Los trabajadores del Poder Judicial alistan un paro nacional para impedir la aprobación de la reforma

Trabajadores de distintos sectores del Poder Judicial de la Federación (PJF) someterán a votación la decisión de un paro de labores indefinido para impedir el avance de la reforma judicial. En la víspera de la aprobación del proyecto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, jueces, ministros, magistrados y empleados sindicalizados han trazado el mapa de ruta sobre las acciones que emprenderán cuando se concrete la casi inminente aprobación del proyecto en la instancia legislativa o cuando se conozca el contenido. Los impartidores de justicia han calificado de “simulación” los foros nacionales para discutir la propuesta de reforma constitucional y llaman a frenar su avance en el Legislativo. Simultáneamente el gremio sindical ha informado que emprenderá acciones legales contra los juzgadores que presuntamente ejercen presión y amenazas contra el personal agremiado para persuadirlos para apoyar el paro de labores que se perfila inicie el primer minuto del miércoles 21 de agosto, si así lo decide la mayoría.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) han acordado la vía del voto para decidir si emplazan a un paro nacional en rechazo a la reforma enviada a la Cámara baja por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en febrero. La polémica reforma a la Constitución plantea, entre otros aspectos, que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular. Esto ha generado protestas de trabajadores e impartidores de justicia por las implicaciones laborales y su impacto en el sistema judicial. La jornada de votación se ha programado para el próximo lunes a partir de las 9.00 y hasta las 20.00 horas. Los trabajadores participarán en el plebiscito de manera electrónica mediante su correo institucional.

Sobre el levantamiento del paro laboral han establecido que sea hasta que se cumplan sus peticiones y con la aprobación de los órganos de dirección de la Jufed. La asociación ha dejado la puerta abierta al diálogo encaminado a la negociación y a la construcción de consensos para tomar las mejores decisiones “por el bien del Poder Judicial de la Federación como garante de la seguridad jurídica en México”, se lee en un comunicado. Los impartidores de justicia consideran que el ejercicio de parlamento abierto que la Cámara baja realizó de 27 de junio al 9 de agosto, “no cumplió con las características de una consulta parlamentaria para una reforma judicial”, y consideran que se requiere de un debate de mayor altura.

Entre las consideraciones que han puesto sobre la mesa está el despido masivo de jueces que, dicen, serán reemplazados por quienes obtengan mayor número de votos en el proceso extraordinario de elección programado para 2025, de acuerdo a la iniciativa presidencial. El debilitamiento a la división de poderes y a la carrera judicial, también se han colocado como puntos de alerta en el posicionamiento de jueces y magistrados. “Las personas juzgadoras pedimos al Congreso que detenga el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacía una reforma integral bien meditada”, se lee en el comunicado.

La comisión legislativa perfila discutir y votar el proyecto el próximo 22 de agosto para heredarlo a la siguiente legislatura que inicia el 1 de septiembre. El bloque oficialista de Morena y sus aliados han establecido esa ruta como estrategia para mantener vivo el paquete de reformas a la Constitución enviado por el mandatario mexicano. Con la nueva legislatura en la Cámara baja, el oficialismo cuenta con la mayoría calificada de 334 votos que se requieren para aprobar las enmiendas a la Carta Magna y sin necesidad de negociar con la oposición.

Por otra parte, el sindicato ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes presuntamente mediante presión y amenazas buscan persuadir a los trabajadores para que apoyen el paro de labores contra la reforma judicial. Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general de la agrupación gremial, expuso que sólo ocho de las 66 secciones sindicales apoyan la suspensión de labores. Por ello, la organización no anunciará ninguna acción hasta conocer el contenido del proyecto que comenzará a circular entre los legisladores este viernes. Solo hasta que corroboren que se encuentran “intocados nuestros derechos laborales y prestaciones, se decidirá por la plenaria las medidas a tomar, sin descartar la suspensión de labores, como medida extrema”, detallan en un comunicado aparte.

El líder sindical recordó que el gremio que representa elaboró una propuesta para adicionar apartados a la reforma judicial, que incluye la selección de los aspirantes a jueces y magistrados mediante concursos de oposición, antes de que sean electos a través del voto popular. También piden que se respeten los derechos y prestaciones adquiridos por los empleados ante el recorte de los fideicomisos, y que los conflictos sean resueltos por el Tribunal de Disciplina Judicial.

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal (CONAC), otra ala de trabajadores, también se encuentra en periodo de definición para iniciar el paro de labores. Rosa Elena Alonzo, directora de la organización que representa a este sector desde hace 50 años a nivel nacional, adelantó que 55.000 trabajadores ultiman detalles para iniciar la protesta en caso de que no sean tomadas en cuenta sus propuestas para mejorar la reforma judicial. En paralelo, como parte del plan de acción, el Colegio prepara acciones para acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir el respeto de sus derechos. Alonzo refiere que con la implementación de la reforma 10.000 trabajadores de confianza quedarán sin empleo en automático.

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