El cuestionable papel del fiscal colombiano

Francisco Barbosa, el actual fiscal general de Colombia, se autoproclamó el mejor fiscal de la historia. Sin embargo, su camino ha estado lleno de cuestionamientos, críticas y verdaderas barbaridades jurídicas. En la actualidad, para muchos analistas y expertos, su fiscalía parece más una policía política y jurídica para eliminar competidores políticos del partido de Gobierno que un ente que represente la independencia de la Justicia.

Muchas de sus actuaciones tienen poco sustento jurídico, otras, aunque lo tengan, han tenido un manejo mediático cuestionable, pero lo que es claro es que actúa contra opositores al uribismo, mientras que en casos jurídicos que envuelven a militantes o cercanos al uribismo hay todo tipo de dilaciones y demoras. Entre otras, se le crítica por la cuestionada captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien es investigado por presuntas irregularidades, un caso de hace más de 15 años y que fue, extrañamente, desempolvada. Luego, la fiscalía colombiana abrió una investigación penal contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por salir a mercar con su pareja en pleno confinamiento o cuarentena. En el mejor de los casos esa actuación daba para una investigación disciplinaria, pero no penal. Días después la investigación fue cerrada.

Lo peor vino semanas después. En una entrevista bastante mediática, el fiscal Barbosa acusó al senador de izquierda, opositor al Gobierno de Duque y principal candidato presidencial, Gustavo Petro, de estar involucrado en la ñeñepolítica, un sonado escándalo que puso contra las cuerdas, por varias semanas, a la actual Administración. El supuesto audio, en realidad, era una mención que hacía el cuestionado Ñeñe Hernández hacia Petro en forma de crítica y cuestionamientos por su votación en el departamento de La Guajira. Como era apenas esperable, horas después, el fiscal salió a recoger velas y dijo que no había investigación contra Gustavo Petro.

El otro caso donde estaría involucrado el fiscal se conoció a finales del 2020 donde, increíblemente, se frenó la imputación de cargos al hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, tal vez uno de los uribistas más importantes. No se debe olvidar que Ramos ha estado salpicado en varios escándalos de corrupción, entre ellos, el de la parapolítica. Incluso, el portal La nueva prensa destapó un escándalo donde supuestamente había un complot para culpar al exministro Horacio Serpa, el expresidente Ernesto Samper y el abogado Ramiro Bejarano en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Cosa que se cayó, cuando las FARC, ante la JEP, asumieron la responsabilidad de este hecho.

El último de los cuestionamientos se refiere a una imputación de cargos contra el candidato presidencial Sergio Fajardo en un tema que parece asombroso jurídicamente. Se refiere a que no se tuvo en cuenta la volatibilidad del dólar, un caso que parece, sencillamente, ridículo.

Todo esto se da en medio de filtraciones de información a algunos medios de comunicación y periodistas con el objetivo de ganar el favor de estos medios y evitar las críticas. Sin embargo, las dudas sobre la objetividad del fiscal son inmensas. Francisco Barbosa es amigo de la infancia del presidente, hizo campaña por Duque, también por el Centro Democrático, luego, fue funcionario de Duque y de ahí salió a la fiscalía. Es evidente que un militante, exfuncionario y amigo personal del presidente no debería ser el fiscal general de la nación y menos, con este perfil, se puede confiar en sus actuaciones.

El daño que Barbosa le está haciendo a la Justicia y la institucionalidad es enorme, y cualquiera de sus actuaciones en el futuro, así sea con sustento jurídico, causará dudas y debates políticos. Barbosa, sencillamente, debería dejar la fiscalía y con ello evitar dañar aún más la institucionalidad jurídica del país.