Cuando los aforados le huyen al fuero

En Colombia, como en casi todo el mundo, hay un sistema de aforados. Es decir, personas que por el rol, cargo o papel que cumplen en una sociedad tienen un sistema especial de justicia. Los presidentes, senadores, miembros de altas cortes de justicia y, en casi todos los países, los militares gozan de este fuero. Estos fueros se crearon bajo tres ideas básicas. Por un lado, la teoría jurídica indica que estas personas cumplen un papel importante para la sociedad y que, por ende, necesitan que sean jueces especializados los que los juzguen. En segundo lugar, se dice que para el caso de congresistas, ya sean senadores o representantes a la Cámara, debe ser el mejor juez el que los juzgue. En el caso colombiano el mejor juez sería la Corte Suprema de Justicia. Hay una tercera interpretación de los aforados y es que el sistema se creó para protegerlos, es decir, para buscar garantías de impunidad. En ultimas, es un privilegio.

Desde hace algunos años, en Colombia las cosas se invirtieron. Los políticos, una vez era capturados o estaban en pleno proceso de investigación, y cuando era inminente su captura o judicialización, renunciaban a la curul del Senado o la Cámara para evitar ser juzgados por la Corte Suprema y pasar a la justicia ordinaria, particularmente a la Fiscalía General de la Nación. Hubo dos momentos en la historia donde esto hizo carrera entre los congresistas. En primer lugar, en el denominado escándalo de la parapolítica, en el cual decenas de legisladores fueron judicializados e investigados por su relación con grupos paramilitares. Incluso, jefes paramilitares llegaron a decir que el 40% del Congreso lo habían puesto las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante esos años se hizo famosa una frase del entonces presidente Álvaro Uribe, y era que votaran por ellos mientras no los condenaran.

El segundo momento histórico de renunciar a su curul para evadir la justicia lo impuso el expresidente Uribe hace apenas algunos meses. El famoso caso de “volteo de testigos” por el cual el exmandatario fue enviado a detención domiciliaria por la Corte Suprema desembocó en su renuncia al Senado y su caso pasó a la Fiscalía, la cual ha pedido recientemente su absolución. Esto ha generado todo tipo de debates, pues el actual fiscal general, Francisco Barbosa, fue parte de la campaña del Centro Democrático, exfuncionario del Gobierno Duque y votó por el uribismo. Además, para algunos investigadores y periodistas la Fiscalía omitió pruebas contundentes contra el expresidente.

El último de los episodios de renuncia para evitar la judicialización lo protagonizó el exsenador Richard Aguilar, hijo del cuestionado político Hugo Aguilar. Además, es miembro de la coalición de Gobierno y su proceso se deriva de cuando fue gobernador del departamento de Santander hace algunos años. En la actualidad su hermano, Mauricio Aguilar, es el gobernador.

El problema con estas acciones para evadir la justicia es que afectan la legitimidad del Estado, su imagen y causan mucho daño a todo el aparato institucional. Hoy, la impopularidad del Congreso está por encima de 80% y pocos creen en los partidos políticos. Sin embargo, al final, como en cualquier democracia, la culpa no la tiene el Congreso, o los partidos o la clase política. La culpa es de la ciudadanía que vota por corruptos y luego se queja. Lo de Aguilar se había denunciado hacía años y mucha gente volvió a votar por él. En las democracias la ciudadanía es la culpable del tipo de gobernantes que gana. Nadie más tiene la responsabilidad.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región