Vox veta a EL PAÍS

Desde 2019, Vox ha negado sistemáticamente la acreditación a los medios de Prisa, tanto EL PAÍS como la Cadena SER, para impedir la cobertura informativa de sus ruedas de prensa o actos de partido en su sede o en locales alquilados alegando un aforo completo (que a menudo mostraba muy visibles y amplios vacíos) o sin responder a las solicitudes. El derecho a la libertad de información está amparado en el artículo 20.1. de la Constitución y también en el 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que España suscribe, y que regula “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. De hecho, ya en marzo de 2021 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de Vox contra la resolución de la Junta Electoral Central que consideraba contrario a derecho el veto de esta formación a los periodistas de Prisa. Esta junta central y las locales han “instado” a Vox a cumplir con la normativa electoral y el respeto al derecho de información, sin que haya habido cambio alguno de actitud del partido de Abascal, que persiste en el cerrojazo informativo sobre sus actos electorales y políticos. Este jueves por la noche, el periódico no había recibido respuesta a la solicitud de acreditación para cubrir en la sede central de Vox la noche electoral. Ojalá llegue.

Impedir que un medio acerque a sus lectores una información relevante para la ciudadanía —como lo son los actos públicos de un partido financiado en un 60% con dinero público y concurrente a las elecciones— es obstruccionismo democrático, vulnera de forma explícita el artículo 6 de la Constitución y deja al electorado con un ángulo muerto sobre qué sucede en los actos públicos que la ultraderecha española celebra en sus locales. Abrir la sede de un partido político dota de derechos al partido pero también le impone la obligación de no discriminar a nadie por razón de “opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”, según el artículo 14 de la Constitución. Es una manera de conducirse que cobra mayor importancia ante la posibilidad de que esta formación pueda formar parte del Gobierno de España.

Pese a que Vox ha alegado en ocasiones la limitación de aforo, el propio Santiago Abascal adujo hace dos días otras razones para mantener el veto y la desobediencia a la JEC. El líder ultra puede no contestar a preguntas de un periodista, como explicó el pasado martes durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, pero no puede impedir el acceso a la sede del partido o a los locales que alquile porque un editorial de este periódico del 6 de noviembre de 2019 recomendase que “a Vox hay que aplicarle un cordón sanitario”, en palabras del propio Abascal. La consecuencia que extrajo el líder de Vox es que su partido está autorizado a reaccionar “de alguna manera”, según sus palabras, pero esa manera no puede ser vetar la presencia de periodistas del grupo Prisa en sus sedes, según la misma JEC y el Tribunal Supremo.

El alegato de Abascal delata un encaje deficiente con las libertades, la pluralidad editorial y las obligaciones de las que se dotó la democracia española desde la aprobación en diciembre de 1978 de la Constitución. Sería deseable que la JEC dejase de “instar” a una formación política a cumplir la ley para “obligarla” a hacerlo. Tampoco es fácil entender la resistencia de la JEC a arbitrar algún método para acreditar a los periodistas en los actos de Vox hasta completar efectivamente el aforo. Bastaría eso para garantizar en sus actos la presencia de cualquier medio independiente, tanto si a Vox le gusta como si no le gusta su línea editorial.