“La esclavitud sigue entre nosotros”: así luchan las minorías en el sur de Estados Unidos contra la supresión del voto

A la familia de Jasmine Bowles le gusta votar por anticipado. A poder ser, el mismo día en que abren las urnas. De modo que abuelos, madre e hija quedaron el lunes 17 de octubre para cumplir con su deber electoral en un polideportivo del condado de Clayton, al sur de Atlanta, en el disputado Estado de Georgia. Había otras motivaciones aparte de las cívicas: Jasmine, la hija, activista afroamericana que trabaja en una organización que defiende los derechos de las empleadas domésticas, estaba en la papeleta. Busca su reelección como miembro de la junta escolar de su distrito en las elecciones legislativas que se celebran el próximo martes en Estados Unidos para renovar centenares de cargos locales, regionales y estatales, además de la totalidad del Congreso y un tercio del Senado.

“Venir pronto es importante”, dijo mientras esperaba su turno en una cancha de baloncesto vacía. Al salir, ya con su pegatina de “Soy votante de Georgia, aseguré mi voto”, se mostró feliz por haber empleado media hora, más tiempo del que esperaba, en el proceso. “Presiento que la participación será alta, pese a los intentos republicanos de suprimir la voz de los que son como nosotros”, añadió, en referencia a una restrictiva ley electoral estatal de 2021 que endurece los requisitos para votar y que afecta sobre todo a las minorías y a los sectores más desfavorecidos. Esas minorías, como Bowles, suelen elegir demócrata.

Las colas empezaron ese primer día a las 7.00 (hora local) en un colegio del condado de Dekalb, y se repitieron en media docena de lugares visitados por EL PAÍS, repartidos por zonas urbanas de los alrededores de Atlanta. A ellos acudieron ciudadanos como Marlon Peters, transportista, que no querían dejarlo “para el último minuto” y preferían “evitarse las esperas y los sustos”. Al contrario que en otros países, como España, la jornada electoral no es festiva en Estados Unidos. A los trabajadores tampoco les conceden permiso para ausentarse.

El presentimiento de Bowles fue bueno; hasta el miércoles pasado, más de dos millones de personas votaron por adelantado o por correo en Georgia, medio millón más que a la misma altura de la campaña de las últimas elecciones de medio mandato, en 2018, aunque 1,2 millones por debajo que la marca de las presidenciales de 2020, cifra de la que hay que descontar el efecto de la pandemia en su apogeo. Esta empujó a un 70% a pronunciarse por anticipado para evitar aglomeraciones.

Tanta precaución convirtió entonces a Georgia, que fue decisiva en el triunfo de Joe Biden, en un verdadero campo de batalla. Donald Trump pasó toda su campaña presidencial advirtiendo de que facilitar el voto por adelantado solo era un subterfugio para robarle las elecciones, que perdió porque aquí votaron demócrata. Aún se niega a aceptar ese resultado, pese a que sus teorías se han demostrado una y otra vez falsas. De las 62 demandas interpuestas, todas acabaron concluyendo que no hubo fraude, menos una, en la que el nuevo recuento no afectó al resultado. Eso también da igual: dos terceras partes de los republicanos aún creen que Biden no ganó limpiamente.

Los intentos del expresidente republicano y sus colaboradores de subvertir aquella elección aún siguen vivos en las sospechas de sus seguidores, así como en una investigación de la fiscal del distrito del juzgado del condado de Fulton, el más poblado de Georgia, y en la comisión del Congreso que busca responsabilidades en el asalto al Capitolio. Una de las piezas esenciales de ambas pesquisas es la famosa llamada de teléfono de una hora de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que se vuelve a presentar. Le dijo: “Solo necesito encontrar 11.780 votos; esto es, uno más de los que tenemos [de diferencia]. Porque ganamos en el Estado”.

Tanto Raffensperger como el gobernador republicano, Brian Kemp, que también busca la reelección, resistieron las presiones, pero a los pocos meses este último pareció dar por buenas las dudas que las alimentaron al firmar la Ley de Integridad Electoral, que cambia las reglas del juego de 2020. Es la norma más famosa de la última oleada de ataques a los derechos civiles por todo el país: desde el principio de 2021, un total de 21 Estados han aprobado 42 leyes electorales que dificultan el acceso de las minorías a las urnas, según la entidad no partidista Brennan Center for Justice, que es la referencia en la supresión del voto en Estados Unidos. De ellas, 33 están ya en vigor para la cita del martes.

En la tierra de Martin Luther King

Uno de los asesores del Brennan, Ricardo Ramírez, lamenta que todo esto suceda precisamente aquí. “Georgia tiene un glorioso pasado de lucha por los derechos civiles. Es la tierra de Martin Luther King y John Lewis [este último, fallecido en 2020, da nombre a una norma electoral llamada a poner orden, pero los demócratas no han logrado sacarla adelante en el Capitolio]. Desgraciadamente, hoy se ha convertido en el lugar que simboliza cómo los sectores más conservadores están lanzando su ataque al corazón mismo de la democracia para no perder un poder que la lógica demográfica les advierte que ya no tendrán”, añade.

La ley de Georgia (S.B. 202), que fue recurrida sin éxito por el Departamento de Justicia estadounidense, recorta el plazo para el voto por correo y obliga a acompañarlo de una copia impresa o escaneada de un documento de identificación válido. Reduce el número de colegios electorales y de casetas para depositar las papeletas, así como las horas para hacerlo. También elimina el domingo del calendario. Y, en el que tal vez sea su artículo más famoso, convierte en delito dar de comer o de beber a los votantes que estén haciendo cola para evitar que los activistas influyan en sus decisiones. En la jornada electoral de 2020 se registraron esperas de hasta nueve horas en los condados más poblados, que también son los más diversos racialmente y los que votaron en masa por Biden. Esas largas esperas tienen su origen en una sentencia de 2013 del Tribunal Supremo que desnaturalizó la Ley del Derecho al Voto de 1965 al librar a los estados de la obligación de someter sus reglas a la supervisión del Departamento de Justicia o de un tribunal federal.

“Otro aspecto terriblemente lesivo [de la S.B. 202] es que permite a cualquier ciudadano poner en duda la legitimidad de otros votantes. De momento, se han recibido 80.000 denuncias”, explicó Xacota Espinoza, de la organización Fair Fight (lucha justa), en un mitin en Atlanta de su fundadora, la candidata demócrata a gobernadora, Stacey Abrams. “Los denunciantes suelen ser gente con vínculos con grupos de negacionistas electorales y conspiranoicos. En un 90% se desestiman esos recursos, pero hacen perder el tiempo a los funcionarios electorales, que tienen la obligación de investigar los casos inmediatamente”.

El objetivo de esos grupos conservadores es doble: arrojar la sombra de la duda sobre un proceso imperfecto y consumir recursos, lo que aumenta la posibilidad de que se cometan errores. Ese caos podría servir a los republicanos para cuestionar los resultados. Y Georgia no es su único campo de acción: también han lanzado denuncias masivas en Texas, Míchigan y Pensilvania. Virginia, por su parte, ha creado una Unidad de Integridad Electoral, para velar por el proceso.

Por cosas como esas, el aparentemente anodino trabajo de funcionario electoral se ha convertido en una profesión de alto riesgo en Estados Unidos, gracias a un rosario de leyes que prevén penas de prisión si no cumplen correctamente con su labor. Hay hasta una organización recién creada en Washington que les ofrece defensa gratuita en los tribunales, en vista del acoso e intimidación por parte de políticos profesionales y de ciudadanos alentados por teorías de la conspiración como las que defiende el documental 2000 mules (esas mulas son los ciudadanos que, sostienen sin pruebas sus autores, se dedicaron a atiborrar las urnas de Georgia “votos falsos”).

La cara más visible de la lucha contra la supresión del voto en Georgia es la candidata Abrams. Según las encuestas, lleva las de perder contra el gobernador Kemp. Y eso que es todo un símbolo: resultó crucial en movilizar al electorado afroamericano en 2020, y Biden debe a su tenaz labor algo así como la mitad de su presidencia. Su fama podría jugar en su contra, según explica Greg Bluestein, tal vez el periodista político más seguido de Georgia. Autor de Flipped (Dado la vuelta, cuyo subtítulo reza: Cómo Georgia se volvió púrpura y rompió el monopolio del poder republicano), un valioso mapa para entender los cambios en uno de los Estados cruciales en el futuro de la Unión, Bluestein advirtió durante una entrevista celebrada en la encantadora localidad costera de Savannah que “los votantes del otro lado la conocen por sus muchos años de activista y le tienen ojeriza”. “El apoyo de los suyos lo tiene garantizado, pero las encuestas demuestran que la principal preocupación del 75% de los ciudadanos (y, por tanto, de muchos indecisos) es la economía. No puede evitarlo: la inflación está asociada, como ella misma, a Biden”.

En la estela de la labor pionera de Abrams han surgido desde 2020 varias organizaciones que trabajan en su misma línea. Una de ellas es Protect the Vote Georgia, que lidera la joven Hannah Gebresilassie. El primer día del voto por adelantado, sacó a la calle una mesa con la leyenda Emory Votes Initiative en una zona común de su lugar de trabajo, la Universidad Emory, que funciona como una mini ciudad de 30.000 habitantes, entre alumnos y personal lectivo, dentro de Atlanta. Los jóvenes, según las encuestas, reflejan en las urnas su preocupación por asuntos de la agenda progresista, como el aborto o los derechos LGTBI. “Mucha gente cree que la esclavitud terminó, pero no es verdad”, dijo Gebresilassie. “Sigue entre nosotros, como se puede comprobar en las tasas de desempleo, en los dispares niveles educativos o en la supresión del voto. Todo tiene que ver con los cimientos imperfectos sobre los que se construyó este país. Y para cambiar eso, es fundamental que no pongan trabas al voto de las minorías”.

Uno de os aspectos que hacen de este estado un lugar tan interesante políticamente es su condición de escenario perfecto para una de las batallas claves de la democracia estadounidense, que enfrenta a los activistas en contra de la supresión del voto, como Gebresilassie, con algunos de los más convencidos negacionistas electorales, que siguen poniendo en duda la cita de 2020, que, según Ramírez fue “todo lo íntegra que pueden ser unas elecciones”. “Los que dicen lo contrario solo buscan crear una enorme desconfianza entre los ciudadanos. Y lo están logrando”.

En el equipo de los desconfiados juega Garland Favorito, fundador hace 16 años de VoterGA, “organización sin ánimo de lucro que vela por la integridad electoral en Georgia”. Este hombre blanco de 75 años estaba el 13 de octubre en ese mismo juzgado del área de Atlanta en que investigan a Trump, esperando el veredicto sobre una demanda que interpuso para cuestionar la legalidad del recuento de más de 3.000 votos en las primarias celebradas en mayo pasado, que, aseguró durante un receso, “volvieron a registrar muchísimos problemas”. “En 2020 hubo múltiples fraudes e irregularidades que pudieron afectar al resultado. Creemos que hubo decenas de miles de papeletas falsificadas que no nos han dejado comprobar”. ¿No ganó entonces Biden? “No lo digo yo, lo ha dicho el comité judicial del Senado de Georgia: aquella elección nunca debió ser certificada. Pero no queremos revisar el resultado de 2020, sino entender qué pasó para evitar que se repita. Tiene que ser fácil votar, sí, pero también difícil engañar”.

Favorito prometió que estaría vigilante durante las tres semanas del voto adelantado, que se prolongó hasta este viernes y ha batido récords no solo en Georgia, sino en todo el país. Una encuesta de Gallup del pasado jueves fijaba en el 41% el porcentaje de electores que se decanta por esa opción en estas legislativas (frente al 37% de 2018). El sondeo también concluía que los demócratas se inclinan mucho más por la previsión (54%) que los republicanos (34%). En Georgia, no solo por motivos ideológicos. Las zonas que más decididamente apoyaron a Trump son las rurales; lugares como Glasscock, donde le votaron un 89% de sus casi 3.000 habitantes (el porcentaje es parecido al de la población blanca). La estampa que ofrecía este rincón del sur de Estados Unidos un sábado por la tarde ―casas unifamiliares con jardín, ningún ser humano a la vista, maquinaria agrícola y una iglesia tras otra― no invitaba a pensar en aglomeraciones el día de las elecciones, y era desde luego muy diferente a la que brindaban los nueve condados, urbanos y diversos, a las afueras de Atlanta donde vive la mitad de los electores del Estado. Esas fueron las zonas que registraron las mayores colas.

Ya solo quedan tres días para que unos y otros salgan de dudas sobre si volverán las largas esperas durante la jornada electoral y sobre cómo afectarán al resultado en Georgia las nuevas leyes y la extraordinaria movilización del voto por adelantado, que en pasadas citas no siempre fue un indicador fiable. También para saber si quienes se resistieron a aceptar el resultado de 2020 darán por bueno este si no les concede la victoria. Aunque para eso es posible que haya que esperar un poco más. Georgia tiene un sistema según el cual si la disputada carrera por el Senado, que enfrenta a Raphael Warnock (D) y Herschel Walker (R), no se resuelve en primera instancia con más de un 50% para uno de los candidatos tendrá que irse a una segunda vuelta, como pasó hace dos años. Entonces, la noche electoral se prolongó durante 63 largos días, hasta el 5 de enero. Habrá que ver qué sucede esta vez.

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