Sentencia peligrosa

La sentencia que la Audiencia Provincial de Huelva dictó hace unos días y que condenaba a una periodista por una serie de artículos publicados en un medio local toca un derecho tan sensible en las sociedades democráticas como el derecho a la información y ha encendido las alarmas entre profesionales de la información y juristas. Los textos periodísticos, publicados en marzo de 2019 sobre un caso del que se levantó el secreto de sumario a finales de 2018, explicaban de manera detallada las distintas versiones que Bernardo Montoya dio sobre la agresión sexual y el asesinato de la profesora Laura Luelmo por los que finalmente fue condenado en 2021. Los magistrados han considerado que la periodista atentó contra la intimidad de la víctima y cometió un delito de revelación de secretos por el que la han condenado a dos años de cárcel y la han inhabilitado para ejercer su trabajo durante ese mismo tiempo, amén de que tenga que pagar una multa de 3.200 euros e indemnizar con 30.000 a los padres de la profesora.

Los jueces entienden que algunas de las informaciones publicadas afectan “a la esfera personal de la fallecida y su familia” y les han causado perjuicio “sin atender a ningún interés legítimo” más allá del propio hecho de contar lo sucedido. El Tribunal Constitucional ha establecido, sobre el tratamiento de sucesos que son de interés general y tienen relevancia pública, que la libertad de información no protege “la divulgación de datos que afectando a la intimidad sean enteramente ajenos a lo noticiable, excedan de cuanto pueda tener relevancia informativa o puedan calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios”. El problema surge cuando se trata de saber quién establece esos criterios, cómo se define lo que tiene “relevancia informativa”, de qué manera se mide lo que es irrelevante, gratuito o innecesario.

Y es ahí, precisamente, donde la condena ha provocado las críticas de juristas y periodistas. No es que los artículos que publicó Huelva Información revelaran detalles que fueran desconocidos porque el sumario siguiera estando secreto en ese momento —una actividad sobre la que se ha reclamado desde hace tiempo una regulación más clara, y que el actual Gobierno puso en marcha hasta que la frenó la convocatoria electoral—. Muchos detalles de la investigación eran ya públicos, y los propios magistrados reconocen la veracidad de cuanto escribió la periodista. Lo peligroso de la sentencia estriba en el salto que estos dan para definir lo que puede ser informativo y lo que no lo es y, desde su particular entendimiento de estas cuestiones que desbordan lo estrictamente jurídico, condenan a prisión e inhabilitan a una periodista. Desde una consideración moral han castigado su trabajo, lo han hecho por la vía penal y no civil, y han abierto así el paso a que los tribunales puedan convertirse en censores a posteriori de lo realizado por los profesionales de la información.

Es posible que los padres de la víctima se vieran desbordados por el tratamiento que se da en los medios a sucesos como los que padeció su hija y se querellaran legítimamente para proteger su derecho a la intimidad. La respuesta de la Audiencia de Huelva ha sido, en cualquier caso, excesiva, al convertir a los jueces en árbitros de lo que puede decirse o no a la hora de informar. A veces pueden ser líneas tenues las que separan el derecho a la información del derecho a la intimidad, pero esta sentencia es inquietante porque otorga a los jueces el poder de castigar a quien publica lo que estos entienden que no resulta relevante. Y ese gesto está a un paso de convertirlos en ese tipo de censores que amedrentan con potenciales castigos a quienes informan con el fin último de callar sus voces.