Los jueces italianos rechazan el tercer traslado de migrantes a Albania impulsado por Meloni

Giorgia Meloni ha vuelto a fracasar, por tercera vez, en su intento de deportar a Albania a migrantes rescatados en el Mediterráneo, pese a que ha introducido cambios legales que pretendían forzar a los jueces a aceptarlos. Tras el rechazo a la operación en los dos primeros traslados de octubre y noviembre, este viernes el Tribunal de Apelación de Roma tampoco ha convalidado la retención en frontera de los 49 náufragos que llegaron el martes al puerto de Shëngjin, a bordo de la nave militar italiana Cassiopea. Deberán ser enviados a Italia en las próximas horas.

En realidad, en el campo de internamiento de Gjäder habían quedado 43 personas, pues seis ya habían sido devueltos a Italia. En los exámenes a los que fueron sometidos al desembarcar en Albania, cuatro resultaron ser menores y dos se hallaban en condiciones de vulnerabilidad y precarias condiciones de salud. En todo caso, se trata del grupo más numeroso deportado hasta ahora. En el primer y segundo traslado sumaron 24 personas.

Para el Gobierno de ultraderecha de Meloni se trata de otro revés en el crudo choque que mantiene con la judicatura, con varios frentes abiertos, a la que acusa de oponerse a la voluntad popular y estar haciendo política. En realidad, los jueces se están limitando a aplicar las leyes de la UE, que impiden convalidar el protocolo rápido de rechazo en frontera que ha ideado Meloni para el modelo Albania.

El problema está en lo que se considera un país seguro, y a cuyos ciudadanos, por tanto, se presume que se rechazará por la vía rápida una petición de asilo. Italia ha establecido una lista de 19 países, y de ellos vienen los migrantes que se seleccionan para ir a Albania. Sin embargo, según las leyes de la UE, esa lista se reduce drásticamente, porque mantienen que si en un país hay un territorio o un grupo de población con riesgo de violación de derechos, debe considerarse no seguro todo el Estado. Por eso recorta en la práctica la lista de Italia a solo siete: Cabo Verde y países balcánicos. Es decir, ninguno de los principales países de origen de la inmigración en Italia, lo que supone liquidar el modelo Albania. Así lo estableció una sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) el pasado mes de octubre, justo cuando el Gobierno de Roma iba a empezar las deportaciones.

No obstante, Meloni decidió seguir adelante de todas maneras, yendo al choque legal. Es lo que ha ido sucediendo, y hoy se confirma que, de momento, sigue perdiendo siempre. Los jueces optan por acatar las leyes europeas, superiores a las de Italia, y niegan la convalidación de los arrestos en frontera. Es decir, indican que esas personas deben seguir el procedimiento normal, de entrada en el país y estudio detenido de su solicitud de asilo. Ha vuelto a ocurrir con este nuevo grupo de migrantes, que son de Bangladés, Egipto, Gambia y Costa de Marfil.

La Justicia italiana, en medio de una gran tensión institucional en el país, ha acabado elevando el conflicto de criterios al TJUE, para que diga quién tiene razón, y está previsto que se pronuncie el próximo 25 de febrero. De hecho, el Tribunal de Apelación ha dicho hoy expresamente en su resolución que suspende las decisiones a la espera de que el TJUE aclare la cuestión. Sin embargo, Meloni no había querido esperar y el resultado de este nuevo traslado de migrantes ha sido el mismo de las otras veces, porque nada ha cambiado mientras tanto. Aunque Meloni quería pensar que sí.

Tras el primer rechazo, en octubre, el Ejecutivo había aprobado una nueva ley, de mayor rango que la anterior, para imponer su criterio. Pero no cambiaba nada, seguía siendo superior la norma europea. Después se ha aferrado a una reciente sentencia del Tribunal Supremo italiano, el de Casación, que establecía que corresponde al Gobierno decidir si un país extranjero es seguro o no. Pero es que al mismo tiempo reconocía la potestad de un juez para decidir en cada caso concreto.

Por último, retiró al Tribunal de Inmigración de Roma la competencia de convalidar las retenciones en frontera de Albania, al alegar que eran jueces politizados, y la transfirió al Tribunal de Apelación. Se armó un escándalo, porque este organismo ya está saturado de trabajo. De hecho, ocurrió algo gracioso: como no daba abasto, este organismo asumió para la tarea a los mismos jueces de inmigración que habían decidido en las deportaciones anteriores. Y al final los mismos jueces han decidido lo mismo.