La ley, mejor que el pacto

La esperada proposición de Ley Orgánica de amnistía “para la normalización institucional, política y social en Cataluña” fue registrada este lunes en el Congreso de los Diputados con la firma en solitario del PSOE. El hecho de que el Grupo Socialista solicite su tramitación por el procedimiento de urgencia supone reducir a la mitad los plazos de elaboración de la ley —que precisaría de todo el debate y del mayor consenso posible—, pero no impedirá que cada grupo parlamentario tenga la oportunidad de ofrecer sus argumentos a favor o en contra de una iniciativa que corresponde aprobar a las Cortes como expresión de la soberanía popular.

El texto conocido este lunes pone fin a semanas de especulaciones en torno a una medida de gracia exigida por Esquerra Republicana y Junts como condición imprescindible para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. La proposición de ley contiene una larga exposición de motivos, 16 artículos, dos disposiciones adicionales y una final. Las citadas disposiciones adicionales reforman el Código Penal y la ley del Tribunal de Cuentas para incorporar expresamente la amnistía como mecanismo de extinción de la responsabilidad penal y contable. Se percibe ahí la voluntad de evitar cualquier hueco judicial que pudiera utilizarse para dejar sin efecto una norma criticada desde mucho antes de darse a conocer.

La amplia exposición de motivos parece redactada para justificar la proposición ante la ciudadanía tanto o más que ante los legisladores o ante los tribunales que puedan estudiar futuros recursos en contra. Además, hace hincapié en que constituye una excepción a las normas “plenamente vigentes” para desmentir a quienes apuntan que la amnistía deja impunes potenciales actos futuros como los cometidos en el pasado en Cataluña.

La alusión no explícita al artículo 155 de la Constitución certifica, de hecho, que su aplicación ante la declaración ilegal de independencia de Cataluña en 2017 fue perfectamente legítima. Y que, por lo tanto, llegado el caso, volvería a serlo. Tampoco menciona explícitamente ninguna de las ilegalidades cometidas durante el procés, pero la norma conocida este lunes no da la razón a quien en su momento incumplió la ley, aunque le exima de la responsabilidad penal, administrativa o contable en nombre del interés general y de la convivencia.

Al contrario que en el relato de antecedentes que acompañó el jueves pasado el pacto político del PSOE con Junts, en el preámbulo de la ley puede verse reflejada una amplia mayoría de españoles, incluidos los catalanes no independentistas.

Si en aquel texto se entregaba la presentación del pacto a un argumentario lleno de lagunas históricas y retórica procesista que ignora a la mitad de los catalanes, ahora el preámbulo afirma inequívocamente que “desde el año 1978 España cuenta con un texto constitucional homologable al de los países de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideológicos y políticos de todos”. Sobre las tentaciones unilaterales se muestra igualmente claro: las metas que conseguir dentro del marco constitucional son plurales, pero “todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

Esta es la ley de amnistía que votarán quienes le den su aprobación en el Congreso, en la que no aparece ninguna referencia al lawfare, la persecución judicial por motivos políticos, que sí se menciona en el pacto político, cuya confusa redacción provocó la alarma de todo el mundo jurídico.

En definitiva, y a la espera del debate parlamentario y del pronunciamiento del Tribunal Constitucional por los múltiples recursos que se anuncian, la ley llamada a iniciar una nueva etapa en Cataluña es sólida y mejora considerablemente los mimbres políticos del acuerdo entre el PSOE y Junts.

Estamos, sin duda, ante el proyecto más controvertido de la legislatura de Pedro Sánchez y no solo porque condiciona su puesta en marcha. Ahora que ya se conocen su articulado y su factura técnica, sería un error que el Gobierno renunciara a explicar a fondo la oportunidad y la finalidad última de la medida, así como el alcance de sus consecuencias.

Sus promotores deberán transmitir con claridad a la ciudadanía las razones que los llevan a internarse en una vía de esta trascendencia. Tratar a los ciudadanos como adultos supone reconocer de entrada algo que no tiene lugar en el preámbulo de una ley: que la medida de gracia se tramita ahora porque a Pedro Sánchez le hacen falta los votos de Junts para reeditar el Gobierno de coalición. El candidato tendrá, por lo tanto, que enmarcarla en los objetivos generales de la legislatura.

Cuando en septiembre pasado exigió la amnistía como una de las condiciones para apoyar la investidura del candidato socialista, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reivindicó un acuerdo en el que la sociedad catalana pudiera reconocerse. Tenía razón. Pero toda la sociedad catalana. No hay que olvidar que más de la mitad de esa sociedad no quiere la independencia, pero una inmensa mayoría apuesta por la concordia. También el conjunto de la sociedad española debería poder reconocerse en el nuevo escenario político. A pesar de tener enfrente a una oposición empeñada en una espiral de hipérboles apocalípticas, corresponde al Gobierno velar por que sea así.