El choque con el INE anticipa la gran batalla por la reforma electoral

Lo que comenzó como la enésima trifulca entre el Gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE) ha derivado en múltiples frentes abiertos en instituciones clave del país, un choque de trenes que anticipa una de las grandes batallas de cara al final del sexenio: la reforma electoral. En poco más de dos semanas, la disputa por la organización de la consulta de la revocación de mandato ha ido escalando exponencialmente hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que avaló el miércoles provisionalmente el referéndum, y a la Fiscalía General de la República (FGR), que recibió al día siguiente una denuncia penal contra los seis consejeros del INE que habían votado a favor de posponer la consulta por falta de recursos tras el último tijeretazo a sus presupuestos.

El enfrentamiento político, abierto por aquella decisión del órgano electoral a mediados de diciembre, ha entrado ya en el terreno judicial, donde se juega a partir de ahora no solo la viabilidad de la consulta, una de las grandes bazas de Andrés Manuel López Obrador, sino el futuro del propio INE. En caso de que la FGR acepte la denuncia presentada por el grupo parlamentario de Morena por abuso de autoridad, con penas previstas que alcanzan los siete años, se abriría el proceso de desafuero contra los seis consejeros, incluido su presidente Lorenzo Córdoba.

Un movimiento inédito en el país pero que no pasaría del mero trámite, dada la mayoría suficiente de Morena y sus aliados en el parlamento, y que descabezaría a más de la mitad -son 11 los consejeros- del órgano electoral. El balón, de momento, está en el tejado del la Fiscalía, cuyo responsable, Alejandro Gertz Manero, suma un frente más en medio de fuertes polémicas y acusaciones de politización. Una de las más recientes, la investigación de la FGR por delincuencia organizada contra 31 integrantes de la comunidad científica, que provocó el rechazo tajante de la academia.

Al margen de la contienda partidista, instituciones educativas privadas y organismo autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Reguladora de Energía o el propio Instituto Nacional Electoral, han figurado entre las dianas favoritas del presidente en su estrategia polarizadora. En el caso del INE, los tres años de mandato han estado trufados de acusaciones de gastos y sueldos excesivos o denuncias de bloqueo de la última y hasta ahora única consulta organizada dentro del marco de la ley, sobre la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes.

La Corte como árbitro de las reformas

La nueva fase en la ofensiva contra el INE cobra una mayor dimensión a la luz de la agenda más inmediata del Gobierno. López Obrador tiene tres reformas como prioridad máxima de aquí al final del sexenio. Los cambios en el mercado eléctrico, el apuntalamiento de la Guardia Nacional y la reforma de la legislación electoral. En todos los casos, la Suprema Corte ha aparecido en escena como árbitro final de los proyectos del Gobierno.

Los movimientos dirigidos a preparar el terreno para las dos primeras reformas ya han sido impugnados ante el máximo tribunal mexicano alegando supuestas interferencias con la Constitución. Y la ruta por la que se encamina la materia electoral no parece que vaya a ser la excepción. A expensas de conocer si quiera un borrador de los planes del Gobierno, desde los puestos más altos de Morena se ha deslizado incluso la posibilidad de integrar el INE como parte el Ejecutivo.

Tras una semana de continuas andanadas contra el órgano electoral durante sus conferencias diarias matutinas, López Obrador ha preferido bajar el tono este lunes al posicionarse por “no penalizar nada”. El presidente ha subrayado su interés en que “que ya se terminen las denuncias y todo este tipo de acusaciones y que ya se organice”. El escenario que se abriría si la Fiscalía acepta la denuncia y el consiguiente desafuero de los consejeros no favorece desde luego la celeridad en la organización del referéndum, previsto en principio para el 10 de abril.

La Suprema Corte tiene de nuevo la última palabra. El miércoles por la noche, el máximo tribunal mexicano falló de manera exprés y preliminar a favor de anular la suspensión decretada por el INE. La decisión, en todo caso, no es definitiva y habrá que esperar a la vuelta de las vacaciones cuando el 11 de enero será debatida por los 11 magistrados de la Corte.

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