No disparen al Constitucional

El Tribunal Constitucional ha tardado demasiado tiempo en dictar sentencia sobre la pertinencia del decreto de alarma para frenar el estallido de la pandemia sanitaria. Hubo quienes en marzo de 2020, cuando vieron al país desbordado por los contagios debido a un sistema sanitario desguarnecido, criticaron que no se tomaran medidas drásticas y con anterioridad. Fueron esas mismas voces quienes ante el descenso de contagios y muertes comenzaron a exigir medidas en dirección contraria. Esa reclamación para relajar medidas vino cuando ya había pasado el miedo. Es una actitud típica de los que se lanzan al mar a salvar supervivientes cuando ya ha terminado la tormenta. El Tribunal Constitucional actuó tarde entre otras cosas porque el recurso se lo plantearon los mismos que se sumaron a la mayoría amplísima que aprobó el estado de alarma en el Congreso. Es decir, se le invitó participar políticamente cuando terminó el tiempo de las urgencias y comenzó el tiempo de los réditos electorales. A eso se le llama ventajismo y quizá por ello su sentencia está llena de notas al pie, pues tan solo desestima la utilización de la alarma en lugar de la excepción, pero falla en favor del contenido general de las medidas. De hecho, da la sensación de que quienes la celebran con algarabía ni tan siquiera se han parado a leerla.

El Constitucional es un limitador del poder político y sus decisiones siempre causan roces. Benditos sean, sin ellos careceríamos de libertad. De la libertad real, no la de las cañitas frivolonas. Quizá el gran problema de esta sentencia es que ha sido dictada por un tribunal partido en dos. Transmiten a la sociedad su propia disputa y por lo tanto en lugar de resolver un problema, lo enconan. De hecho, la protección de los ciudadanos, que es la primera garantía que guía al Constitucional, no aparenta estar más defendida por el estado de excepción que por el de alarma. Todo lo contrario, con el decreto de excepción el Gobierno habría transmitido una sensación de problema de orden público cuando lo que España sufría era una catástrofe natural. Ese fue el motivo por el que apenas vivimos episodios de insumisión frente a las restricciones más duras del confinamiento. La población se sintió salvaguardada y acató lo que consideraba que le beneficiaba a nivel personal. Eso sí, meses después surgió una nueva variante del contagio, la del oportunismo electoral, y ahí comenzó a funcionar esa maquinaria tan bien engrasada de judicializar la vida política de acuerdo al defecto original de haber politizado la vida judicial con anterioridad.

Y así se escribe nuestra historia. La del descrédito de las instituciones que limitan el poder a los políticos. Haríamos bien en acatar el fallo del Constitucional y aclarar para el futuro el mecanismo preciso de control frente a catástrofes naturales. Como apuntan las lluvias torrenciales en Alemania, que han causado cientos de muertos, y la temporada monzónica que España vive cada septiembre y octubre, nos encontramos a las puertas de un periodo de enorme riesgo climático y sanitario. Por ahí están llegando precisamente las primeras sentencias en tribunales alemanes, que castigan a los Gobiernos locales por no tomar medidas ante el calentamiento global. Con esa actuación se adelantan al error político en lugar de participar de la estrategia ventajista habitual.