Bolsonaro nombra a un militar para la presidencia de Petrobras y desata el temor a una intervención

Después de varios días de críticas a Petrobras por la política de precios de los combustibles, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha anunciado que nombrará al general Joaquim Silva e Luna, exministro de Defensa y actual director general de la hidroeléctrica Itaipú Binacional, como sustituto de Roberto Castello Branco en la presidencia de la petrolera estatal. La decisión de cambiar al presidente de Petrobras, anunciada este viernes por la noche, refuerza la presencia militar en puestos clave de la administración brasileña y aumenta el temor de los agentes del mercado financiero de que el presidente quiera intervenir en la empresa estatal para contener la subida del precio del combustible y calmar a los sindicatos de camioneros, aliados estratégicos de la presidencia que amenazan con ir a huelga desde hace semanas.

Bolsonaro, que lanzó su campaña presidencial con la promesa de convertirse a los preceptos liberales de no intervención en las empresas estatales, ha estado dando declaraciones contradictorias sobre Petrobras. El viernes por la tarde, el presidente reafirmó en Pernambuco, Estado del noreste brasileño, que habrá cambios en Petrobras, pero que el Gobierno “no interferirá” en la petrolera. “Nunca interferiremos en esta gran empresa y en su política de precios, pero no se puede sorprender a la gente con ciertos reajustes”, afirmó. El jueves, el presidente llegó a decir que las declaraciones de Castello Branco, que unos días atrás había afirmado que la amenaza de huelga de los camioneros “no era problema” de Petrobras, “obviamente” tendrían consecuencias.

Ahora todos los ojos están puestos en el nuevo jefe de Petrobras. Silva e Luna, de 71 años, exministro de Defensa, es doctor en ciencias militares por la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército y actualmente es director general de Itaipú Binacional. El consejo de administración de Petrobras todavía tiene que aprobar su nombramiento, y técnicamente tiene facultades para vetarlo. Sin embargo, el Gobierno tiene mayoría en el consejo de administración conformado por 11 miembros.

Elegido por el ministro de Economía Paulo Guedes, Castello Branco fue nombrado en la presidencia de Petrobras a finales de 2018 para un mandato de dos años que finalizaba el 20 de marzo de este año. La reunión del consejo de administración para deliberar, entre otras cosas, la reelección del actual presidente de la empresa estatal estaba prevista para el próximo martes.

La reacción de los analistas y agentes del mercado financiero fue inmediata. “Petrobras entra en una posición complicada. No vale la pena invertir en la empresa hasta que no haya más claridad sobre cómo sería una gestión del general Silva e Luna y hasta qué punto el Gobierno seguirá interviniendo”, escribió Thiago de Aragão, de la consultora de riesgo político Arko Advice. “No es exagerado decir que el presidente ha dado un paso peligroso fuera de la agenda que lo sostiene en el poder, abriendo espacio a la especulación sobre sus convicciones liberales de hecho”, señalo André Perfeito, economista jefe de la correduría Necton.

Reducción de impuestos

La decisión de Bolsonaro se produce un día después de que el presidente, enfadado por el nuevo aumento de los precios de los combustibles –ligados a la variación de los precios internacionales–, criticara a Petrobras en una transmisión en directo en sus redes sociales. Bolsonaro anunció que el impuesto federal sobre la gasolina se reducirá a cero durante dos meses a partir del 1 de marzo. Los temores de interferencia política en la empresa estatal se hicieron eco en el mercado financiero e hicieron que las acciones de Petrobras se desplomaran casi un 8% este viernes.

Para Joelson Sampaio, coordinador del curso de economía de la Fundación Getulio Vargas, “el discurso del presidente ha sido entendido por el mercado como algo muy negativo”. “En un pasado reciente, la gran crítica que existía sobre las empresas estatales era esta interferencia política, pero mejoró tras el cambio de algunas normas”, afirma. Para Sampaio, las declaraciones de Bolsonaro traen a colación esa sensación de interferencia y de intromisión, como ocurrió en el Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, cuando la política de precios de Petrobras no fluctuaba de acuerdo con los precios internacionales. “Es claramente un guiño político a la categoría de los camioneros [grupo que ha apoyado al presidente], pero eso pesa mucho en el mercado”, añade el economista.

El anuncio de la reducción del impuesto sobre el gasóleo durante 60 días también está en el radar de los inversores y no fue visto con buenos ojos entre los agentes del mercado. La medida causará un impacto multimillonario en las cuentas del Gobierno. El presidente no dio detalles sobre el monto estimado de la pérdida y tampoco de cómo se compensará en las cuentas públicas, que están en números rojos desde hace más de seis años.

Ajuste “fuera de la curva”

Mientras tanto, el escenario internacional sigue presionando a la empresa estatal. El pasado jueves, Petrobras anunció dos nuevos reajustes en los precios de la gasolina y el gasóleo, que aumentarán un 10,2% y un 15,1%, respectivamente, a partir del viernes 19 de febrero. Es el cuarto reajuste de la gasolina y el tercero del gasóleo en 2021. Solo este año, el precio de la gasolina vendida por Petrobras acumula un aumento del 34,7%. El gasóleo subió un 27,7% en el mismo periodo.

Bolsonaro consideró que el último ajuste de precios de Petrobras estaba “fuera de la curva”, y busca una solución para satisfacer los intereses de los camioneros. “Es el cuarto reajuste del año. La culpa siempre es mía, aunque Petrobras tiene autonomía”, dijo el pasado jueves.

Esta no fue la primera vez que Bolsonaro habla de cambiar los precios de los combustibles y reducir los impuestos sobre el gasóleo. Sin margen de maniobra para atender las demandas de los camioneros, que llegaron a convocar una huelga a principios de este mes, el presidente se salió por la tangente y anunció un proyecto de ley para que el Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), un impuesto estatal que grava el combustible se pague en las refinerías y no en las gasolineras (donde el valor es más caro) o tenga un valor fijo.