Fronteras que matan

Hay fronteras que matan. Prueba de ello es la historia de un joven de Togo que, con tan solo 17 años, partió de Libia hacia Europa en una barcaza, naufragó en aguas del Mediterráneo, vio ahogarse a seis amigos y salvó la vida a una bebé. Luego, a bordo de nuestro barco de rescate, el Geo Barents, decía que si huyen es porque allí donde está su hogar, no están “bien”. Si estuvieran bien, si no hubiera guerras, hambre ni pobreza que amenazaran sus vidas, no se embarcarían en la tragedia en la que hemos convertido el Mediterráneo: una fosa con más de 27.500 muertos desde 2014, según la Organización Internacional de las Migraciones. También hay políticas que provocan esos muertos.

Nuestro buque, que trata junto a otros de cubrir el vacío de operaciones de salvamento de la UE, rescató a 71 supervivientes hace unas semanas. Aunque una mujer murió después y 30 personas siguen desaparecidas. Entre ellas, ocho niños. Tres de ellos, menores de un año.

Este no es un caso aislado. También a finales de junio, la frontera sur de Europa vivió uno de los episodios más trágicos tras la reanudación del acuerdo migratorio entre España y Marruecos. Al menos 23 personas, según fuentes oficiales, murieron en Melilla tratando de cruzar la valla que separa África de Europa. Organizaciones como Caminando Fronteras elevan la cifra a 37 y denuncian el desprecio de las autoridades marroquíes por los heridos. Por no hablar de la inexistencia de autopsias o de reconocimiento de los cadáveres. Algo así, más allá de matizaciones posteriores, no puede calificarse como “una operación bien resuelta”, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

¿En qué momento hemos perdido el pulso como sociedad para normalizar lo que para algunos Estados parece ser la única vía para controlar la migración? ¿Cuándo hemos aceptado que las voces contra la violencia sean cada vez menos y peor vistas?

Este goteo de tragedias no es más que la punta del iceberg de un enfoque migratorio basado en la disuasión, la violencia y el refuerzo de las fronteras sustentado en terceros países no seguros que contienen los flujos migratorios. Un sistema que deja nulo espacio para el cumplimiento de acuerdos ratificados por la UE, como la Convención del Estatuto de los Refugiados.

Se ha normalizado un discurso que cosifica a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo como una grave amenaza. Este discurso dilapida cualquier atisbo de humanidad y de mecanismos que establezcan vías seguras y garanticen marcos de protección para aquellos que huyen de la violencia de lugares como Sudán del Sur, Etiopía, Libia... Países que conocemos bien en Médicos Sin Fronteras. Por eso, tenemos claro que huir de ellos no debería ser un delito.

Si la masacre de Melilla y el naufragio en el Mediterráneo no son tragedias puntuales, tampoco lo son las políticas migratorias europeas. El maltrato a migrantes se generaliza en países con un marco de derechos humanos que presupondría un enfoque más acorde con las leyes y la humanidad. En las últimas semanas, hemos sido testigos de varios episodios en los que políticas fronterizas dañan y arrebatan vidas. En Reino Unido, entró en vigor parte de la Ley de Nacionalidad y Fronteras, que establece que solo se puede solicitar asilo en suelo británico, pero obvia que, para estas personas, apenas hay manera legal o segura de llegar allí. Y aquellas que lleguen irregularmente, podrán ser deportadas a Ruanda. Un acuerdo entre estos dos países en línea a los de Turquía y Libia con la UE.

En Texas, 50 personas que viajaban desde Latinoamérica murieron hacinadas en un camión. En Panamá, miles atraviesan la selva de Darién donde nuestros equipos constatan enormes carencias en protección, atención médica y servicios básicos. Lo vemos también en las islas griegas, Níger, Libia… En el desierto de este país, a 120 kilómetros de Chad, el mismo día del rescate del Geo Barents, se encontraron 20 cuerpos de migrantes que habían muerto de sed.

El hilo conductor de estas tragedias es que todas resultan de políticas fronterizas hostiles, externalizadas a países no seguros y diseñadas para infligir sufrimiento. Políticas sustentadas en la militarización, en el racismo y en la criminalización de quienes ejercen su derecho a buscar protección.

Urgen vías legales y seguras para el tránsito de personas, y garantizar su derecho al asilo en frontera, independientemente de su nacionalidad. En esto, España va a la cola. En 2021, la tasa de reconocimiento de protección internacional fue baja, con solo un 10% de casos en los que se concedió el estatus de refugiado o la protección subsidiaria. La media europea está en un 35%.

La ayuda al desarrollo y a la acción humanitaria debe destinarse a luchar contra la pobreza; nunca al control de fronteras ni a contener a personas que huyen de conflictos y miseria. Solamente así evitaremos que un joven de 17 años tenga que salvar a una bebé de morir ahogada en el mar.