El Gobierno de Meloni arremete contra los jueces por una sentencia que cuestiona sus leyes antinmigración

El Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni se ha enfrentado a la justicia por la política migratoria. La primera ministra y varios altos cargos del Gabinete han colocado en el punto de mira a una jueza de Catania, que dejó en libertad a varios migrantes procedentes de Túnez que habían desembarcado en Lampedusa a mediados de septiembre y que estaban retenidos en un centro de identificación y expulsión. La jueza ha sido acusada de falta de imparcialidad y de “arremeter contra las medidas de un Ejecutivo elegido democráticamente”. La magistrada, Iolanda Apostolico, ha explicado que para tomar la decisión de poner en libertad a los migrantes se ha basado en principios jurídicos y que considera que algunos de los puntos de los nuevos decretos migratorios de Meloni incumplen la normativa europea, además de ser posiblemente inconstitucionales. Apostolico ha remarcado que una cuestión legal, que puede impugnarse por los cauces jurídicos adecuados, “no puede convertirse en un asunto personal”. El Consejo General del Poder Judicial italiano ha censurado los ataques a la magistrada y ha iniciado una recogida de firmas (aplicando el denominado expediente de amparo) en su defensa.

La confrontación, que ha ido subiendo de tono, se desató con una publicación de Meloni en sus redes sociales en la que apuntaba con el dedo a “una parte de Italia, que hace todo lo posible para favorecer la inmigración ilegal” y en la que atacaba frontalmente a la jueza. La primera ministra declaraba haberse quedado “atónita” por la sentencia. “Con motivaciones increíbles, pone en libertad a un inmigrante ilegal, destinatario de una orden de expulsión, declarando unilateralmente que Túnez no es un país seguro ―tarea que no corresponde a la magistratura― y arremetiendo contra los procedimientos de un Gobierno elegido democráticamente”, atacó la primera ministra. Y agregó: “Seguiremos haciendo lo que hay que hacer para defender la legalidad y las fronteras del Estado italiano. Sin miedo”.

Numerosos expertos jurídicos se apresuraron en rebatir el argumentario de la primera ministra y precisaron que la jueza en ningún momento describe a Túnez como un país no seguro; sino que en su sentencia considera que “debe excluirse que la mera procedencia del solicitante de asilo de un país de origen seguro pueda automáticamente privar al susodicho del derecho de ingresar en territorio italiano para solicitar protección internacional”. Además, Apostolico estima “contrario a la legislación europea” un punto de los nuevos decretos migratorios de Meloni: el que demanda una fianza de 5.000 euros a los migrantes que llegan a Italia procedentes de países considerados seguros para esperar en libertad, sin entrar en un centro de identificación y expulsión, a que se resuelva su solicitud de asilo.

Los migrantes afectados eran los primeros en pasar por un nuevo centro de identificación y expulsión en Pozzallo (en Sicilia), y la jueza ha considerado ilegítimas tanto su detención como la petición de fianza a cambio de libertad, algo que, por otro lado, numerosos juristas llevan tiempo advirtiendo. La decisión, en la práctica, supone un revés para la férrea política migratoria de Meloni y el Gobierno estudia recurrir el fallo emitido en Catania.

Varios medios afines al Gobierno han publicado artículos en los que cuestionan a la jueza y argumentan que ha tomado esa decisión porque personalmente defiende la solidaridad con los inmigrantes. Así, han rescatado de redes sociales publicaciones antiguas de Apostolico en las que, por ejemplo, había compartido peticiones a Italia y a Europa para que mejoraran las políticas de entrada y acogida de migrantes. También otra en la que criticaba en 2018 al líder de la Liga, Matteo Salvini, cuando este ejercía como ministro de Interior. El diario Il Giornale, además, ha afirmado que sigue en redes a algunas ONG dedicadas a la acogida y defensa de los solicitantes de asilo, asumiendo que eso significa que las apoya.

Salvini, ahora vicepresidente del Gobierno, ha amplificado lo publicado por Il Giornale y ha señalado que “a la luz de lo que se ha leído en los periódicos” su partido presentará una interpelación parlamentaria al ministro de Justicia, Carlo Nordio, para aclarar la cuestión. También ha comentado la supuesta “orientación política” de Apostolico, diciendo que esto “es grave, pero no sorprendente”. “Los tribunales no pueden convertirse en el cuartel general de la izquierda”, ha añadido. Además, ha anunciado una “reforma de la justicia, con separación de las carreras y responsabilidad civil de los magistrados que se equivocan”.

Sara Kelany, diputada y responsable del departamento de Inmigración de Hermanos de Italia, el partido de Meloni, ha calificado de “extremadamente grave” el hecho de que quien ha juzgado el caso de Pozzallo haya “expresado en las redes sociales convicciones políticas contra Salvini y a favor de las políticas de inmigración de las ONG”. Y ha anunciado que la formación pedirá en una iniciativa parlamentaria aún por definir, que se aclare “si se han sobrepasado los límites establecidos por la Constitución, que exige que todo proceso se desarrolle ante un juez imparcial”.

Por el momento, la magistrada ha cerrado su perfil en Facebook. “No quiero entrar en polémicas, ni adentrarme en la cuestión. Mi sentencia puede recurrirse en el Tribunal Supremo, yo no debo defenderla. No entra en mis funciones. No se debe transformar una cuestión jurídica en un asunto personal”, ha explicado a la agencia Ansa.

El Consejo General del Poder Judicial ha protestado contra la salida de tono de algunos miembros del Ejecutivo, que ha calificado como “auténticos ataques a la autonomía del poder judicial” y ha comenzado una recogida de firmas para amparar a la jueza de Catania. Los magistrados censuran la “grave deslegitimación profesional” de la que ha sido objeto Apostolico: “La han expuesto a indebidos ataques mediáticos dirigidos a su esfera personal”.

El presidente de la Asociación Nacional de la Magistratura (ANM), Giuseppe Santalucia, ha defendido la sentencia y ha explicado que es normal que algunas decisiones del poder judicial entren en conflicto con las del Gobierno: “Esto no debe vivirse como una injerencia, esto es democracia”, ha dicho. La sección de Catania de esta asociación ha señalado que “la relación entre el poder ejecutivo y el judicial debería estar marcada por métodos muy diferentes”. “Lo que hemos leído son palabras equivocadas en el tono y en el contenido”, ha valorado su presidente, Alesandro Rizzo, a los medios locales.

La oposición ha acusado al Gobierno de “alimentar un enfrentamiento institucional que perjudica al país”, en palabras de Elly Schlein, secretaria del Partido Democrático (PD), que además ha denunciado que el Ejecutivo busca “un enemigo nuevo cada día para ocultar sus responsabilidades”. “Si buscan responsables del desastre en la acogida, mírense al espejo: es la derecha la que escribe leyes manifiestamente inconstitucionales y luego se enfada con los jueces que hacen su trabajo”, ha dicho la líder de la oposición. El portavoz del PD en el Senado, Francesco Boccia, ha señalado que, con sus ataques a la magistratura, el Gobierno se ha situado en “la antesala de la subversión”. “Es así, arremetiendo contra los migrantes y los jueces, como Polonia y Hungría, se han situado fuera del Estado de derecho”, ha lamentado.

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