La justicia tumba el primer intento de Meloni de deportar migrantes a Albania al ordenar que sean trasladados a Italia

El ambicioso y controvertido plan del Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni de deportar a Albania migrantes rescatados en el Mediterráneo ha terminado con un total fracaso en su primer ensayo: dos días después de su llegada al puerto de Shengjin, ninguno de los 16 migrantes trasladados se quedará en Albania. Al final, todos irán a Italia, después de un gran rodeo y un alto coste de toda la operación (el gasto de llevarlos en una nave militar se estima en 18.000 euros por persona). El gran centro de internamiento de Gjadër, de 70.000 metros cuadrados, que costará 800 millones en cinco años, seguirá vacío. Cuatro migrantes fueron enviados a Italia ya el miércoles por la tarde, en el mismo barco militar que los había llevado ―dos por ser menores y otros dos adultos, por sus condiciones de extrema vulnerabilidad―. Quedaban 12 recluidos, a la espera de que un juez del Tribunal de Roma, competente en este caso, decidiera en 48 horas si convalidaba o no su retención en frontera mientras se resolvía su petición de asilo, dentro del polémico protocolo rápido aplicado en Albania. Pero en la mañana de este viernes, un juez de la sección XVIII de Derechos de las Personas e Inmigración ha negado el permiso para que se les retenga en un centro del exterior y ha ordenado que sean trasladados a Italia.

Las implicaciones de la sentencia son enormes y el Gobierno italiano, que ha avanzado que recurrirá la decisión, debe decidir qué hace ahora, si sigue adelante con una nueva deportación o se replantea todo el modelo. También la Comisión Europea y varios países de la UE, que miraban con atención el modelo Albania con la hipótesis de replicarlo, deberán tomar buena nota. La decisión del juez se basa en una reciente resolución del Tribunal de Justicia de la UE que recorta drásticamente la lista de países que se pueden considerar seguros y a cuyos ciudadanos Italia puede aplicar el protocolo rápido de acogida y expulsión en Albania. Ahora queda en el aire la viabilidad de todo el modelo, porque impediría a Italia deportar ciudadanos de todos los principales países de origen de la inmigración que llega por el Mediterráneo. Solo podría enviar a Albania migrantes rescatados en el mar de siete países, con muy pocas llegadas por esta vía: Cabo Verde, Bosnia, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y la propia Albania.

Giorgia Meloni ha reaccionado por la tarde, y ha adelantado que convocará el lunes un Consejo de Ministros “para aprobar las normas que sirvan para superar este obstáculo”. “Es muy difícil trabajar e intentar dar respuestas a esta nación cuando se tiene también la oposición de parte de las instituciones que deberían ayudar a dar respuestas (...). No creo que sea competencia de la magistratura definir qué países son seguros y cuáles no. Es competencia del Gobierno, así que creo que tenemos que aclarar mejor lo que se entiende por país seguro”, ha asegurado.

Fuentes de la delegación de diputados que ha visitado el centro de internamiento de Albania señalan que los deportados viajarán este sábado al puerto italiano de Bari. Medios italianos difieren en el medio de transporte, algunos afirman que será en una nave militar, otros dicen que será de la guardia costera. Aún no hay ningún anuncio oficial, como viene siendo habitual estos días, con muy escasa información desde el Gobierno. El acuerdo firmado en noviembre de 2023 entre Albania e Italia dice de forma expresa que, en caso de que se rechace la retención de los migrantes deportados, deben ser trasladados a Italia “inmediatamente” (artículo 4, punto 3).

Lo que ha ocurrido se veía venir, pero el Gobierno de Meloni ha preferido seguir adelante, mientras presume estos días en Bruselas de su modelo “innovador”. Es más, el 90% de las solicitudes de este tipo (proceso acelerado de asilo con retención del afectado) ya habían sido rechazadas en los tribunales de Palermo y Catania. El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, había advertido de que veía “resistencia ideológica” en los jueces y que recurriría cualquier decisión. Ahora ya se anuncia un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la magistratura. Tras conocerse la decisión judicial, Piantedosi ha confirmado: “Daremos batalla dentro de los mecanismos judiciales. Recurriremos y llegaremos hasta la Casación [el Tribunal Supremo en Italia]. Aquí se niega el derecho del Gobierno a activar procedimientos acelerados, hacer en un mes lo que se hace en tres años. No solo seguiremos adelante con los recursos, sino que seguimos adelante también con estas iniciativas, porque desde 2026 lo que está haciendo Italia en Albania se convertirá en derecho europeo”.

Hermanos de Italia, el partido de extrema derecha de Meloni, comentó en redes sociales: “¡Absurdo! La izquierda judicial llega en ayuda de la parlamentaria. Algunos magistrados politizados han decidido que no existen países seguros de procedencia, imposible retener a quien entra ilegalmente, prohibido repatriar a los clandestinos. Querrían abolir las fronteras de Italia, pero no lo permitiremos”. Por su parte, Elly Schlein, líder del Partido Democrático (PD), la principal fuerza de la oposición, se mostró indignada: “El acuerdo con Albania es ilegal, ahora parad y dad marcha atrás. Tenéis que desmontar todo y pedir perdón a los italianos”, dijo en referencia al dinero invertido hasta ahora. Los principales partidos de la oposición ―PD, M5S y AVS― han pedido incluso a la UE que abra un procedimiento de infracción contra Italia por considerar “ilegales” las medidas previstas en el acuerdo con Albania.

Sentencia de la UE

La clave es una reciente sentencia europea que ha establecido que 15 de los 22 países que Italia considera seguros en realidad no se pueden clasificar así, y, por tanto, sus ciudadanos no pueden entrar en el protocolo rápido que se aplica en Albania. La resolución dejaba fuera todos los principales países de origen de la inmigración hacia Italia, como Bangladés, Egipto, Túnez o Libia. Los 16 migrantes deportados a Albania eran, precisamente, bangladesíes y egipcios. La decisión del Tribunal de Roma se remite, de hecho, a la sentencia del órgano judicial europeo, cuya argumentación es la siguiente: si en un país hay una zona donde se producen violaciones de derechos o existe un colectivo perseguido, todo el territorio del país debe considerarse no seguro. “Los dos países de los que provienen los migrantes, Bangladés y Egipto, no son seguros, también a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo”, subraya explícitamente la sentencia de Roma.

Esto ocurre mientras, en todo caso, hay un cierto lío legal. La solicitud de asilo de los 12 migrantes ha sido rechazada en otro trámite paralelo efectuado con una velocidad inédita en Italia, dentro del mismo procedimiento. Normalmente, estas peticiones tardan uno o dos años. Pero el sistema de Albania está pensado para que se resuelvan inmediatamente ―todo el proceso de identificación, tramitación de asilo y eventual expulsión se pretende cerrar en 28 días―, y la normativa prevé ahora que las solicitudes de asilo se puedan empezar a tramitar incluso antes de que el juez se pronuncie sobre si a esas personas se las puede retener. El jueves, de hecho, ya se había reunido la comisión que decide sobre las peticiones de asilo y había rechazado todas. Es decir, los 12 deportados pueden ser al final repatriados de todos modos, aunque ahora tienen 14 días para recurrir la decisión. En todo caso, lo que ha dicho este viernes el juez de Roma es que no pueden esperar la posible repatriación en el centro de internamiento de Gjadër.

En condiciones normales, en Italia, a estas 12 personas se las dejaría en libertad a la espera de que se resolviera su petición de asilo, pero están en Albania, y los acuerdos con este país no contemplan que puedan circular por ese territorio. Las autoridades italianas no pueden abrir la puerta del complejo de Gjadër y dejarles salir. Está por ver qué será de estos 12 deportados al regresar a Italia. Lo más probable es que al haberse resuelto ya negativamente su solicitud de asilo se les recluya en un Centro de Permanencia para la Repatriación (CPR), a la espera de que se resuelva su recurso y, si se confirma la expulsión, se organice el retorno a su país. Pero aquí se abre otra gran incógnita, porque en realidad Italia solo consigue repatriar al 20% de los migrantes con orden de expulsión.