El dilema de la intervención militar en Níger

El golpe de Estado militar sufrido por el Gobierno constitucional de Níger el pasado 26 de julio a manos del autodenominado Consejo Nacional para la Protección de la Patria (CNSP), plantea complejos problemas sobre la legitimidad y la conveniencia del uso de la fuerza armada para restablecer el sistema democrático de ese país. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), integrada por 15 países, entre ellos la República de Níger, ha exigido reiteradamente el restablecimiento del orden constitucional, la liberación del presidente Mohamed Bazoum y su familia y de los miembros del Gobierno detenidos ilegalmente. La Cedeao, al rechazar los golpistas toda solución pacífica y diplomática, ha amenazado con usar la fuerza armada militar si es necesario.

La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Únicamente la permite si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo autoriza en caso de amenazas y quebrantamientos de la paz o actos de agresión; o si un Estado se defiende (legítima defensa) de una agresión ilegítima de otro Estado. El contexto de Níger es ciertamente particular. No encaja en ninguno de estos supuestos. Sin embargo, dos situaciones legitimarían el uso colectivo de la fuerza armada en el país, contra la asonada militar.

La primera, cuando la “intervención” militar de los Estados miembros de la Cedeao y de cualquier tercer Estado se produce —como parece que es— por la “invitación” concreta del legítimo Gobierno de Níger, con la exclusiva finalidad de poner fin al golpe de Estado militar. No cabe duda de que el Gobierno auténtico es el del presidente Bazoum. Éste, a través del periódico The Washington Post, el 3 de agosto, llamaba “al Gobierno de Estados Unidos y a toda la comunidad internacional para que nos ayuden a restaurar nuestro orden constitucional”. El Gobierno constitucional de Níger está secuestrado y, aunque no tenga el control efectivo sobre el territorio, su consentimiento e invitación a que terceros Estados intervengan militarmente en su país es válido, al ser el único representante reconocido del Estado democrático. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea y otros muchos Estados solo admiten como Gobierno legítimo al del presidente Bazoum.

La segunda situación en la que el uso de la fuerza armada estaría permitido —y aunque por ahora no haya sido invocado— es la prevista en el Protocolo de Lomé, firmado en 1999 por todos los Estados miembros de la Cedeao. Este permite a la organización intergubernamental a intervenir militarmente en el territorio de los Estados miembros, si se produce un “derrocamiento o intento de derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente”. La activación de este mecanismo por la organización africana no presentaría problemas. La intervención militar estaría autorizada tanto por el propio Protocolo desde el momento de su firma en 1999, como por la referida invitación actual y del presidente Bazoum a la Cedeao.

Si finalmente se usara la fuerza armada, esta sería quirúrgica. Solo podría emplearse la estrictamente necesaria para la restauración del sistema democrático y liberación de los secuestrados, la de menor intensidad posible y la proporcional a la fuerza con la que los militares golpistas respondieran. Una vez conseguidos esos fines, el uso de la fuerza tendría que cesar.

Más allá de la legalidad o no del uso de la fuerza armada, debería evitarse por sus indeseadas consecuencias. Es imprescindible agotar todos los medios de arreglo pacífico para preservar la paz y la seguridad internacionales. La consecuencia de un conflicto armado en la región, asolada por la pobreza y por el avance de organizaciones yihadistas, tendría consecuencias imprevisibles. Al respecto, no existe unanimidad entre los Estados, ni en la propia Unión Africana: Nigeria, Costa de Marfil y Senegal secundan la acción colectiva militar, mientras que Guinea-Conakry, Malí, Burkina Faso —regímenes militares y suspendidos de toda participación en la Cedeao— y Cabo Verde, la rechazan.

Desde el punto de vista económico, el uso de la fuerza armada desestabilizaría la región, las condiciones de desarrollo se verían perjudicadas y la situación humanitaria se agravaría (Níger es el centro logístico de almacenamiento y distribución de alimentos básicos para la región). El conflicto armado —y político— se extendería a toda la zona. Burkina Faso y Malí ya han anunciado que apoyarían a los militares golpistas del CNSP y la junta militar lo ha autorizado. Estos dos Estados equipararían la intervención militar contra los golpistas de Níger como “declaración de guerra contra ellos”; lo que podría desencadenar una guerra convencional en África Occidental con el considerable destrozo de vidas humanas. Por último, las consecuencias para la población de Níger serían devastadoras. Es uno de los países más pobres del mundo y cuenta con unos 350.000 desplazados procedentes de Nigeria y Mali. El desastre para la población, afectada además por los cambios climáticos, sería desmedida.

Naciones Unidas cifra en 4,3 millones las personas necesitadas de ayuda en Níger, de las cuales 3,3 millones se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda. En estos momentos el uso de la fuerza armada —que ya estaría lista para ejecutarse— parece haberse enfriado en favor de un período de transición hacia la vuelta de la democracia. Toda solución será perjudicial. La peor, la intervención militar; la menos grave, el endurecimiento de las sanciones a Níger, apoyadas por Estados Unidos y por Francia, cuyo embajador ha sido expulsado del país y sus tropas están de retirada. Níger es especialmente importante para estos dos países por sus estrategias contra el terrorismo en el Sahel. En cualquier caso, la población de Níger, y especialmente los más vulnerables, serán las víctimas de esta nueva asonada en África. Ojalá impere la cordura y el diálogo frente a la intransigencia de los militares golpistas.