¿De qué sirven 10.000 guardias nacionales?

De broma –porque dicen por ahí que es mejor reír que llorar– los acapulqueños los han nombrado “politaxis” y “guardiabuses”; son las patrullas de la policía estatal y los camiones de la Guardia Nacional, que el Gobierno de Guerrero y la Administración federal han ofrecido para que la gente en el puerto de Acapulco se mueva e intente seguir con su vida cotidiana, en una ciudad virtualmente paralizada por la extorsión del crimen organizado a los concesionarios de transporte. Hace unos días fue asesinado un chofer amenazado que no quiso o no pudo cumplir con la cuota que exigían los criminales. Un par de días después, los propios delincuentes quemaron otras unidades de transporte público, mandando el mensaje ya conocido: “Pagas o mueres”. Fue entonces que los transportistas decidieron parar porque no hay condiciones mínimas para trabajar y no cuentan con la protección de ninguna autoridad.

Siempre han sido extorsionados, pero cuando los turistas dejaron de ir al puerto tras el paso del huracán Otis, a los criminales se les esfumaron jugosas ganancias, derivadas principalmente del narco menudeo, y decidieron apretar más a los transportistas, una fuente de recursos segura y constante para ellos. Además, de acuerdo con denuncias del propio arzobispo de Acapulco, también comenzaron a extorsionar a los damnificados del Huracán, en cuyas viviendas está pegada la estampa que indica que son beneficiarios censados por la Secretaría del Bienestar, y les quitan el dinero que recibieron para la reconstrucción.

El puerto es una ciudad sitiada por el crimen. Estos grupos son los que deciden quién trabaja y quién no, el costo de los alimentos básicos, quiénes pueden llegar a la escuela y quiénes deben permanecer en sus casas, quién pueden pasar libremente por una calle y quién no. Los 10.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el puerto “para garantizar la seguridad” poco pueden hacer porque simple y sencillamente no están capacitados para ello: son militares haciendo labores de policía y hasta fungen como choferes de transporte público. Los elementos no saben cuál es su función porque, desde la creación de la Guardia Nacional, han hecho de todo: hoy transportan a usuarios a las playas de Caleta, ayer sacaban paraguas atorados en el metro de la ciudad de México, mañana serán desplegados a quién sabe dónde para hacer quién sabe qué. El colmo del colmo es que medios locales reportaban que a los camiones de la Guardia Nacional usados como peseros de transporte público, “los acompaña una patrulla con efectivos armados para su seguridad”. A la Guardia la cuida una patrulla porque no hay seguridad… que ellos deberían en teoría garantizar.

Hay que reconocer que es complejo luchar contra el delito de la extorsión, pero la presencia militar en las calles no resuelve nada si no se apuntala con el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia y de las fiscalías encargadas de perseguir el delito en todas sus manifestaciones. Las redes complejas y profundas que establecen los grupos de crimen organizado para extorsionar y ejercer poder y control sobre una comunidad, solo pueden combatirse con una mayor presencia del Estado, porque estas redes florecen en lugares donde el Estado es más débil: ahí donde la autoridad no tiene presencia, los criminales operan, extorsionan, deciden y ganan.

En unos días, el presidente López Obrador presentará una serie de iniciativas de ley, entre las que se encuentra una que plantea que la Guardia Nacional debe ser parte del Ejército Mexicano. Si no había suficiente evidencia desde antes, Acapulco nos ha enseñado algo en los últimos días: la obsesión presidencial con pasar el control de la Guardia Nacional a la Sedena solo abrirá más espacios de impunidad y de acción para el crimen organizado. Dos datos finales que deberían estar en el foco de atención del presidente: 1) según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), la extorsión es un delito con prácticamente 100% de impunidad en el país (de los casi cinco millones de extorsiones reportadas, sólo se integran 9.000 carpetas de investigación y se llega a recuperar el daño en 0.2% de los casos); 2) por increíble que parezca, hay Estados en el país que ni siquiera cuentan con el tipo penal para combatir la extorsión en su Código Penal estatal; Nayarit es uno de ellos. A nivel federal, la ley es de 1984.

Aun tomando las decisiones correctas, reducir los índices de impunidad tomará mucho tiempo. Cualquier cosa será mejor que lo que hoy se está viviendo en Acapulco… y que las carcajadas que debe estarle sacando al crimen ver los camiones de la Guardia Nacional hacer el recorrido Caleta-Zócalo-Centro “en apoyo al transporte público”.