Alivio institucional

Después de seis meses de excusas y maniobras dilatorias, el Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden de acuerdo con la Constitución. El nombramiento se suma a los dos que ya había designado el Gobierno en su cupo correspondiente, con lo que se completa el grupo de cuatro magistrados que debe sustituir a aquellos que tienen el mandato caducado desde junio. La decisión, tomada por sorpresa después de que el sector progresista del Consejo renunciara a su candidato y votara a favor de la propuesta de los vocales conservadores —con el candidato conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano—, acaba con una situación inaceptable que estaba erosionando al árbitro constitucional por el empeño partidista del Partido Popular y que no se puede volver a repetir.

Los cuatro nuevos magistrados del Constitucional son el exministro de Justicia y juez de carrera Juan Carlos Campo, la catedrática de Derecho Constitucional y exalto cargo de La Moncloa Laura Díez (a propuesta del Gobierno), y los citados Tolosa y Segoviano, los magistrados del Supremo que nombró el Consejo. Esta última es una renovación que se ha saltado los códigos respetados hasta ahora según los cuales cada sector del órgano de gobierno de los jueces nombraba a un candidato. La última maniobra de dilación de los vocales conservadores, que han degradado su cargo hasta límites desconocidos, consistía en vetar al candidato del sector progresista, el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés. Para ello, propusieron a su propia candidata de esa sensibilidad, la magistrada Segoviano, trasladando así al otro sector la responsabilidad de frenar la votación. Los ocho vocales progresistas decidieron en bloque este martes, en un movimiento sorpresivo, votar esa propuesta y desbloquear la renovación del Tribunal. Los conservadores demostraron su talante hasta el final vetando a un candidato, pero con la decisión de los progresistas la realidad se impone: tras el desbloqueo y probablemente durante los próximos nueve años el Constitucional tendrá una mayoría de orientación progresista según la alternancia que se ha venido produciendo a lo largo de toda la democracia del 78 y que el PP ha tratado de impedir por todos los medios.

Tras el alivio que produce la renovación del Constitucional, todos los focos se vuelven hacia el propio Consejo General del Poder Judicial que ha cumplido cuatro años caducado, en una situación de deterioro institucional sin precedentes y sobre cuyo origen no cabe equidistancia: la salvaguarda del consenso que los constituyentes estipularon al obligar a que los nombramientos en el Poder Judicial se hicieran por una mayoría de tres quintos, está siendo manipulada por el Partido Popular hasta convertirlo en un derecho de bloqueo de la minoría para mantener el control de los órganos constitucionales cuando las urnas no le otorgan mayoría. Este obstruccionismo sigue siendo a fecha de hoy la mayor mácula en la calidad democrática de España.

Queda la cuestión de cómo evitar que esta situación se repita. El Gobierno ha intentado varias reformas en este sentido. Primero, dejó sin competencias de nombramientos al CGPJ para forzar su renovación, pero fracasó. Ni siquiera la dimisión del presidente del órgano, Carlos Lesmes, hizo recapacitar a los vocales conservadores. El último episodio ha sido una reforma apresurada, en forma de enmienda y escamoteando el debate, a las leyes orgánicas que regulan el Constitucional y el Consejo. Tras la suspensión por el Constitucional de esas enmiendas, el Ejecutivo había planteado una proposición de ley para intentar salvar del desprestigio al menos del Constitucional. Ayer se demostró claramente que ese desbloqueo era cuestión de diez minutos si una de las partes no hubiera estado maniobrando torticeramente durante varios meses. Pero algo está quedando acreditado ante la opinión pública: este modelo de elección de los órganos constitucionales es insuficiente para hacer funcionar al sistema cuando una parte actúa con deslealtad. Sin prisas, y con todas las garantías, hay que reformarlo para evitar la apropiación irregular de las mayorías, para evitar el partidismo extremo del poder judicial y para devolver el prestigio a instituciones fundamentales de la democracia.