De Medina Mora a Yasmín Esquivel: los escándalos de los ministros de la Suprema Corte

Lejos ha quedado la imagen del ministro de la Suprema Corte ajeno a las influencias terrenales, retraído en su sala judicial, con el aire circunspecto tocado por la toga cuasi clerical. Al menos siete de los 11 integrantes del máximo tribunal de México han estado en el centro de acusaciones de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés. El señalamiento de plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mossa es solo el último episodio de una cadena de polémicas protagonizada por los funcionarios públicos más poderosos y mejor pagados del país.

En pocos días, la Corte iniciará el proceso para elegir a la persona que presidirá el máximo tribunal durante los próximos cuatro años. La gestión de Arturo Zaldívar, el presidente saliente, se ha caracterizado por resoluciones progresistas en cuanto al aborto y la prisión preventiva oficiosa, pero también ha estado marcada por los errores de quienes tienen el deber de vigilar el cumplimiento de la Constitución. La sombra del escándalo se ha cernido sobre la elección sucesoria.

Medina Mora, acusado de corrupción

El 3 de octubre de 2019, el ministro Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia, arrastrando una acusación de corrupción. Nunca antes un ministro había dimitido de su cargo, para el que son designados por 15 años. El periodista Salvador García Soto dio a conocer el 5 de junio reportes de autoridades financieras de Reino Unido y Estados Unidos que detectaron transferencias millonarias a cuentas bancarias de Medina Mora en esos países. Según los documentos citados, el ministro –que fue designado en el cargo en marzo de 2015– recibió depósitos por 2,1 millones de dólares a EE UU entre 2016 y 2018, y por 2,3 millones de libras esterlinas en Reino Unido entre 2017 y 2019. Las transferencias, efectuadas cuando Medina Mora ya ejercía de ministro, sumaban alrededor de 102 millones de pesos y excedían por mucho sus ingresos como funcionario público.

García Soto añadió que, a raíz de las investigaciones de autoridades extranjeras, la Secretaría de Hacienda de México detectó que Medina Mora efectuó transferencias interbancarias por 23,3 millones de pesos y recibió un pago de 10,6 millones de pesos de una empresa por concepto de “pago de dividendo”. El ministro no había declarado un conflicto de interés por su relación con esa compañía ni con otras dos de las que, según la publicación, era accionista. Medina Mora respondió que la información estaba manipulada, pues varias transacciones fueron “dolosamente” expresadas en dólares o en libras esterlinas, cuando fueron efectuadas en pesos mexicanos.

Sin embargo, su renuncia llegó cuatro meses después, mediante una carta entregada al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. En sustitución de Medina Mora, el Senado designó como ministra a Loretta Ortiz, una abogada cercana al Gobierno de López Obrador.

La foto de la impunidad del peñismo

Medina Mora había sido propuesto como ministro por Enrique Peña Nieto. La designación fue criticada porque Medina Mora era visto como un incondicional del entonces presidente emanado del PRI y de su grupo de poder político.

La cercanía no era una mera percepción. El 11 de octubre de 2018, a menos de dos meses de que concluyera la Administración de Peña Nieto —en la que se documentaron enormes desvíos de recursos públicos y varios casos de corrupción—, la Presidencia de la República envió a la Suprema Corte de Justicia un recurso legal para tender un blindaje judicial en torno a funcionarios del peñismo. En los hechos, el recurso prohibía que las Fiscalías estatales investiguen a funcionarios federales. La maniobra impedía, por ejemplo, que la Fiscalía de Chihuahua indagara la participación de funcionarios de Peña Nieto en la Operación Safiro, un mecanismo de corrupción por el que fueron desviados 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda federal para financiar campañas electorales del PRI.

El recurso con el que se le cubrían las espaldas a Peña Nieto y a su gabinete fue admitido a trámite por el ministro Medina Mora el 29 de octubre de 2018. En mayo de 2019, el expresidente y Medina Mora volvieron a coincidir: estuvieron en la boda de la hija de Juan Collado, el abogado del poder, que había representado a Peña Nieto y otros connotados priistas, como Carlos Romero Deschamps, enquistado dirigente del sindicato de Pemex. También fue invitado el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (ahora FGR), Arturo Elías-Beltrán. En esa boda estuvieron presentes el entonces presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y los ministros Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La foto de la boda causó una sacudida en la política mexicana. Desde Chihuaha, que entonces gobernaba Javier Corral, la imagen fue recibida como una muestra del pacto de impunidad entre el poder Ejecutivo y el Judicial. Collado —hoy procesado por delincuencia organizada y blanqueo de activos por un fraude con su financiera Caja Libertad— formaba parte del despacho de abogados que defendía a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, La Coneja, gestor financiero de la Operación Safiro. La PGR de Elías-Beltrán maniobró para que ese expediente se le arrebatara a la Fiscalía de Chihuahua y quedara en manos de la Federación, que finalmente se desistió de investigar.

A excepción de Medina Mora, los ministros que fueron a la boda de la hija de Collado continúan despachando en la Suprema Corte. Gutiérrez Ortiz Mena incluso es candidato a la presidencia del máximo tribunal.

Vacunación VIP

La ministra Yasmín Esquivel fue objeto de otra denuncia en marzo de 2021, cuando la periodista Dolia Estévez dio a conocer que ella y su esposo, el empresario José María Riobóo, viajaron a San Antonio, Texas, para ponerse una vacuna contra la Covid-19, usando para ello las influencias de la ministra en el consulado mexicano en esa ciudad. La publicación reveló que el ministro Alberto Pérez Dayán hizo las mismas gestiones, en un viaje distinto al de Esquivel.

Estévez señaló que la ministra y su esposo obtuvieron dos matrículas consulares que fueron firmadas por el cónsul general, Rubén Minutti Zanatta, quien fue subordinado de Esquivel cuando esta era magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La periodista expuso que la obtención de las matrículas consulares fue irregular porque el matrimonio aportó un domicilio de San Antonio en el que no residen y porque esos documentos tienen el objeto de darle la protección jurídica mínima a los mexicanos que residen en EE UU sin papeles migratorios. Además, añadió Estévez, en ese momento las vacunas eran suministradas prioritariamente a ciudadanos estadounidenses identificados como poblaciones vulnerables, ya fuera por su edad avanzada o por tener algún padecimiento. La Cancillería inició una investigación interna contra el cónsul Minutti Zanatta por las presuntas gestiones a favor de su exjefa.

Ayuda a un exjefe

El Congreso de Nuevo León aprobó el pasado 30 de noviembre el inicio de un juicio contra Javier Navarro-Velasco, secretario general de Gobierno de Nuevo León, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, que lo acusó de abuso de autoridad. Navarro-Velasco fue denunciado por abstenerse de publicar en el Diario Oficial más de 50 decretos aprobados por el Congreso, lo que ha impedido que estos se conviertan en leyes.

El funcionario estatal obtuvo una suspensión que frena el juicio del Congreso y que fue otorgada por la ministra Margarita Ríos-Farjat el 22 de diciembre. El periódico El Norte publicó que la ministra pudo haber incurrido en un conflicto de interés, pues entre 1991 y 2008 trabajó como abogada asociada de la firma de servicios jurídicos Backer McKenzie, de la que Navarro-Velasco fue socio fundador (y superior jerárquico de Ríos-Farjat). Además, indicó el diario, una hermana de la ministra, Ana Maribel Ríos-Farjat, trabaja en la Unidad de Enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno, donde su jefe es Navarro-Velasco.

La ministra reconoció haber trabajado con Navarro-Velasco en el despacho jurídico. “Luego durante diez años no supe nada de él hasta que ambos fuimos tomando actividades públicas o de impacto público, como me pasó con muchas docenas de personas”, refirió. Sobre su hermana, dijo que “es una mujer libre de trabajar donde sea feliz”.

La familia judicial

En octubre de 2018, el portal Aristegui Noticias publicó que las hijas del ministro Luis María Aguilar, entonces presidente de la Suprema Corte, y del ministro Jorge Pardo Rebolledo laboran —y cobran— en el máximo tribunal, un caso de nepotismo indirecto ya documentado en el poder Judicial.

Ana Elena Aguilar Arrangóiz, hija del ministro presidente, tiene cédula profesional de cirujano dentista. A pesar de que su formación académica es ajena al Derecho, ha hecho carrera en dos tribunales colegiados y en un juzgado federal, hasta llegar a la Suprema Corte a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Daniela Pardo Soto Reyes, hija del ministro Pardo Rebolledo, ingresó a laborar al máximo tribunal mexicano en 2014, cuatro años después de graduarse de la carrera en Derecho. Ingresó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Secretaría Jurídica de la presidencia de la Corte, por decisión directa del ministro Aguilar, de acuerdo con la publicación.

Detenido en un alcoholímetro invisible

El ministro Javier Laynez fue detenido por la policía en octubre de 2021 en Torreón, Coahuila, supuestamente por conducir ebrio. Un informe de la Fiscalía estatal señaló que la detención se dio por parte de la policía de tránsito pasadas las dos de la madrugada del 9 de octubre “por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad”. El ministro fue liberado tras el pago de una multa de 300 dólares.

La noticia de su detención, con la versión oficial de la Fiscalía, estalló dos días después. Laynez salió al paso de la polémica y negó que estuviera conduciendo borracho. “Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo”, dijo a través de una carta difundida en los medios oficiales de la Suprema Corte. El ministro dijo que no fue detenido en retén de alcoholímetro alguno y que nunca fue llevado ante un médico, ministerio público o juez que certificara su estado al conducir. También dijo que fue liberado luego de que sus familiares hicieron el pago —requerido “únicamente en efectivo”—, por el que no recibieron algún comprobante. “No tengo absolutamente nada que ocultar ni de qué avergonzarme”, concluyó el ministro Laynez.

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