Los alcaldes italianos se rebelan contra la gestión migratoria del Gobierno de Meloni

Los desembarcos de migrantes en Italia, que con más de 105.000 llegadas en lo que va de año han alcanzado cifras inéditas desde 2016, elevan la presión sobre el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni. Es un asunto de calado porque la lucha contra la inmigración es su histórico caballo de batalla y copó gran parte de las promesas electorales con las que llegó al poder en octubre del año pasado.

Varios alcaldes, sobre todo del norte del país, se están rebelando contra la gestión descontrolada de los flujos migratorios. Regidores de distintas formaciones, principalmente de la izquierda, pero también de las tres formaciones conservadoras que están en el Gobierno de coalición, denuncian sentirse abandonados y que el Gobierno central está descargando en ellos la difícil situación. Se quejan de que los centros de acogida están al borde del colapso, por encima de su capacidad, y de que se han terminado las plazas que habían preparado para hospedar a los menores de edad no acompañados.

Matteo Biffoni, alcalde de Prato del Partido Democrático (PD), de centroizquierda, y responsable de inmigración de la Asociación Nacional de Ayuntamientos (ANCI), ha sido de los primeros en denunciar. “Detrás hay un mecanismo político perverso, este es el Gobierno del ‘no a los desembarcos’, pero por mera propaganda electoral. Y ahora están en problemas”, ha valorado.

En Romano di Lombardia, en la provincia de Bérgamo, el alcalde del PD, Sebastian Nicoli, también se ha rebelado contra la llegada de una treintena de solicitantes de asilo a un antiguo hotel gestionado por una cooperativa y que en su día se declaró no idónea para acoger a refugiados ucranios, ya que necesita una reforma. Ahora en la vieja estructura hay hospedados 160 solicitantes de asilo procedentes de África y Oriente Próximo, lo que el alcalde considera “una bomba de relojería”. El regidor ha denunciado las malas condiciones en las que viven los migrantes: “Con literas en habitaciones que se han convertido en celdas en las que se hacina a la gente en un edificio que no tiene cocina ni comedor y que, por lo tanto, obliga a comer en la cama: están peor que en una cárcel”.

El Ministerio del Interior ha calificado como “surrealista” la polémica suscitada por los alcaldes. Y ha criticado que muchos de ellos, especialmente los pertenecientes al centroizquierda, habían rechazado el “estado de emergencia decretado por el Gobierno precisamente para ayudar a los territorios a soportar mejor el impacto de la acogida”.

Después del récord de llegadas a través del mar de 2016, con 180.000 migrantes desembarcados, a partir de 2017 las cifras comenzaron a reducirse, con la ayuda de los polémicos acuerdos firmados entre Italia y Libia.

El repunte de los desembarcos comenzó de nuevo en 2020, aunque este año se están superando marcas. En lo que va de año han llegado 105.000 personas a las costas italianas, mientras que en el mismo periodo de 2022 llegaron 48.000.

La natalidad en Italia tocó en 2022 su mínimo histórico, con menos de 400.000 nacimientos en un año. En un país en el que el número de decesos casi ha duplicado al de nacimientos, los equilibrios demográficos dependen en buena parte de la inmigración.

El Gobierno aún no ha dicho cómo piensa gestionar el aumento de las llegadas. El ministro de Exteriores, y vicepresidente, Antonio Tajani, ha lamentado que “Italia está soportando una carga que debería ser de toda Europa” y se ha limitado a asegurar que el país trabaja con la Unión Europea “para conseguir una redistribución más equitativa de los inmigrantes”. Aunque un país como Italia puede manejar estas cifras y ya lo ha hecho en el pasado, están quedando en evidencia las proclamas de la ultraderecha, que lleva años prometiendo reducir el número de inmigrantes que llegan por mar, y sus propuestas se están demostrando inviables.

“Los políticos nos abandonan”

En la región de Lombardía, el 31 de julio había 16.000 migrantes en centros de acogida: 2.100 más que el mes anterior y 5.400 más que el 31 de julio de 2022. Numerosos alcaldes de la región se han quejado de que el Gobierno central no está poniendo suficientes recursos a su disposición para gestionar estas cifras. “Los políticos solo se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones y necesitan votos. Después nos dejan con los problemas por resolver”, ha protestado Roberto Di Stefano, alcalde de la Liga de Sesto San Giovanni, en las afueras de Milán. “La repatriación de unos cientos de personas no es suficiente, porque las llegadas son muchas más. Se debe invertir en democracia en los países de los que huyen estas personas”, ha agregado el regidor.

En la provincia de Brescia reina el mismo descontento. En Montichiari, el alcalde Marco Togni, también de la Liga, el partido de Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno, ha rechazado directamente cualquier colaboración con Roma. “No quiero inmigrantes. No tengo lugares para acogerlos y por eso ni me preocupo. No puedo impedir que los centros privados de mi municipio participen en las convocatorias de solicitudes de acogida de la delegación del Gobierno, pero cuando me piden mi opinión siempre digo que sería mejor no hacerlo”, ha señalado al diario La Stampa.

Emilia-Romaña es otra de las regiones que más migrantes ha acogido este año. Hasta el 15 de julio recibió 12.000 solicitantes de asilo y se espera que entre finales de agosto y septiembre lleguen otros 4.000. Los delegados del Gobierno, alcaldes y cooperativas del sector denuncian desde hace meses una crisis de alojamientos y reclaman más apoyo y cooperación. En Bolonia, un centro de acogida lleva semanas alojando a los migrantes en tiendas de campaña, porque no quedan habitaciones disponibles. Una solución que el alcalde Matteo Lepore, del PD, ha calificado de “indigna”, “preocupante”, además de “una prueba de que en el Ministerio del Interior no se sabe cómo gestionar la emergencia”.

El concejal de Reggio-Emilia, Daniele Marchi, también del PD, ha llegado a amenazar con llevar a Roma a los numerosos refugiados asignados a su distrito: “Si el Gobierno sigue así, cargaré autobuses y los llevaré a todos a dormir al ministerio”, ha dicho.

La región del Véneto deberá acoger a 3.000 inmigrantes antes de septiembre, que se suman a los 9.000 que ya aloja, según ha indicado el presidente Luca Zaia, que ha advertido: “A este ritmo pronto tendremos campamentos de tiendas de campaña”.

En Legnago, en la provincia de Verona, el dirigente Graziano Lorenzetti, que gobierna apoyado por la Liga y Hermanos de Italia, el partido que lidera Meloni, se ha quitado la banda tricolor que distingue a los alcaldes del país en señal de protesta. “Volveré a llevarla cuando el Estado ponga a los alcaldes y a la policía en condiciones de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”, ha asegurado.

En el sur la situación no es muy diferente. En Sicilia y Lampedusa, donde los últimos días los desembarcos han rondado el millar diario y donde en el muelle se acumulan las barcazas abandonadas que transportaron a los migrantes, muchos agentes de policía han tenido que interrumpir sus vacaciones para prestar servicio, ante la magnitud de la situación.

Menores de edad solos y sin asistencia

Los alcaldes coinciden en que lo que más les preocupa es la cuestión de los menores de edad que han llegado solos a Italia, sin asistencia ni representación legal, y que los tribunales asignan directamente a la tutela de los ayuntamientos. Los regidores afirman que ya no pueden garantizar la disponibilidad de viviendas ni el inicio de itinerarios de integración adecuados, porque tanto las instalaciones ordinarias como los centros de emergencia están llenos.

El alcalde de Bérgamo, Giorgi Gori, del PD, ha explicado al diario La Repubblica que las instalaciones municipales para la acogida de migrantes menores de edad están saturadas y los servicios sociales ya no tienen plazas libres. Y ha señalado que en los últimos cinco años el Ayuntamiento ha gastado más de 5,5 millones de euros en la acogida de menores “que no serían de su competencia”. Por este motivo, la administración local ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Regional para reclamar que el Estado se haga cargo de los gastos.

Las administraciones locales de Bolonia, Módena, Parma o Génova, entre otras, se han quejado de que el Ministerio de Interior ha pedido a los ayuntamientos que se hicieran cargo, con sus propios fondos, de la acogida de centenares de inmigrantes menores de edad, porque se habían agotado los recursos previstos y las plazas disponibles en las instalaciones especiales de acogida, por lo que debían buscar para ellos alojamientos en hoteles, a precio de mercado.

En Italia, los migrantes menores no acompañados no pueden ser deportados y deben ser alojados en instalaciones separadas de las de los adultos. El Sistema de Acogida e Integración nacional (SAI) prevé en torno a 6.000 plazas para ellos. En caso de que no sean suficientes, la responsabilidad de la acogida pasa directamente a los municipios, que pueden acceder a las contribuciones del Estado para afrontar los costes adicionales. Esta situación ya se ha convertido en la norma. En lo que va de año han llegado al país más de 12.000 niños y adolescentes solos.

El Gobierno reembolsa un máximo de 60 euros por persona y día, que los alcaldes denuncian que no bastan. Los centros que acogen a menores de edad deben ofrecer diversos servicios, como cursos de italiano y atención sanitaria, además de seguir normas estrictas en materia de alimentación e higiene, por lo que abrir nuevas estructuras de este tipo no es algo ni fácil ni rápido.

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