La reforma a la Ley de Hidrocarburos del Gobierno mexicano se atora en los tribunales

La agenda energética del Gobierno mexicano termina, una vez más, embarrada en los tribunales. Tras congelar la reforma eléctrica a mediados de marzo, un juez ha suspendido este lunes de manera provisional la aplicación de los recientes cambios a la Ley de Hidrocarburos al aceptar los amparos presentados por cinco empresas. La medida judicial tiene efectos generales y se extiende a todos los actores del sector petrolero y petroquímico, no solo a las denunciantes. La iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ampliaba las posibilidades para suspender permisos ya concedidos a las empresas y había sido criticada por la iniciativa privada como una vía a la expropiación.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro ha ordenado que se vuelva al texto original mientras dura la suspensión y ha justificado el carácter general de la medida en aras de la competencia económica. “De otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las promoventes del amparo, este juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, lo que ocasionaría distorsiones en la industria de hidrocarburos”, señala. Gómez Fierro ha fijado para este viernes la audiencia en la que se espera que decida si convierte la suspensión en definitiva, lo que dejaría la reforma en suspenso hasta que se resuelva el juicio.

La controvertida modificación de varios artículos de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en el Congreso a finales de abril, permitía a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía suspender “de forma temporal” los permisos ya concedidos a empresas privadas en caso de “peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética, y la economía nacional”. Las autoridades se harían cargo de las operaciones intervenidas por la duración de la suspensión. Además, los cambios legales endurecían las sanciones ante el robo de combustible y otras actividades ilícitas y añadían nuevas condiciones -una mínima capacidad de almacenamiento- para que una empresa pudiese obtener y conservar sus permisos.

Aunque el Gobierno ha presentado la reforma como una medida para fortalecer la seguridad energética del país y combatir el huachicoleo, tanto la oposición como el sector privado han visto en ella un intento por limitar la participación de las empresas en el sector y beneficiar a Pemex, la muy endeudada petrolera estatal que el Ejecutivo se ha propuesto rescatar del abismo financiero. Durante el debate en el Senado, los partidos de la oposición señalaron que la vaguedad de las nuevas cláusulas abría la puerta a la discrecionalidad en la cancelación de permisos por parte del Gobierno. Al mismo tiempo, auguraron que la ley, aprobada por Morena y sus aliados, acabaría siendo impugnada ante la Justicia.

El Gobierno lleva dos años y medio embarcado en una cruzada contra la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI), que estableció nuevos mecanismos para permitir el desarrollo privado de yacimientos petrolíferos. Enemigo declarado de esa liberalización, López Obrador ha buscado, mediante reglamentos y cambios legales, revertir ciertos aspectos que considera debilitaron a las empresas paraestatales, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y beneficiaron de manera indebida a las empresas.

Esos intentos han sido frenados, una y otra vez, en los tribunales. Empresas, partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil han presentado una lluvia de amparos donde apuntan a presuntas violaciones del principio de la libre competencia y del derecho a un medio ambiente sano, previstos en la Constitución. El presidente ha amagado con una reforma constitucional si su agenda queda atrancada. Su partido no cuenta con mayoría cualificada en ninguna de las dos cámaras, aunque la renovación de la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio puede alterar la balanza.

Con la decisión de suspender la reforma a la Ley de Hidrocarburos, Gómez Fierro vuelve a colocarse en el ojo del huracán. Las suspensiones que otorgó sobre la reforma eléctrica y el padrón de datos biométricos para los usuarios de telefonía móvil ya le valieron duras críticas por parte del Gobierno. López Obrador lo presentó como un aliado de las empresas y un representante de la corrupción del pasado y llegó a solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de velar por la ética de los jueces, que investigara a Gómez Fierro. Hace dos semanas, el ministro Arturo Zaldívar, que encabeza el Consejo, dio carpetazo a la investigación al concluir que no había “nada irregular” en la actuación del juez.

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