Bruselas aprueba un mecanismo de represalias económicas contra la coerción de terceros países

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un proyecto de reglamento que permitirá responder de manera contundente a la presión política y económica de terceros países que se considere ilegítima. Bruselas se ha cansado de soportar medidas de coerción por parte de rivales como China o Rusia, pero también de aliados como EE UU. El nuevo mecanismo permitirá adoptar represalias comerciales cuando algún gobierno extranjero intente de manera explícita o subrepticia frenar alguna iniciativa europea mediante medidas de presión económica. “La UE necesita un instrumento adecuado para responder a estas amenazas”, ha señalado el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis tras aprobarse el proyecto.

La Comisión lamenta que de manera creciente se utilicen restricciones al comercio o la inversión para impedir que la UE o sus Estados adopten ciertas iniciativas políticas o proyectos legislativos. La tendencia podría ir a más, tanto por el conflictivo escenario internacional como por el empuje europeo a propuestas medioambientales y sociales cada vez más ambiciosas. La propuesta plantea reticencias en algunos países de la UE, que temen agravar las batallas comerciales. Pero ha recibido el inmediato apoyo de Francia, que se propone impulsarla durante su presidencia de la UE, que se inicia el próximo 1 de enero.

Con el reglamento en vigor, si recibe el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo, Bruselas podrá adoptar represalias que incluyen desde cerrar el mercado europeo a ciertos bienes o servicios a impedir que las empresas de un país tercero concursen en licitaciones públicas o participen en proyectos financiados con el presupuesto comunitario.

La UE dispone de varios instrumentos de defensa comercial, pero ninguno dedicado específicamente a contrarrestar las medidas de coerción. Bruselas considera que sin un mecanismo de respuesta preciso y contundente, la única vía de intentar contener el ataque es la diplomática, “que no siempre es suficientemente efectiva ni tiene el carácter disuasorio necesario”.

Los ejemplos de medidas coercitivas se han multiplicado en los últimos años. Desde la reciente presión de China sobre Lituania por haber permitido la apertura de una oficina comercial de Taiwán en Vilnius al boicoteo de Turquía a productos de origen francés por el endurecimiento de las normas contra el radicalismo islámico o la prohibición en Rusia de las exportaciones hortofrutícolas polacas como respuesta a las sanciones europeas por la guerra de Ucrania.

Bruselas cree que la inestabilidad geopolítica reinante y la tensión sobre la gobernanza multilateral lleva a algunos países a adoptar medidas de presión contra normas o políticas que consideran perjudiciales para sus intereses, aunque sean perfectamente compatibles con el derecho internacional. “De manera creciente, el comercio se está instrumentalizando y la UE y sus Estados miembros se están convirtiendo en objeto de intimidación económica”, lamenta Dombrovskis.

La Comisión insiste en que “el objetivo es disuasorio y lo ideal sería no tener que utilizar este nuevo instrumento”. Pero asegura que “en las relaciones internacionales actuales se puede observar la coerción en diferentes formas”. En algunos casos, los gobiernos de países terceros optan por medidas de presión extraoficiales y camufladas, pero cuyo objetivo es evidente. En otros casos, según Bruselas, el ataque es directo y cometido a través incluso de actos legislativos.

Si la disuasión falla, el nuevo mecanismo prevé un proceso de consultas con el presunto país agresor, para buscar una desescalada en la coerción. Y si la negociación tampoco da resultado, la UE se reservará el derecho de usar una amplia gama de represalias, que pueden ir desde limitar el acceso al mercado interior europeo, el mayor del mundo, a cerrar el paso a las empresas de un país tercero.

La batería de medidas disponibles incluye el incremento de aranceles y la imposición de cuotas de exportación; la restricción al tránsito de bienes por territorio europeo; la limitación en las posibilidades de inversión y de operar en el sector servicios; la restricción del ejercicio de los derechos de protección intelectual por parte de ciudadanos extracomunitarios; la penalización a las ofertas en concursos públicos o la exclusión total en procesos de licitación; y la prohibición de ciertas exportaciones europeas con destino al país castigado.

La Comisión señala que todas esas sanciones ya están disponibles en diversas normas de la política comercial europea. Pero nunca se han utilizado de manera específica como respuesta a la coerción de países terceros. Bruselas considera que la escalada de tensión a nivel internacional requiere un instrumento nuevo que permita adoptar represalias de manera expeditiva. El proyecto de reglamento prevé que el castigo propuesto por la Comisión entraría en vigor a menos que los socios de la UE se pronunciasen en contra por mayoría cualificada, un umbral de votación que se considera difícil de alcanzar.

El estudio de impacto realizado por la Comisión para diseñar el nuevo mecanismo de defensa ilustra la escalada de la presión que afrontan no solo los países de la UE, sino también otros actores de la escena internacional.

Rusia, recuerda el documento, amenazó en 2015 con prohibir la importación de flores de Países Bajos en plena disputa por el derribo de un vuelo comercial, con cientos de pasajeros holandeses, atribuido a fuerzas separatistas ucranias apoyadas por Moscú. El mercado ruso era el destino del 5% de las exportaciones florales holandesas, por un valor de 162 millones de euros. Las ventas cayeron un 25% y no se recuperaron hasta 2019.

A finales de 2019, según la Comisión, Indonesia bloqueó de manera subrepticia la exportación europea de vino, licores y lácteos como medida de presión contra la regulación europea del aceite de palma como combustible. Las ventas europeas de cerveza, vino y licores en el mercado indonesio cayeron un 60% y en 2020 seguían un 30% por debajo del nivel habitual.

EE UU también amenazó con aranceles adicionales a Francia, Italia, España y Austria como medida para evitar que adoptasen el llamado impuesto digital para gravar a las grandes tecnológicas. La norma golpeaba a unas exportaciones europeas por valor de 3.180 millones de dólares (unos 2.806 millones de euros) con el objeto de impedir que el nuevo gravamen entrase en vigor. Washington ha concedido una tregua, a la espera de un posible acuerdo internacional sobre el impuesto digital, pero la amenaza arancelaria sigue presente.

Un reciente estudio del centro de análisis ECFR (European Council on Foreign Relations) también señala las sanciones esgrimidas por EE UU para intentar impedir la participación de empresas europeas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania a través del mar Báltico.

La propuesta de la Comisión, sin embargo, precisa que las sanciones extraterritoriales quedarían excluidas de la aplicación del nuevo reglamento cuando no busquen tener un efecto coercitivo sobre la UE o sus Estados. Del mismo modo quedarían fuera de las normas las medidas que un país tercero adopte para presionar a una empresa europea en relación con su actividad en ese país, siempre y cuando el posible conflicto no tenga relación con alguna iniciativa política de la UE.

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