Divorciarse sin perjudicar a los hijos y a las hijas

El día 23 de marzo de 1993 me publicaron en este mismo periódico un artículo que titulé “Los perjudicados son los hijos”. Me refería, obviamente, a las consecuencias que tienen para los menores los divorcios de sus progenitores. Entonces, casi como ahora, son un jarrón a dividir, sus sentimientos y opiniones apenas cuentan, siendo los menos atendidos en una situación adversa para personas en pleno desarrollo de su personalidad.

La decisión de poner fin a la pareja es siempre dolorosa por muchas razones: la incertidumbre ante un futuro no pensado o no querido; el fracaso de una opción personal o ver como la persona querida nos abandona. Cuando una parte de la pareja toma la decisión de romper y la comunica a la otra, la primera lleva ventaja sobre la segunda, que tendrá que encajar en su vida una decisión que no ha tomado y que le afecta de manera esencial.

Estas son las incertidumbres más importantes que se plantean en las rupturas de pareja, a mi entender, después de más de 40 años dedicada a asesorar profesionalmente a personas que rompieron. Los hijos e hijas y los bienes los van a organizar dependiendo de su inteligencia y generosidad. Salvo que haya violencia de género de por medio. Quiero con ello decir que ni los divorcios ni las rupturas de pareja son conflictivos per se, el conflicto lo crean algunas personas.

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Hace unos días se publicó en este medio un artículo sobre este tema, firmado por Ana M. Longo, que apoyaba en parte sus tesis acerca de cómo tratar a los y las menores en las situaciones de ruptura de sus progenitores en opiniones de la presidenta de la Fundación Filia de amparo al menor, Lucia del Prado, defensora acérrima del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que, como es sabido, es un método basado en la terapia de la amenaza y el castigo que se aplica a los y las menores que se niegan a cumplir las visitas con el progenitor no custodio.

El espectro SAP ha mutado y ahora se llama coordinador de parentalidad. La Fundación Filia y a su frente la Sra. del Prado, ha patentado a nombre de dicha Fundación esa figura y la ha introducido entre sectores de la Psicología y también entre algunos Jueces, impartiendo cursos de formación a través de la Universidad Rey Juan Carlos (y otras), donde ha formado parte del cuerpo de profesores el ex juez Serrano, instruyendo a numerosos psicólogos y trabajadores sociales en el método SAP. Por esta razón estoy tan en contra de la coordinación de parentalidad.

El divorcio no es conflictivo per se. Es más. El 78,9% de los divorcios en 2019, una amplia mayoría, se resolvió por acuerdo de los cónyuges. En el artículo de referencia, siguiendo a la Sra. del Prado, negacionista de la violencia de género, se omite que el principal problema en los divorcios y en las rupturas de pareja es la preexistente violencia de género.

La mayor parte de las situaciones de violencia en la pareja no se denuncian. Según la macroencuesta de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del año 2019, solo el 21.7% de las mujeres que sufrieron violencia física, psicológica, sexual o emocional, denunciaron. En consecuencia, el 78,3% no lo hicieron, pero el 77.4% de ellas, terminaron la relación con el violento. Y, como el divorcio no es causal, no es necesario ni acreditar ni probar situaciones violentas para acceder a él. Consecuencia: la violencia que no se denuncia, no existe en sede judicial. Pero haberla, haila y tiene sus consecuencias también en los niños y niñas.

Volviendo a la macroencuesta del año 2019, nos informa que el 89.6% de las mujeres que sufrieron violencia de género tenían hijos menores de edad cuando ocurrieron los acontecimientos violentos, que presenciaron o escucharon. Y que el 51.7% de esos niños y niñas sufrieron ellos mismos violencia a manos de la pareja violenta de sus madres.

Cuando la violencia no se denuncia, en el 78.3% de los casos y las mujeres rompen la relación con el violento, el 77.4%, los comportamientos violentos con la pareja y con los hijos no son conocidos por el Juzgado, bien porque la madre no los ha relatado, bien porque los ha contado, pero al no existir necesidad de alegar causas, en el juzgado no han interesado.

Como también ocurre que en el imaginario judicial está instalada la idea patriarcal de que un maltratador es un buen padre, se acuerdan visitas en el 97% de los casos en los que hay violencia de género denunciada y en un 99,99% de los casos cuando no existe denuncia. Y esos niños y niñas, que han presenciado, oído y sufrido en muchas ocasiones la violencia llevada a cabo sobre su madre o sobre ellos mismos, se niegan a ir con el padre. Y lo que es violencia de género, desaparece llamándola conflicto, ocultando cuál es su verdadera causa e imposibilitando así resolver en esos casos en atención al interés superior de esos menores, que es ayudarles a recuperarse de situaciones muy duras vividas, proporcionarles paz y no obligarles sí o sí a cumplir las visitas con el progenitor violento.

Aunque solo sea por el futuro de estos niños y niñas, es tan importante erradicar la violencia machista de nuestra sociedad.

*Altamira Gonzalo es abogada

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