Violencia desmedida en Francia

Ya había caído la noche cuando, el pasado 20 de marzo, en la esquina de la rue des Minimes en París, ocurrió una escena aún más inverosímil que la de unos turistas improvisando una glamurosa sesión de fotos frente a unas bolsas de basura en llamas ―la versión realista de Emily in París, supongo―.

Apenas unos días después de que Emmanuel Macron forzara por decreto la aprobación de su impopular y controvertida reforma de las pensiones, una quincena de agentes de las Brigadas de Represión de la Acción Violenta Motorizada (BRAV-M) interpeló a siete jóvenes que habían participado esa misma tarde en las protestas. “Sabes, yo puedo dormir contigo si quieres [en la comisaría] (...) y allí veremos quien se empalma primero y se folla al otro”; “Tienes mucha suerte de estar ahí sentado, te juro que te estaba rompiendo las piernas, literalmente... Sabemos mucho de romper piernas, codos y caras”; “¿Cómo se llega desde Chad? Por mar, a través de España, ¿verdad? ¿Comías bien allí?”. Recogidas en una grabación a la que accedió Le Monde y el medio online Loopsider, estas son algunas de las palabras pronunciadas por los agentes de policía hacia el único joven de origen africano del grupo que, además de sufrir vejaciones, recibió dos bofetadas. Una actitud más propia de carcelarios libios que de representantes del orden de un Estado democrático y que ha provocado una ola de consternación en las redes sociales y en la prensa del país.

El chadiano de 23 años ha presentado una denuncia por “agresión sexual” y “amenaza de cometer un delito de violación”, entre otros cargos. Además del racismo evidente del que fue víctima, afirma que un agente le agarró por los testículos durante el cacheo policial. Otra joven, interpelada junto él esa noche, ha denunciado por su parte a los agentes por “atentado contra la libertad personal”, “violencia en reunión por parte de una persona depositaria de la autoridad pública”, y “falsificación en escritura pública”. Esta estudiante en Sciences-Po sostiene que la policía redactó informes falsos para justificar esas detenciones. Como cuenta la crónica de Le Monde, en ningún momento los agentes de la BRAV-M pudieron confirmar la participación del grupo de jóvenes en los incendios de esa noche. Pero para esta brigada de intervención conocida por su natural inclinación hacia la violencia, y que se suele comparar con la tristemente famosa brigada de los voltigeurs ―disuelta en 1986 después de la muerte de un estudiante argelino en una manifestación―, eso es un mero detalle. Como si un estudiante que expresa su descontento y un black bloc, cuya intención es sembrar el caos y debilitar a las instituciones, se merecieran el mismo trato o representaran la misma amenaza.

En las últimas semanas, la brutalidad de este grupo policial motorizado, creado en 2019 en respuesta a la crisis de los chalecos amarillos, parece haberse desatado. Y si alguien duda de ello, que simplemente busque en Twitter el hashtag #BRAV-M o escuche el podcast que dedica el diario francés a estas brigadas que también actúan como “unidades de guerra psicológica”. Un militante ecologista que se debate entre la vida y la muerte y otro que hasta este jueves estaba en coma después de la intervención policial en Sainte-Soline; un sindicalista al que han dejado tuerto; una profesora que se ha quedado sin pulgar; un periodista con traumatismo craneal y con la mano fracturada son algunos de los casos que han salido a la luz. Y eso sin hablar de las detenciones abusivas que denuncian los abogados y los numerosos vídeos que circulan, como ese en el que una mujer sale disparada tras recibir un golpe con un escudo antidisturbios.

En este contexto, no han sido pocas las voces que han condenado a Francia por el uso excesivo e injustificado de la fuerza en su gestión de las manifestaciones (la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Amnistía Internacional, la Defensora del Pueblo francesa, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos —CCDH—), por citar unos cuantos, además de una petición en la plataforma del Congreso pidiendo la disolución de los BRAV-M que acumula más de 200.000 firmas), ni es la primera vez que la violencia policial ocupa el centro del debate público en Francia. Por mucho que el ministro de Interior, Gérald Darmanin, niegue su existencia y prefiera hablar de actos aislados, de ovejas negras, ya ocurrió durante la crisis de los chalecos amarillos, en la que murió una mujer en Marsella, y más de 30 personas fueron mutiladas tras sufrir tiros de LBD y de granadas lacrimógenas con pequeñas cargas explosivas, como señala Sebastian Roché, director de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Además de un evidente problema de violencia debido a un enfoque esencialmente confrontacional, Francia es una anomalía en lo que respecta al control externo de su policía, aún muy sometido al poder político y es muy raro que los autores de errores policiales sean sancionados penalmente, explica el politólogo.

Aunque es indudable que el protagonismo creciente de grupos ultras en las manifestaciones ha exacerbado los actos violentos hacia unas fuerzas del orden debilitadas por la falta crónica de efectivos y de medios, lo cierto es que para que sea legítima, la violencia ejercida por un Estado de derecho tiene que ser justa y proporcional. Y esto, claramente, no es lo que está ocurriendo, le guste o no a Darmanin.