Google atasca la ley europea de propaganda política ‘online’

Las campañas políticas oscuras son una de las principales amenazas para la democracia. Han sido la herramienta clave de empresas como Cambridge Analytica, campañas como la del Brexit, el asalto al Capitolio y la más reciente #primaverabrasileña. Se caracterizan por un uso ilegal de datos personales para componer mensajes a medida y hacer envíos clandestinos a ciudadanos seleccionados, con las consecuencias que ya conocemos. El Parlamento Europeo intenta tener un reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política antes de que acabe enero, pero no va a conseguirlo. Google está haciendo campaña para que no suceda, pero no directamente. Está usando a youtubers y a ONG.

El principal problema de la legislación es definir lo que constituye publicidad política. No puede ser tan específica como para dejar fuera posibles nuevas formas de manipulación, ni tan general que queden atrapados los comentarios protegidos por la libre expresión. El verano pasado, Google empezó una campaña advirtiendo a los europarlamentarios de que el ejercicio de la libre expresión política de los ciudadanos en las redes podría acabar en el mismo saco que las campañas pagadas por partidos en las grandes plataformas digitales. Lo hizo a través de DOT Europe, la organización antes conocida como EDiMA o The European Digital Media Association. Y de un creciente colectivo de youtubers a los que ha convencido de que sus vídeos de análisis político serán ilegales con la nueva legislación.

“El discurso político no remunerado no debe estar sujeto a ninguna restricción fuera de las recogidas por la libertad de expresión”, dicen las cartas que ha enviado a los europarlamentarios. Los vídeos de estos usuarios legítimos podrían desaparecer. La campaña está calando entre los europarlamentarios, pero lo que dice no es exactamente cierto. Los vídeos de los youtubers no profesionales están a salvo. Pero Google y el resto de plataformas tendrían que responsabilizarse de las campañas de influencia que son amplificadas por sus algoritmos de recomendación. Solo ellos pueden detectar a tiempo los contenidos promocionados de forma “inauténtica” en sus servidores por grupos que saben demasiado bien cómo viralizar un mensaje artificialmente sin identificarse como publicidad.

La Comisión y el Consejo europeos quieren que “cualquier mensaje susceptible de influir en los resultados de una elección o referéndum, proceso legislativo o regulatorio o comportamiento electoral” esté sujeto a la misma transparencia y deba cumplir los mismos requisitos legales que las comunicaciones pagadas por candidatos y partidos políticos. De esta forma, deberán decir de forma explícita cuánto ha costado el mensaje, quién lo ha diseñado y quién es susceptible de verlo.

Es posible que la ley resulte demasiado ambiciosa y tenga que renunciar a visibilizar el trabajo mágico de los algoritmos de amplificación para salir adelante en el Parlamento. Eso no es lo malo. Lo grave es que las plataformas han descubierto que la mejor forma de atascar la legislación es entrenar a las ONG y a influencers para debatir los términos ad nauseam. Imitar los movimientos de derechos civiles para seguir fragmentando el debate y coartando nuestra capacidad de tomar decisiones colectivas para el beneficio público. De momento, les está saliendo demasiado bien.