Borrón y cuenta nueva para Puerto Rico

Puerto Rico se posa hoy en un punto de inflexión que definirá su futuro. Esta semana, una jueza federal en Estados Unidos falló a favor de un plan que cancela miles de millones de dólares en deuda gubernamental, ofreciéndole al Estado libre asociado un respiro. El acuerdo también generó ganancias millonarias a fondos en Wall Street y comprometió las pensiones de trabajadores del Gobierno. Inmersa en una crisis económica desde hace 16 años, la isla ahora puede pasar el trago amargo para empezar un nuevo capítulo o repetir los errores del pasado.

El colapso financiero global entre 2008 y 2009, y sus subsecuentes crisis de deuda soberana en Grecia, Irlanda y Portugal, desgastaron el efecto de asombro que tienen las historias de naciones en bancarrota. Pero lo de Puerto Rico no deja de ser histórico y trágico. Durante décadas, la nación caribeña dependió de empresas estadounidenses como fuente de empleos en manufactura y agricultura. Éstas se instalaron ahí porque un programa de incentivos fiscales les permitía no pagar impuestos sobre la renta.

En 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton, el Gobierno estadounidense decidió terminar el programa de incentivos fiscales de manera gradual durante 10 años. La lógica era que el Gobierno de Puerto Rico necesitaba generar sus propios impuestos para cubrir los servicios que EE UU no cubre. Además, argumentaron legisladores en ese momento, Puerto Rico tenía una alta y persistente pobreza, por lo que su economía debía crecer de manera orgánica y dejar de depender de empresas extranjeras que no pagaban impuestos.

El efecto fue duro. Para 2005, la economía se contrajo 2% y permaneció en territorio negativo por más de una década. El desempleo comenzó a escalar y miles de puertorriqueños se vieron obligados a salir en busca de trabajo en territorio estadounidense. Para poderse financiar, el Gobierno de Puerto Rico emitió bonos en el mercado internacional y empezó a pagar sus gastos corrientes con deuda. Cuando eso no fue suficiente, dejó de pagar las pensiones de empleados del Gobierno, como maestros. La especialista en renta fija y mercados globales Cate Long recuerda cuando, en 2012, publicó una columna de opinión para la agencia Reuters en la que advertía a los tenedores de esos bonos que Puerto Rico incumpliría en sus pagos de deuda.

“Dije que Puerto Rico era el Grecia de los Estados Unidos y me llamaron loca”, dice al teléfono Long. “¡Hace muchísimos años que no pienso en esto! Pero recuerdo que el Gobernador de Puerto Rico y todo su partido político se vinieron en mi contra. Sin embargo, la gente en el mercado escuchó y empezaron a vender sus bonos de manera discreta”. A partir de esa columna, Long se dedicó a hacer una investigación propia sobre la situación financiera de la isla y fundó, junto con un colega, el servicio de información Puerto Rico Clearinghouse.

Tres años después, se cumplió la profecía y Puerto Rico incumplió en el pago de su deuda. En 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló solicitó que el Estado libre asociado se acogiera a la ley de quiebra, convirtiendo a Puerto Rico en la primera jurisdicción estatal en tomar ese paso. (Un par de años después, Rosselló renunció tras un escándalo en su Gabinete no relacionado a la bancarrota). También en 2017, Puerto Rico fue azotado por el huracán María, uno de los peores desastres nacionales en su historia, que mató a miles de personas y destruyó miles de viviendas. Una gran parte de la isla estuvo en la oscuridad, sin servicio de electricidad, por meses.

En esos años, inversores que habían sido los primeros compradores de los bonos los vendieron a fondos de cobertura por un precio mucho menor. Por cada dólar que los inversores originales pagaron, los fondos de cobertura los compraron a 60 ó 70 centavos, asegura Long. Conocidos como “fondos buitre”, estas empresas financieras se dedican a comprar bonos de alto riesgo de incumplimiento a un precio muy bajo para después emprender en campañas de presión legal para recibir el pago completo del valor del bono.

A partir de la declaratoria de bancarrota, la Administración de Barack Obama creó un comité gubernamental conformado por políticos estadounidenses llamado Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico. El comité despertó rechazo entre muchos ciudadanos en Puerto Rico, quienes argumentan que, por no ser un comité electo de manera popular, es una imposición colonialista de EE UU.

Durante cinco años, “La Junta”, como se le conoce al comité en Puerto Rico, trabajó en un plan de reestructura que pudiera aminorar las obligaciones financieras del Gobierno de la isla. Como parte del acuerdo aprobado por una jueza el martes, el total de la deuda se recortó de 70.000 millones a 34.000 millones de dólares, de manera que se preserven los servicios públicos esenciales. A cambio, las pensiones de empleados del Gobierno como maestros, por ejemplo, dejarán de sumar. Es decir, la contribución permanecerá, pero no se ajustará a la inflación ni aumentará a futuro.

El plan también incluye un pago de cerca de 7.000 millones de dólares en efectivo que se está haciendo ahora mismo. “Esto es lo más triste de todo”, dice Long sobre el acuerdo aprobado esta semana, “los fondos de cobertura, aquellos que compraron los bonos a precios muy baratos, llegaron y negociaron una recuperación de su dinero muy alta. Los verdaderos perdedores son los fondos de pensiones, los hogares y los trabajadores cuyos fondos de pensión invirtieron sus ahorros de toda su vida en estos bonos y lo perdieron”.

La corrupción es parte de la razón por la que el manejo de las finanzas de Puerto Rico ha tenido tantos problemas, apunta Long. “La Junta ha sido otra gran decepción para la gente de la isla porque esperaban que vinieran y limpiaran la corrupción, no solo poner en orden los bonos basura, sino que abordaran esta cantidad masiva de corrupción en el Gobierno y no han hecho nada”, apunta la especialista.

Para Sergio Marxuach, Director de Políticas Públicas en Center for a New Economy, un centro de investigación independiente en la capital, San Juan, el acuerdo presenta una oportunidad para que Puerto Rico atraiga nueva inversión y diseñe una estrategia de crecimiento económico. “Eso es verdaderamente lo que nos va a ayudar a salir de este problema”, dice el especialista, ex subsecretario de Desarrollo Económico y Comercio en el Estado, “el problema más a largo plazo de Puerto Rico ha sido la falta de crecimiento”.

“Todos los países compiten por inversión y en la medida en que Puerto Rico presente allá afuera una narrativa que dice que está quebrado o que la economía está estancada, no habrá confianza. En la medida en que Puerto Rico salga de la bancarrota se levanta una nube sobre la economía”, dice Marxuach.

El plan de reestructuración estima que Puerto Rico enfrentará nuevamente un déficit de cerca de 120 millones de dólares entre 2035 y 2036, aún si legisladores de la isla logran aprobar cambios que faciliten la creación de negocios, así como la creación de programas que expandan la fuerza laboral. “De aquí al 2035 pueden pasar muchísimas cosas y yo creo que estar asumiendo el peor escenario tampoco es muy razonable”, opina Marxuach. Si Puerto Rico decide aprovechar este momento para enfocar sus esfuerzos en atraer inversión de un puñado de industrias, la farmacéutica o las energías renovables, por ejemplo, estaría rompiendo con el pasado y sus errores.

Si, en cambio, el Gobierno decide salir a emitir más deuda para seguir financiándose sin un plan estratégico para hacer crecer la economía, estaría llevando a la isla por el mismo camino que la condujo hasta aquí. “El Gobierno de Puerto Rico y la gente, los empresarios, el sector de negocios, tenemos una oportunidad ahora para crecer la economía, tomar ciertas medidas para para mejorar el clima de negocios”, dice Marxuach.

“Tanto la Junta, como las personas que dicen que nos vamos a ir a otra quiebra directo están equivocados. Es muy poco probable que todo salga mal y es muy poco probable que todo salga bien”, apunta el especialista, y agrega: “En el mundo real, lo más probable es que algunas cosas van a salir bien y otras no. La pregunta es ¿cuáles de esas variables van a romper a favor de Puerto Rico y cuáles van a romper en contra?”

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región