Frontex responsabiliza a los guardacostas griegos de la muerte de cuatro personas durante unas devoluciones en caliente

La Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex (la agencia europea de fronteras) ha responsabilizado en sus informes a la guardia costera griega de la muerte de cuatro migrantes que fueron arrojados al mar Egeo con las manos atadas desde una de sus embarcaciones en dos incidentes separados de devoluciones en caliente ocurridos en 2022.

El primero de ellos está recogido en un informe de esta oficina de Frontex, fechado el 31 de marzo de 2023, y se refiere a tres de las víctimas. Estas formaban parte de un grupo de migrantes que había desembarcado el 6 de agosto de 2022 en la isla griega de Quíos. Allí, varios fueron apresados por los residentes locales con la intención de entregarlos a las autoridades. Tras la llamada de los vecinos, en vez de personarse en el lugar agentes uniformados, se presentaron 10 hombres encapuchados y armados que obligaron a 11 de los migrantes a subirse en una embarcación operada por la Guardia Costera, que zarpó rumbo a aguas territoriales turcas. Al llegar al límite territorial, “fueron empujados al agua, incluidos, supuestamente, aquellos esposados. Ocho lograron nadar hasta la costa”, describe el informe de la Oficina de Derechos Fundamentales (FRO, en sus siglas en inglés) de Frontex. La oficina califica de “creíble y probable” la devolución en caliente de los 11 migrantes a aguas turcas, donde fueron “abandonados por la Guardia Costera griega, lo que llevó a la muerte de tres migrantes”.

Los supervivientes llegaron a una playa de Karaada, un islote de Turquía, donde fueron rescatados por la Guardia Costera turca dos días después, mientras que los tres restantes se ahogaron, según detalla otro informe sobre pushbacks (devoluciones en caliente) elaborado por los agentes turcos. En él explican que los supervivientes eran cuatro hombres eritreos y cuatro yemeníes, y que además recuperaron los tres cadáveres del mar.

El caso de la cuarta víctima viene recogido en otro expediente con la misma fecha, 31 de marzo de 2023, en el que la Oficina de Derechos Fundamentales relata un incidente similar en el que un grupo de siete migrantes fue apresado también por unos hombres armados y enmascarados, en esta ocasión el 1 de septiembre de 2022 en la isla de Samos. Les robaron los teléfonos y todo su dinero, y los torturaron “incluso con armas de fuego”. Después, fueron “presuntamente” forzados a subir a una embarcación de la Guardia Costera y conducidos hasta aguas territoriales turcas, donde fueron obligados a lanzarse al agua. El dosier cita los testimonios de los supervivientes, que aseguran que no se les proporcionó ni una balsa “ni ningún otro tipo de dispositivo flotante, y solo dos de ellos tenían chalecos salvavidas”. Uno se ahogó, y los seis restantes fueron rescatados por la Guardia Costera turca dos días después.

Ambos documentos fueron puestos a disposición de la ciudadanía por Frontex tras la petición de acceso público de un particular. Pero la colaboración de los guardacostas griegos con hombres encapuchados y armados a la hora de realizar expulsiones colectivas ilegales también queda recogida en otros dos informes internos de la FRO, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, que no han sido publicados hasta ahora. Cada tres meses, el responsable de derechos fundamentales elabora un expediente para la dirección de la Agencia.

El referido al periodo del 1 de febrero al 30 de abril de 2023, afirma que en Grecia hubo “casos de maltrato practicado tanto por hombres enmascarados como por grupos locales de ciudadanos, incluyendo la confiscación de pertenencias personales y cacheos”. Dicho texto observa “un aumento del nivel de violencia utilizada” y “falta de investigaciones efectivas” por parte de las instituciones griegas. Todo ello, en el marco de devoluciones en caliente que la FRO define como “expulsiones colectivas de nacionales de terceros países que intentan cruzar las fronteras, incluidas devoluciones ilegales de nacionales turcos y personas vulnerables”.

El dosier del trimestre siguiente, relativo al periodo del 1 de mayo al 31 de julio de 2023, es aún más categórico: considera que los encapuchados que llevan a cabo las expulsiones colectivas a aguas turcas están “afiliados a las autoridades nacionales” porque las devoluciones estaban “coordinadas, contaban con recursos suficientes y parecían llevarse a cabo de forma sistemática, en lugar de ser incidentes aislados”.

Denuncia contra Frontex

Dichos informes trimestrales forman parte de una denuncia contra Frontex en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), interpuesta por un superviviente del incidente en Samos, a través de la ONG jurídica Front-lex. La demanda está pendiente de un recurso tras rechazar su admisión el tribunal.

El denunciante es un ciudadano congoleño que reside en Turquía, tras haber sido expulsado de Grecia en dos ocasiones mientras intentaba migrar a Europa. La segunda devolución en caliente que padeció es la que ocurrió en Samos el 1 de septiembre de 2022 y el hombre que se ahogó era su mejor amigo. El caso, conocido como Front-lex vs Frontex, se dirige contra la agencia europea de fronteras por continuar con sus operaciones en Grecia a pesar de constatar en informes que los guardacostas helenos vulneran derechos fundamentales. Además de los dos incidentes citados, la demanda describe otros eventos similares, pero sin resultado de muerte. La denuncia de la ONG trata de demostrar que Grecia no podría llevar a cabo expulsiones colectivas de manera sistemática sin la cooperación de Frontex.

La demanda fue interpuesta en octubre de 2022. En noviembre de 2023, el TJUE la desestimó en primera instancia por motivos de inadmisibilidad. Es decir, el tribunal rechaza que el demandante tenga legitimidad para litigar contra Frontex desde Turquía, sin entrar a valorar el fondo de la querella. En enero de 2024, el abogado que elaboró la denuncia, Iftach Cohen, interpuso un recurso que aún no ha sido resuelto.

Cohen considera que Frontex debería haber retirado sus activos de Grecia, en virtud del artículo 46 de la estrategia de derechos fundamentales aprobada por la agencia en 2021. En ella se establece que el director ejecutivo acordará cesar las operaciones cuando considere que estas vulneran derechos elementales u obligaciones internacionales, previa consulta con el responsable de derechos fundamentales. El abogado sostiene que las operaciones de los guardacostas griegos “no se pueden desligar de Frontex” porque la agencia, además de financiar las embarcaciones con las que se realizan, “coordina y provee de información técnica” a los guardacostas para interceptar las barcas de los refugiados. “Grecia necesita la presunción de legalidad que Frontex le otorga para seguir realizando expulsiones masivas”, sostiene Cohen. “El argumento de los guardacostas griegos siempre es ‘actuamos de manera legal porque Frontex estaba allí con nosotros”, declara el letrado. La portavoz de la Guardia Costera griega no ha respondido a las preguntas de este periódico respecto a los incidentes y los informes citados.

El portavoz de Frontex, Krzysztof Borowski, explica a EL PAÍS que, si bien su director, Hans Leijtens, considera necesaria una evaluación continua de los casos que reporta la FRO para determinar “la credibilidad de la cooperación entre la agencia y Grecia”, no ha llegado a la conclusión de que deban cesar en las operaciones. “Nuestro papel no es solo apoyar y trabajar con los Estados miembros para garantizar el respeto a los derechos humanos mientras se protegen las fronteras” explica Borowski por teléfono. “Estamos empeñados en garantizar que todas nuestras operaciones en Grecia se lleven a cabo en pleno cumplimiento de la ley y respetando la dignidad de todas las personas. La posibilidad de retirar nuestro apoyo es la última opción y no la tomaremos a la ligera”.

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