Chabolismo

En el plazo de tres semanas, el 15 de diciembre, el Gobierno español está emplazado a informar al Consejo de Europa sobre las medidas adoptadas para remediar la situación inconcebible de en torno a 4.500 personas, 1.800 de ellas menores de edad, que habitan infraviviendas situadas en la Cañada Real Galiana, en Madrid, con la luz cortada desde hace dos años. Este poblado volvió a ser noticia cuando resistió sin nada (también sin luz) a la borrasca Filomena de enero de 2021, y sin que la responsabilidad compartida por la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos afectados haya sido capaz de desbloquear la situación.

Aunque el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, carece de mecanismos para obligar a los gobiernos, activa sus peticiones de medidas inmediatas cuando entiende que la situación puede derivar en “daños irreparables para las personas afectadas”. En caso de no restablecer el suministro eléctrico, el Gobierno deberá asignar un alojamiento alternativo a las familias. Es indigerible la supervivencia del chabolismo en un país que no baja del decimocuarto lugar en el ranking de países con mayor PIB del mundo. La pandemia del chabolismo creció durante el franquismo y buena parte de la democracia, y su progresiva desaparición ha sido una larga batalla de más de medio siglo. Pero no ha terminado aún, y debe hacerlo. Los datos e informes que han decantado la decisión del Comité proceden de varios organismos internacionales y entidades sociales, entre ellos Comisiones Obreras, que exigen el cumplimiento por parte de España de los acuerdos sobre derechos económicos y sociales incluidos en la Carta Social Europea Revisada (y que España ratificó en mayo de 2021). La llegada del invierno crudo hace un poco más evidente la urgencia de encontrar soluciones a una situación bochornosa.

La tramitación actual de la ley de vivienda ofrece otro flanco para desbloquear la emergencia de miles de familias —sin luz, sin saneamientos urbanos, sin pavimentación, muchas veces sin agua corriente— en situación parecida en otros lugares de la geografía española. Aunque los planes estatales de vivienda ya incluyen dotaciones económicas que articulan las distintas administraciones para la erradicación de las infraviviendas, la acción pública es todavía muy insuficiente. El repunte en los últimos años de este tipo de asentamientos es una razón más para reforzar esa política de Estado de una democracia desarrollada a la altura de 2022. Las víctimas más graves de la continuidad de la infravivienda son los niños. La infancia está dotada de una resiliencia excepcional en situaciones excepcionales, pero las condiciones de vida del chabolismo reducen de forma drástica y hasta destrozan cualquier posible futuro alternativo. Una poderosa democracia económica como la española —adiestrada ya en recortes de energía y ahorros de todo tipo— ni puede ni debe permitir que un segmento tan alto de sus hijos carezca de la mínima posibilidad social, educativa y estructural de escapar de la radical precariedad.