El interrogante sobre el 20 de julio

El pasado 28 de abril estalló en Colombia una ola de protestas sin precedentes en el país. Desde ese momento, con altibajos, se viven protestas constantes. Hace cerca de tres semanas el comité del paro nacional señaló una pausa en las marchas, con el objetivo de dejar pasar el tercer pico de la pandemia y, además, evitar el desgaste de las movilizaciones. En ese momento, el comité citó para el 20 de julio una gran movilización y la retoma de las protestas. Si bien dicha decisión no fue asumida por muchos grupos juveniles, lo cierto es que logró desactivar a la mayoría de las personas que salían recurrentemente a marchar.

En medio del cese de las marchas y su reinicio, el próximo 20 de julio, han sucedió al menos tres cosas que impactarán las movilizaciones de la próxima semana. Por un lado, el Gobierno nacional inició lo que podría considerarse una política de la provocación: anunció un proyecto de ley para criminalizar la protesta, cerró cualquier posibilidad de negociación y, además, ha desplegado una estrategia mediática para calificar la protesta social como una gran conspiración de la “izquierda internacional” y un tema de terrorismo. Es decir, se ha negado a ver la realidad de Colombia, donde millones de personas no pueden comer tres veces al día, el desempleo juvenil llega al 30% en las grandes ciudades, el de las mujeres ronda el 27% y, en general, hay una crisis económica profunda. A esto se le suma la crisis de seguridad que atraviesa el país y la fuerte crisis política y de legitimidad de las instituciones nacionales.

Lo segundo que sucedió fue una especie de polarización entre sectores sociales. Por un lado, los jóvenes se sienten traicionados y la política de la provocación no ha hecho otra cosa que radicalizarlos. Por otro lado, sectores de la clase media alta han comenzado a rechazar la protesta social debido al repudio a los bloqueos o cortes de vías que hicieron los manifestantes. Cali es el ejemplo de esto. La pregunta que ronda para el 20 de julio es que tanto desgaste hay en la sociedad colombiana frente al paro nacional. En fin, hay un proceso de radicalización en varios sectores sociales, por ende la pregunta es para dónde se va a inclinar la mayoría de la sociedad: hacia los que apoyan o hacia los que rechazan la protesta.

Lo tercero que sucedió fue el inicio de las campañas electorales. El mundo político solo piensa en votos y eso ha comenzado a afectar la interacción entre los grupos ciudadanos, tanto los que apoyan la protesta social, como entre los que la rechazan. La campaña electoral se metió en medio de la movilización. Eso, aunque esperable, pues estamos a ocho meses de elecciones a Congreso y menos de un año de las presidenciales, tendrá un impacto en las movilizaciones que arranquen desde el mes de julio.

El interrogante que ronda a analistas, expertos, periodistas y autoridades es sobre lo que podría pasar el próximo 20 de julio. Las razones por las que la población salió a marchar no han cambiado, no se ha solucionado nada y el Gobierno no ha negociado nada. Por otro lado, es cierto que hay un desgaste de sectores poblacionales frente a las marchas. Pero no es claro quien ganará el pulso, ese día sabremos si, nuevamente, la Administración Duque quedará contra las cuerdas o si lograron desactivar el paro. También, la otra pregunta es sobre los niveles de violencia que se presentarán ese día. El Gobierno ha utilizado algunos hechos de violencia para calificar de vándalos a la mayoría de los marchantes. Aunque la mayor preocupación hacia la violencia viene desde el comportamiento de la policía colombiana, que durante las primeras tres semanas del paro se caracterizó por una violencia brutal contra los civiles: muertos, heridos, agresiones sexuales y lesiones oculares fueron una constante.

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