La Fiscalía deja sin policías ministeriales a la unidad que investiga el ‘caso Ayotzinapa’

El fiscal general de México, Alejandro Gertz, ha dejado sin policías ministeriales a la unidad de la dependencia que investiga el caso Ayotzinapa. Hasta mediados de agosto, la unidad contaba con 13 agentes como apoyo de los fiscales para realizar su trabajo. A finales de mes ya no tenía ninguno. Su salida ocurre en un contexto de choque entre la Fiscalía General de la República (FGR) y su propia filial, a raíz del proceso contra el exprocurador Jesús Murillo Karam y la cancelación de las órdenes de detención de presuntos implicados en el ataque contra los normalistas, que pidió la unidad en agosto. La tensión entre ambos departamentos ha ocasionado, además, la renuncia al cargo del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, tras un mes de presiones y choques con Gertz. Según ha podido saber EL PAÍS, Gómez Trejo decidió dejar su puesto hace semanas, decisión que ya había comunicado a las familias de los 43 y sus abogados. La FGR no ha informado al respecto.

Este fin de semana, EL PAÍS informaba de que la FGR pidió y consiguió la cancelación 21 de las 83 órdenes de detención que la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) había pedido a mediados de agosto. Entre las órdenes canceladas figuran las de 16 militares, entre ellos el comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Rafael Hernández Nieto, además del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, entre otros.

La cancelación de las órdenes, que se hizo efectiva el 13 de septiembre, ocurría semanas después de que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR ocupara la UEILCA. Como informó este diario, el movimiento obedecía al desacuerdo entre Gertz y la Unidad sobre los tiempos para consignar ante el juez la parte de la investigación que concierne a Murillo Karam. El fiscal general la quería inmediatamente, esto es, a mediados de agosto. La unidad y su titular, Omar Gómez Trejo, plantearon un horizonte de un mes más, para llegar bien preparados a las audiencias.

En este contexto, los policías ministeriales de la unidad dejaron de asistir a su puesto de trabajo. Según fuentes conocedoras de la situación, esto ocurrió en los últimos días de agosto, poco después de la detención de Murillo Karam, ocurrida el viernes 19. Para entonces, Gómez Trejo estaba en Israel. El fiscal del caso Ayotzinapa había viajado a aquel país para poner en conocimiento de sus pares la investigación que han armado estos años contra Tomás Zerón. Encargado de las pesquisas durante los meses posteriores al ataque, a finales de 2014 y principios de 2015, la UEILCA acusa a Zerón de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia, entre otros delitos.

De acuerdo a las mismas fuentes, los 13 agentes dejaron de ir a la unidad de manera repentina. Los policías trabajaban divididos por área. En el día a día, la UEILCA labora en dos grupos. Uno se dedica a investigar el ataque y la desaparición de los estudiantes. La otra se encarga de indagar a sus antecesores, presuntos autores de un montaje conocido popularmente como la verdad histórica, caso por ejemplo de Murillo Karam y Zerón. De los 13 agentes, un equipo de seis trabajaba con uno de los grupos y otro de siete con el otro. A día de hoy, ninguno cuenta con el apoyo de la Policía Federal Ministerial.

Mientras Gómez Trejo estaba en Israel, agentes adscritos a la unidad se comunicaron con los fiscales y les explicaron que les habían mandado a “La Muralla”, nombre con que se conoce al centro de capacitación de la FGR en San Juan del Río, en Querétaro. Desde finales de agosto, las preguntas de la unidad por el destino de sus agentes recibe la misma respuesta: “Los están investigando por un posible acto de corrupción”.

A finales de agosto, ya con Gómez Trejo de vuelta de Israel, la unidad pidió al fiscal general policías ministeriales para continuar con su labor. Entre otros temas, la unidad necesita agentes para las siguientes audiencias del caso contra Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Procesado en agosto, el juez dio un plazo de tres meses a las partes para reforzar sus argumentos antes de iniciar la audiencia intermedia, paso previo al juicio. Hasta el momento, no ha habido respuesta.

Este diario se ha puesto en contacto con un vocero de la FGR para saber el motivo de la salida de los 13 agentes de la UEILCA, pero de momento no ha obtenido respuesta. También se ha planteado al vocero por qué la Fiscalía no ha comisionado nuevos policías a la unidad y la respuesta ha sido la misma. El vocero tampoco ha contestado cuáles son los supuestos actos de corrupción que habrían cometido los 13 agentes.

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