Regresos frustrantes

Los 64 funcionarios que destinará provisionalmente Hacienda a la tramitación del reconocimiento en España de títulos universitarios obtenidos en el extranjero podrían ser el principio del final de un calvario personal padecido por decenas de miles de profesionales, en su mayoría latinoamericanos, ahora instalados en un limbo burocrático que frustra cualquier proyecto de vida. A pesar de los buenos deseos expresados por Manuel Castells, anterior ministro de Universidades, hace ya casi dos años, la situación se ha hecho explosiva. El decreto ley que se comprometió a impulsar en marzo de 2021 para agilizar las gestiones para obtener la equiparación u homologación de la titulación extranjera solo ha entrado en vigor este noviembre, a instancias del ministro Joan Subirats, y con la situación agravada por el atasco descomunal desde 2014 (con en torno a 40.000 solicitudes), sumado a las peticiones de los últimos años: 24.000 en 2021, más el sustancial incremento en 2022 de hasta 40.000 nuevas solicitudes.

Las cifras esconden innumerables frustraciones de profesionales de alta cualificación y delatan o bien desidia culpable o bien una insuficiencia de recursos grave. La casuística es desesperante, afecta a múltiples perfiles y los testimonios aducen infiernos burocráticos de otra época donde se mezclan la petición de documentos que no existen en otros países, traducciones juradas y copias compulsadas que han sido parte de la peor historia de la Administración. En esa abultada bolsa de profesionales sin respuesta administrativa no son raros los casos de esperas de cinco, seis y hasta siete y más años. Aproximadamente un tercio reclama el reconocimiento de un grado académico o de un máster (equivalencias), y otros dos tercios corresponden a homologaciones que facultan para trabajar en profesiones reguladas. Mientras las equivalencias con el nuevo sistema son muy rápidas, las homologaciones demandan un mayor plazo porque afectan a profesiones con responsabilidad civil o social, como son odontólogos, médicos, abogados o arquitectos, y pueden demorarse hasta seis meses, según el nuevo decreto. Muchos han decidido suspender el procedimiento anterior y acogerse al nuevo, con razón.

El atasco puede empezar a descongestionarse pero sigue existiendo la sospecha de una mezcla de pasividad burocrática y reticencia académica ante las titulaciones extranjeras, que afectan tanto a instituciones latinoamericanas (con un 90%) como europeas. Tanto el decreto como la nueva ley de universidades ponen en parte remedio a esta situación, y la ley ha tenido la valentía de abrir una puerta relativamente accesible a profesores extranjeros, y es una buena noticia. Pero para muchos puede haber llegado demasiado tarde.