Los últimos 12 deportados que quedaban en Albania llegan a Italia y constatan el fracaso del plan de Meloni

Antes siquiera de pisar Italia, los 16 egipcios y bangladesíes deportados a Albania ya han debido de comprender que se trata de un país complicado. Al final, pese a tanto rodeo, han acabado yendo a allí de todos modos. Tras la marcha de los primeros cuatro el miércoles, el mismo día de su llegada, dos por ser menores y otros dos por estar en condiciones de vulnerabilidad, los últimos 12 que quedaban en el campo de internamiento de Gjadër han zarpado este sábado al filo de las nueve de la mañana del puerto de Shengjin en una nave de la guardia costera italiana que ha llegado horas más tarde al puerto de Bari.

Han llegado en un autobús azul, tras recorrer los 23 kilómetros que separa el centro de reclusión de la costa. Iban vestidos con los uniformes negros que les han proporcionado en el campo de internamiento y llevaba cada uno una bolsa negra. En unos minutos han subido al barco, que ha zarpado inmediatamente. Su partida se produce tras la decisión de este viernes de un tribunal de Roma que ordenaba su traslado inmediato a Italia. La justicia ha establecido que no pueden ser retenidos en frontera, en este caso en Albania, en un centro de internamiento que se considera suelo italiano mientras se resuelve su petición de asilo con un protocolo rápido. Solicitud que, por otra parte, ya ha sido rechazada en tiempo récord y que ahora estas personas pueden recurrir en un plazo de 14 días.

Al final, estos 12 migrantes solo han estado tres días en Albania. Tras algo más de seis horas de travesía han llegado al puerto italiano de Bari, al sur del país, pasadas las tres de la tarde. De este modo, estos 16 desconocidos han certificado el fracaso del estreno del plan de deportaciones del Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni en el país balcánico. Su principal objetivo y efecto propagandístico para su electorado era precisamente demostrar que los migrantes rescatados en el mar ya no llegarían a Italia. Y que, en 28 días, un polémico protocolo rápido —aprobado hace año y medio— permitiría gestionar su petición de asilo, rechazándola en la mayoría de los casos y repatriándolos. Esta es la base del modelo Albania, que la Comisión Europea y varios países miran con atención con la idea de replicarlo.

No está claro lo que sucederá ahora con estas 12 personas. Pueden ser conducidos a un centro de acogida en Italia, mientras se resuelve su petición de asilo. O también a un Centro de Permanencia para la Repatriación (CPR), donde se recluye a los migrantes cuya expulsión ya ha sido decidida, aunque en este caso hay recursos pendientes. La tercera posibilidad es que se les deje en libertad en Italia, sin poder salir del país, con un documento de residencia provisional que dura seis meses, como solicitantes de asilo, a la espera de que termine ese trámite. Si finalmente se rechaza su petición, se les entregaría una orden de expulsión. Pero ni aun así es seguro que salieran de Italia, porque solo se ejecutan realmente una de cada cinco órdenes de repatriación.

Meloni había puesto en marcha su plan a pesar de las previsibles dificultades que iba a encontrar, después de que el Gobierno haya retorcido las leyes hasta el límite para hacerlo posible. El sistema ha fallado donde se preveía que iba a fallar. Principalmente, en tres puntos básicos. Primero, por efecto de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del pasado 4 de octubre, que recortaba drásticamente la lista de países seguros de origen a cuyos ciudadanos se podía aplicar el protocolo rápido y dejaba fuera casi todos los que llegan a Italia por mar. Es la sentencia a la que se ha remitido el tribunal de Roma que ha ordenado el traslado de los migrantes. Segundo, por el reducido número de migrantes a los que a fin de cuentas se puede aplicar el protocolo, dadas otras numerosas limitaciones legales ―hombres adultos sanos y en condiciones no vulnerables rescatados solo por naves italianas en aguas internacionales―, que se ha reflejado en el coste absurdo de movilizar un buque de guerra para llevar solo a 16 personas. Y tercero, una selección previa de los deportados realizada en condiciones apresuradas y precarias, que podía dar lugar a errores. Todo se ha hecho realidad.

En síntesis, en el examen previo se colaron dos menores y dos adultos en graves condiciones de vulnerabilidad, por haber sufrido torturas y violencia en Libia, que fueron detectados ya en Albania. Además, algunos de los deportados afirman que en el momento de ser rescatados ya veían la isla de Lampedusa, según ha relatado la delegación parlamentaria que habló con ellos. Es decir, que podrían haber sido auxiliados en aguas italianas. Por último, todos proceden de Bangladés y de Egipto, dos países que según la sentencia europea deben considerarse no seguros.

Con todo, a pesar de que la perspectiva era negra, Meloni siguió adelante. Tal vez por las prisas de estrenar el modelo, que llevaba cinco meses de retraso, en vistas del Consejo Europeo que ha abordado la inmigración. Tal vez por testarlo, principalmente con la magistratura, a quien ahora acusa de actuar ideológicamente y echa la culpa por que el plan no haya funcionado. Está en marcha un nuevo choque entre el Ejecutivo de Meloni y los jueces.

El Gobierno italiano ha querido, de todos modos, transmitir la idea de que esto solo ha sido el primer asalto y que el revés no supone el fin del modelo. El lunes se ha convocado un Consejo de Ministros que, según ha anunciado Meloni, ideará nuevos parches legales “para sortear los obstáculos”. La prensa italiana avanza hoy que aprobará un decreto sobre los países seguros. No se sabe muy bien la efectividad de estas maniobras, porque el principal obstáculo ha sido la sentencia europea, que es inalterable. En todo caso, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, ya ha repetido varias veces que el plan italiano es solo el anticipo de lo que va a entrar en vigor en 2026 en toda la UE, cuando se aplique el nuevo Pacto de Inmigración. Se entiende que a partir de entonces esperan contar con más cobertura legal.

La clave, donde se juega gran parte del éxito o fracaso de este intento de externalizar a terceros países la gestión de las llegadas, es el concepto de país seguro. Es decir, aquellos migrantes a los que a priori se puede retener de inmediato en la frontera, desviados a un protocolo rápido para resolver su petición de asilo en un tiempo reducido, y no uno o dos años como sucede ahora. Aquí es donde incide la reciente sentencia europea que ha establecido que 15 de los 22 países que Italia considera seguros en realidad no se pueden clasificar así y, por tanto, sus ciudadanos no pueden entrar en el protocolo rápido que se aplica en Albania.

La resolución dejaba fuera todos los principales países de origen de la inmigración hacia Italia, como Bangladés, Egipto, Túnez o Libia. Los 16 migrantes deportados a Albania eran, precisamente, bangladesíes y egipcios. La decisión del Tribunal de Roma se remite, de hecho, a la sentencia del órgano judicial europeo, cuya argumentación es la siguiente: si en un país hay una zona donde se producen violaciones de derechos o existe un colectivo perseguido, todo el territorio del país debe considerarse no seguro. “Los dos países de los que provienen los migrantes, Bangladés y Egipto, no son seguros, también a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo”, subraya explícitamente la sentencia de Roma.

Ahora queda en el aire la viabilidad de todo el modelo, porque Italia, en principio y a la espera de nuevas iniciativas legales o políticas, solo podría enviar a Albania migrantes rescatados en el mar de siete países, con muy pocas llegadas por esta vía: Cabo Verde, Bosnia, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y, paradójicamente, también la propia Albania.