a título personal: fue el responsable político de la autoridad fiscal hasta 2017. No integrará, por tanto, esa especie de Gobierno en funciones que formarán el resto de ministros, junto a Rutte, hasta las próximas elecciones.

El golpe para la imagen de un país que se precia de luchar contra la desigualdad es enorme, y con la jornada electoral prevista para el 17 de marzo, la decisión de dimitir en bloque ha evitado luchas internas. El objetivo del Ejecutivo es que la gestión de la pandemia no sufra por el descalabro político.

Los rigores de la covid-19 han hecho que la caída del Gobierno se produjera casi a cámara lenta, pero no han podido tapar al final lo ocurrido con las 26.000 familias afectadas. En algunos casos, acumularon deudas de hasta 100.000 euros al quedarse sin unas ayudas que les correspondían legalmente. Se les exigió, además, devolver en pocos meses subsidios percibidos. Hace apenas unos días, una comisión parlamentaria criticó por igual al Gabinete y al Parlamento, “por redactar leyes que no hacen justicia a las situaciones personales”. También a los jueces, “por aplicar de forma implacable las normas, sin atender a los preceptos administrativos que protegen a los ciudadanos”, al tiempo que señaló la mala gestión de la información entre los ministerios.

A la vista del escándalo, y a pesar de la compensación de 30.000 euros por familia estipulada por el Gobierno, los cuatro partidos de la coalición en el poder han acabado por asumir su responsabilidad y apoyar a los padres atacados sin motivo. La crisis se fraguaba desde hace tiempo. El jueves ya dimitió como cabeza de lista el socialdemócrata Lodewijk Asscher, que fue ministro de Asuntos Sociales en los años de retirada de las prestaciones. Antes incluso, en 2019, hizo otro tanto Menno Snel, secretario de Estado de Finanzas, por haber ocultado al Congreso documentos vitales sobre la cifra real de casos.

Sin pruebas

Ese mismo año, una comisión advirtió de que en el caso “hubo una falta institucionalizada de imparcialidad, y los funcionarios interpretaron de forma estricta la normativa contra el fraude”. La salida de Snel pareció entonces el precio adecuado para calmar la situación, pero no ha sido así.

El subsidio familiar se traduce en una suma mensual que varía en virtud del salario y horario de trabajo de los padres, y el precio por hora de las guarderías que cuidan a los niños. Los progenitores pagan una parte y el Estado el resto. El fraude comprobado resultó ser menor —a veces faltaba una firma en la documentación—, pero el servicio tributario retiró las ayudas incluso sin pruebas. También anotó en los expedientes el origen de los padres con doble nacionalidad, a pesar de que las leyes de protección de datos lo impiden desde 2014.

“Imagínese que de repente suprimen la asignación y los padres no tienen dónde dejar a sus hijos en horario laboral porque no pueden pagarlo. Lo normal es que si te quitan ese dinero te den explicaciones para que tú puedas demostrar que se equivocan; que sí tienes derecho. Pero se bloquearon las ayudas a pesar de que las familias presentaban la documentación en regla. Se les dijo que buscaran la respuesta en los tribunales”, ha explicado este jueves por teléfono Eva González Pérez, la abogada de origen español que comenzó a destapar el caso en 2014. Su marido dirige una red de centros infantiles en varias ciudades, y cuando vio que algunas familias dejaban de acudir por problemas de dinero, ella se puso a investigar.

Los primeros perjudicados sumaban 157 y al principio parecía un error de procedimiento, pero luego pudo verse el sesgo discriminatorio por la procedencia inmigrante de la mayoría. La abogada, que ha defendido a una parte de los padres, dice que cuando iba a juicio los representantes de Hacienda subrayaban que era la esposa de un dueño de guarderías, pero “no entregaban todos los documentos necesarios al tribunal”. Hubo voces críticas en la Administración, pero no fueron escuchadas. Al final, el Gobierno ha sucumbido ante su propia sordera.