La UE afronta el 9-J como una batalla política por la supervivencia de su modelo

Las elecciones del próximo 6 al 9 de junio se han convertido en una batalla política por la supervivencia del modelo actual de la Unión Europea, amenazado desde dentro y desde fuera por la inestabilidad geoestratégica y por fuerzas ultranacionalistas en ascenso con voluntad de dar marcha atrás en el proceso de integración europea. La mayoría de las fuentes coinciden en que estas elecciones, las décimas desde que el Parlamento Europeo se empezó a elegir por sufragio directo en 1979, merecen ser etiquetadas como las más trascendentales en los 45 años de comicios europeos. España también se juega mucho en una cita que puede marcar el giro de Europa hacia una Unión más conservadora, más blindada, con menos solidaridad interna y volcada hacia un Este que se siente amenazado por Rusia.

Tanto la coyuntura europea como la internacional indica que la importancia del 9-J supera con creces la de otras elecciones europeas anteriores. Nunca antes los europeos habían votado bajo un toque a rebato que avisa de riesgo de guerra y lanza al continente a una carrera de armamento a la que, por primera vez, se sumará la Comisión Europea, aunque sea en detrimento de los fondos agrícolas y de cohesión. Y nunca antes las urnas europeas habían puesto a prueba la estabilidad política de socios tan importantes como Alemania, Francia, España o Polonia.

“En las elecciones de este año no se dirime solo un reparto de escaños, sino el rumbo que tomará la UE durante las próximas décadas”, señala una alta fuente europea. “Si se rompe el motor de integración formado por la democracia cristiana y la socialdemocracia, el proyecto mutará y se encaminará por los derroteros de desintegración y renacionalización que defienden los grupos ultranacionalistas y de extrema derecha”, añade esa misma fuente.

El mensaje sobre los peligros para la supervivencia de la Unión en su estado actual se han colado en la campaña con una potencia no vista en anteriores convocatorias. “No vamos a dejarles que destruyan lo que hemos construido juntos”, proclamaba el pasado miércoles Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y aspirante a repetir en el cargo, en alusión a los partidos de extrema derecha como el francés Reagrupamiento Nacional (RN) o Alternativa para Alemania (AfD), a los que ella acusa de estar al servicio de Rusia. La propia Von der Leyen, sin embargo, se muestra dispuesta a colaborar con los grupos ultra que considera “proeuropeos” como los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, aliados de Vox y del polaco PiS de Jaroslaw Kaczynski.

La vicepresidenta del Gobierno español y número uno de la lista socialista para el 9-J, Teresa Ribera, percibe “un auge muy importante de la ultraderecha, con propuestas contrarias al espíritu de convivencia y tolerancia propios de los valores europeos”. En declaraciones a EL PAÍS, añade que “en un mundo convulso es imprescindible consolidar económica y políticamente una UE más integrada”.

Las alarmas sobre el riesgo de colapso de la Unión llegan desde todas las esquinas del continente, sea por boca del presidente francés, Emmanuel Macron ―“Seamos lúcidos, nuestra Europa, la de hoy, es mortal. Puede morir”― o del exjefe del BCE Mario Draghi. “O Europa actúa junta y profundiza su unión o me temo que la UE no sobrevivirá más que como un mero mercado único”, ha avisado el italiano, que no parece haber dicho aún su última palabra en política europea y ya suena en las quinielas para el reparto de cargos tras el 9-J.

Ese reparto de puestos estará marcado más que nunca por las elecciones europeas. El voto servirá para dilucidar las posibilidades de reelección al frente de la Comisión Europea, en concreto, de la presidenta Ursula von der Leyen. Los presidentes reelegidos con anterioridad ―el añorado Jacques Delors y el olvidable José Manuel Durão Barroso― pudieron hacer caso omiso al resultado de las elecciones de entonces (en 1989 y 1993, el francés; y en 2009 el portugués) porque su nombramiento dependía casi en exclusiva del Consejo Europeo y la ratificación por parte del Parlamento era poco más que un trámite.

Von der Leyen, en cambio, se ha visto obligada a retratarse como candidata del Partido Popular Europeo (PPE). Y aunque no se presenta para ser elegida parlamentaria, el escrutinio será en cierto modo un veredicto sobre su primer mandato y un espaldarazo o un batacazo para el segundo. Algo inédito en Bruselas, donde la continuidad de los altos cargos poco o nada tenía que ver hasta ahora con las urnas.

En esta ocasión, los votantes podrán valorar el balance de la presidenta saliente. Su equipo reivindica, entre otros méritos, la unidad europea frente a Rusia, la creación del fondo de recuperación, los préstamos para financiar los ERTE de la pandemia o la compra conjunta de vacunas para que todos los europeos, ricos o pobres, pudieran inmunizarse al mismo tiempo contra la covid. En su pasivo, los detractores apuntan los titubeos con el pacto verde, su militarismo, los guiños cada vez más descarados a la ultraderecha o las cesiones ante el lobby industrial y el agrario.

Las urnas también pueden juzgar los planes comunitarios para la próxima legislatura, algo que ocurrió en 2014 con la candidatura de Jean-Claude Juncker, aunque aquel experimento electoral (bautizado con el término alemán de spitzenkandidat) pasó desapercibido para la mayoría de los votantes y descarriló cuando se intentó repetir cinco años después.

A diferencia de Juncker, la figura de Von der Leyen es bastante conocida en muchos países europeos tras un lustro de hiperactividad en Bruselas. Y su deseo de repetir al frente de la Comisión ya ha provocado que propios y extraños se pronuncien sobre su renovación.

Los conservadores franceses, por ejemplo, ya han anunciado que votarán en contra de su nombramiento, posición compartida también por el centroizquierda italiano de Matteo Renzi. Algunos líderes ultranacionalistas, como el húngaro Viktor Orbán, basan su campaña electoral en el rechazo de la figura de la actual presidenta de la Comisión. Y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha advertido de que los socialistas españoles votarán en contra de la investidura si la alemana pacta con la ultraderecha.

De modo que, por primera vez, los votantes no van a ciegas sobre el bagaje y las intenciones de la máxima aspirante a ocupar la presidencia de la Comisión. Von der Leyen ha dejado claro que si es reelegida acometerá cambios profundos en la estructura y la gestión del organismo comunitario.

La alemana colgó a su actual Comisión la etiqueta de “geoestratégica”, una apuesta acertada a la luz de lo acontecido en el mundo durante este mandato (2019-2024). La presidenta tiene previsto colocar a su segunda Comisión bajo la divisa de la “defensa”, pero en el más amplio sentido del término porque el afán protector abarca más allá del terreno militar para incluir el blindaje de las fronteras contra la migración irregular o las barreras comerciales frente a la competencia desleal de terceros países.

La presidenta en ejercicio y candidata pretende visualizar el giro caqui de Bruselas con el nombramiento, por primera vez, de un comisario europeo de Defensa. El título más apropiado para el flamante nuevo cargo ―en el que algunas fuentes ya colocan al polaco Radoslaw Sikorski― sería más bien comisario europeo de la industria de defensa, porque el objetivo de la Comisión no es comandar unas fuerzas armadas europeas. Bruselas se conforma, de momento, con impulsar e incentivar la integración de los conglomerados armamentísticos nacionales para crear uno o varios gigantes industriales capaces de plantar cara a sus competidores de EE UU o China.

De cumplirse ese plan, la próxima legislatura sentará las bases de una Europa de la defensa, cuyo resultado tangible no sería de entrada un ejército europeo, sino empresas capaces de repetir la hazaña de Airbus, que en poco tiempo alcanzó una talla suficiente para rivalizar en el sector aeronáutico con la estadounidense Boeing, e incluso superarla en algunos mercados.

La irrupción de esa llamada europea a las armas obligará a reajustar los presupuestos de la UE, dominados hasta ahora por la Política Agrícola Común y los fondos de cohesión. El entorno de Von der Leyen ya admite que las negociaciones sobre el nuevo marco presupuestario, cuyo arranque se espera en el primer año de legislatura, girará sobre el volumen del presupuesto, como es habitual, pero esta vez también sobre la estructura de gasto.

El tándem tradicional entre agricultura y cohesión parece llamado a evolucionar hacia un pentágono en el que se abrirán paso las partidas de gasto para defensa, energía e infraestructura digital, todas ellas con el común denominador de reforzar la mermada soberanía europea. A falta de recursos adicionales, y con la amortización del fondo de recuperación golpeando a partir de 2027, se impone un nuevo reparto, con fondos agrícolas y estructurales a la baja, o recurrir a nuevas emisiones de deuda conjunta como la que se lanzó para combatir los efectos de la pandemia.

Ribera concluye que “los votantes han de decidir entre la regresión y las propuestas neoliberales del ‘sálvese quien pueda’ o la apuesta por la modernización de la economía y mayor integración social”.

Todo apunta hacia una nueva Europa, tanto por sus dimensiones, con el gigante de Ucrania pidiendo socorro en la puerta, como por la revisión de políticas ancladas en el siglo XX de la envergadura de competencia, control de ayudas de Estado o supervisión de inversiones extracomunitarias. Una nueva Europa que empieza el próximo 9 de junio y cuyo destino pende de las urnas.

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