La exención militar de los ultraortodoxos pone en peligro la coalición de Netanyahu

Nuevos tiempos, mismas brechas. Hace casi seis meses, la mayoría judía de Israel vivió como una tragedia compartida el ataque de Hamás. Con cerca de 1.200 muertos y más de 240 rehenes, de los que menos de la mitad han vuelto a casa, el 7 de octubre dejó de lado las divisiones que el país arrastra desde hace décadas y que habían salido a la luz en toda su crudeza en los meses previos, con motivo de la reforma judicial de Benjamín Netanyahu, que generó manifestaciones multitudinarias.

Desde entonces, sin embargo, la unidad ―a la que se apela con la frase “Juntos venceremos” hasta en los carteles luminosos en las carreteras o en los que muestran las plazas libres que quedan en un parking― se ha ido resquebrajando, con crecientes protestas que a veces se entrecruzan, como las de esta semana pidiendo la dimisión de Netanyahu, la convocatoria inmediata de elecciones o un pacto para que regresen los rehenes. Este domingo, decenas de miles de ciudadanos se concentraron en Jerusalén para protestar contra el primer ministro, una de las mayores movilizaciones desde que empezó la guerra en Gaza.

Uno de estos temas ―quizás el más emocional― que resquebraja al 80% de la población israelí que es judía, es la exención del servicio militar obligatorio de la que disfrutan los ultraortodoxos desde la creación del país, en 1948. Las autoridades de un país construido principalmente por seculares la concedieron cuando eran apenas 40.000 (un 5% de la población). 75 años más tarde, el asunto ha adquirido otra dimensión: suponen el 13% de los israelíes y ―con casi siete hijos de media― llegarán al 32% en 2065, según las proyecciones de la Oficina Central de Estadísticas.

Su alistamiento ya era una bandera del centroizquierda sionista y de parte de la derecha más secular, que considera que todos los judíos del país deben “compartir la carga” militar y fiscal. Pero la invasión de Gaza ha vuelto a poner el debate en el centro, con un componente si cabe más emocional. Por un lado, porque medio millar de soldados han muerto entre el ataque del 7 de octubre y los combates con milicianos en Gaza (y otras decenas de miles han dejado atrás trabajos y familias) mientras los ultraortodoxos se quedaban en casa y apenas un millar se alistaba de forma voluntaria. Por otro, porque la guerra de Gaza, sin precedentes en medio siglo, ha vuelto a mostrar que, por muchos avances tecnológicos, los ejércitos necesitan a veces muchas tropas en el terreno. Lo resumía este viernes en el diario Yediot Aharonot uno de los principales comentaristas políticos, Nahum Barnea: “La exención generalizada para los ultraortodoxos crea un problema de mano de obra para el ejército, un problema político para Netanyahu y un problema ideológico para la sociedad judía”.

Retirada de fondos

La marea es de fondo, pero ha explotado esta semana en un abrir y cerrar de ojos. El jueves, Netanyahu anunció que no había logrado alcanzar un acuerdo para renovar la exención. La fiscal general, Gali Baharav-Miara, pidió un “periodo de ajuste temporal” y, por sorpresa, el Tribunal Supremo fue más allá, con un veredicto temporal que obliga al Estado a dejar de transferir fondos a partir de este lunes a aquellas yeshivot (seminarios religiosos judíos) cuyos alumnos deberían vestir el uniforme. Se calculan en torno a 56.000, de 18 a 24 años.

La sentencia, respondió el ministro de Vivienda y líder del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, Yitzjak Goldknopf, lleva la “marca de Caín”. “Sin la Torá, no tenemos derecho a existir. Lucharemos de cualquier forma por el derecho de cualquier judío a estudiar la Torá y no haremos concesiones”, añadió.

La decisión pone en riesgo la estabilidad del Gobierno de unidad nacional. Tras su victoria electoral a finales de 2022, Netanyahu se coaligó con la derecha ultranacionalista y con los partidos ultraortodoxos. Pero, tras el 7 de octubre, sumó a partidos con muchos votantes seculares y contrarios a la exención, a fin de contar con un amplio consenso político de cara a la guerra.

Unos y otros tienen visiones difícilmente conciliables sobre el tema. Si Netanyahu impulsa ahora un acuerdo que aumente notablemente los alistados, previsiblemente perderá el apoyo de los ultraortodoxos (18 de los 64 diputados de la coalición original). En caso contrario, se quedará sin dos respetados ex jefes del Estado mayor seculares que provienen de la oposición y hasta a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, que rechazó el borrador presentado por Netanyahu, pese a que comparten partido (Likud). Entre los que perdería está Benny Gantz, al que todos los sondeos dan como claro ganador en unos eventuales comicios anticipados. Sacaría 33 de los 120 escaños de la Knesset, por 19 el Likud.

“Creo que se puede solucionar el problema”, ha señalado Netanyahu este domingo en una rueda de prensa antes de ser operado de una hernia que los médicos detectaron la víspera, en un chequeo rutinario. La decisión del Supremo no le plantea aún un callejón sin salida. El tribunal ha dado 30 días de gracia al Ejecutivo para presentar un plan y hasta el 30 de junio para aprobarlo. Netanyahu se ha mostrado este domingo optimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo “no total, pero sí amplio” en los próximos 30 días. De momento, las formaciones ultraortodoxas siguen en la coalición, a la espera de los acontecimientos. Y los fondos públicos, unos 400 millones de séqueles (unos 100 millones de euros) anuales, apenas suponen un 7,5% del presupuesto de las escuelas, que pueden compensar el agujero con donaciones de urgencia.

El nuevo Gobierno palestino de tecnócratas echa a andar sin un horizonte de regreso a Gaza

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha dado este domingo, con la jura de un Gobierno de tecnócratas, un paso más en el camino, repleto de incertidumbres, hacia su regreso a Gaza. El nuevo Ejecutivo, de 23 ministros, está lleno de caras nuevas. Solo repite Ziad Hab al-Reeh al frente de Interior. El nuevo primer ministro, Mohamed Mustafa, ostentará también la cartera de Exteriores. Economista formado en EE UU y con experiencia en el Banco Mundial, Mustafa es la baza de Washington para reformar -o “revitalizar”, como suele decir- la ANP, de forma que pueda retomar el control de Gaza, que perdió en 2007. La expulsó Hamás, boicoteado por la comunidad internacional tras su victoria electoral un año antes. El presidente, Mahmud Abbas, de 89 años, seguirá reteniendo el grueso del poder.

Mustafa señaló el jueves en un comunicado que la primera prioridad del Ejecutivo será lograr un alto el fuego inmediato en Gaza que implique la retirada completa israelí del enclave. De hecho, incluye ocho ministros de la Franja y ha creado una cartera de Socorro, con vistas la reconstrucción. 

El nuevo Gobierno tiene un gran reto por delante: cumplir las demandas de EE UU e Israel sin garantías de que regresará a Gaza o de que servirá para algo más que gestionar sus ruinas. El plan de EE UU consiste en convertirla en más eficiente y menos corrupta y que cumpla también con la exigencia israelí de reformar los libros de texto y suprimir los pagos a las familias de los mártires, al considerar que “promueven el terrorismo”. Choca con la negativa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se opone tanto a negociar la creación de un Estado palestino (el horizonte que piden a cambio la ANP, los países árabes, la UE y la Casa Blanca) como a dejarle un papel en la Gaza de posguerra. “No reemplazaré Hamastán por Fatahstán”, ha señalado, en un juego de palabras con Al Fatah, la facción que lidera Abbas.

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