Dinamarca aprueba una ley para enviar a los solicitantes de asilo a países fuera de la Unión Europea

Dinamarca ha aprobado este jueves una ley que prevé abrir centros para solicitantes de asilo en países fuera de la Unión Europea. El Gobierno pretende enviar a esos países a los peticionarios que lleguen a su territorio mientras se tramita su caso. Pero la que es la última medida antinmigración del Gobierno socialdemócrata danés para disuadir a potenciales solicitantes de asilo no solo prevé que los aspirantes deban esperar en esos países la posible concesión, sino que incluso si se les aprueba deberán permanecer en esos Estados, entre los que la prensa danesa cita a Eritrea y Ruanda. No obstante, el Ejecutivo danés deberá encontrar primero países dispuestos a aceptar centros de acogida a cambio de una compensación económica.

La ley se ha aprobado en el Parlamento con la oposición de algunos partidos de izquierda, pero ha contado con el apoyo de la derecha y la extrema derecha. Las medidas que prevé la norma se suman a otras adoptadas por el Gobierno danés de centroizquierda, muy criticadas a causa de su carácter restrictivo por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Algunas de estas disposiciones legales, cuyo objetivo último es alcanzar la entrada de “cero refugiados” anunciado por las autoridades danesas, son la retirada de permisos de residencia a ciudadanos sirios porque sus regiones de origen se consideran ya “seguras” a ojos del Gobierno de Copenhague y una ley antiguetos que limita el número de habitantes “no occidentales” de los barrios.

Según el último proyecto de ley, una vez registrada su solicitud y salvo raras excepciones —como una enfermedad grave—, los demandantes de asilo en Dinamarca serán enviados a un centro de acogida fuera de la Unión Europea. Si no se les concede el estatuto de refugiado, se les pedirá que abandonen el país anfitrión.

Quienes sí obtengan ese estatuto, y la consiguiente protección internacional, tampoco podrán volver al país europeo. “En el plan del Gobierno, los solicitantes que obtengan el asilo, simplemente tendrán el estatuto de refugiado en ese tercer país [el de acogida]”, dice Martin Lemberg-Pedersen, especialista en temas de migración de la Universidad de Copenhague.

La tramitación de las solicitudes se confiará a esos países extracomunitarios a cambio de una compensación económica. Por el momento, ningún Estado ha aceptado acoger un proyecto de este tipo, pero el Gobierno danés asegura estar en conversaciones con entre cinco y diez países que no ha identificado. La prensa danesa menciona a Egipto, Eritrea y Etiopía, pero sobre todo a Ruanda, un país que en su momento se planteó acoger solicitantes de asilo procedentes de Israel. A finales de abril, el Gobierno danés firmó un memorando de entendimiento con Kigali sobre cooperación en materia de asilo y migración.

Aunque ese documento no mencionaba la externalización del procedimiento de asilo, su anuncio suscitó duras críticas de Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos advirtió a las autoridades danesas de la posible ilegalidad de un pacto de este tipo, que violaría los derechos que la ley internacional otorga a los refugiados políticos y a quienes aspiran a serlo.

Las autoridades danesas han salido al paso de estas críticas aseverando que respetarán la legalidad internacional. Este sistema “debe establecerse, por supuesto, en el marco de los convenios internacionales. Esto será una condición previa para un acuerdo con un tercer país”, declaró a la agencia France Presse el ministro de Migración danés, Mattias Tesfaye. El ministro defendió el mes pasado que el contenido de este tipo de acuerdos no afecta a la “calidad democrática” de su país.

Políticas de “extrema derecha”

El proyecto para externalizar a países terceros la gestión de las solicitudes de asilo político, defendido a capa y espada por la primera ministra, Mette Frederiksen, constituye un giro de 180 grados de la socialdemocracia danesa en materia de migración. También “la generalización a casi todo el espectro político de propuestas antes defendidas solo por la extrema derecha”, a juicio del politólogo Kasper Hansen, profesor de la Universidad de Copenhague.

Cuando se cumplen cinco años de la aprobación de una polémica ley que permite la incautación de los bienes de valor de los inmigrantes que entran en Dinamarca —que suscitó un gran escándalo internacional, pero que se ha aplicado en pocas ocasiones—, las autoridades danesas siguen profundizando su estrategia de disuasión hacia potenciales demandantes de asilo en ese país.

En 2019, solo 761 personas obtuvieron asilo en el país nórdico, mientras que en 2020 esta cifra se redujo a 600, frente a las más de 10.000 solicitudes aprobadas en 2015. Dinamarca acoge, en proporción a sus habitantes, una décima parte de refugiados que sus vecinos alemanes o suecos.

“Este proyecto es la continuación de una política simbólica; es un poco como Donald Trump y su muro”, precisa Tim Whyte, secretario general de la ONG ActionAid Dinamarca.

La enésima vuelta de tuerca en relación con la cuestión del asilo político en Dinamarca preocupa a las organizaciones internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera que las políticas danesas son “contrarias a los principios en los que se basa la cooperación internacional en materia de refugiados”.

“Al iniciar un cambio tan drástico y restrictivo (...), Dinamarca se arriesga a desencadenar un efecto dominó, en el que otros países de Europa y en las regiones vecinas también explorarán las posibilidades de limitar la protección de los refugiados en su propio territorio”, subraya el representante de ACNUR en los países nórdicos, Henrik Nordentoft.

Según Tim Whyte, de ActionAid, para Dinamarca esta es una forma de desvincularse de los compromisos asumidos ante sus socios europeos, a pesar de disfrutar ya de varias excepciones a las normas comunitarias en materia de asilo y migración. Una de ellas consagra la no aplicación de las normas comunitarias relativas a la reagrupación familiar de los migrantes, lo que permite a Copenhague imponer las suyas propias.

“Los refugiados buscarán asilo en Alemania, Francia y Suecia. Esto [el proyecto de ley danés] no les impedirá cruzar el Mediterráneo, simplemente no vendrán más a Dinamarca, que de esta manera se exime de su responsabilidad”, afirmó Whyte.