Un futuro para el mar Menor

Debería ser algo más que una foto. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, han posado ante el mar Menor después de firmar el convenio por el que se crea una comisión de coordinación entre el Gobierno central, el autonómico y los 10 municipios afectados por los planes de recuperación y protección de la laguna, un ecosistema tan dañado que se encuentra en el límite de convertirse en un mar muerto.

El acuerdo llega con retraso respecto a lo previsto al aprobarse la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor de 2020, que obliga a esta coordinación. Aunque el pacto no implica medidas o dotaciones económicas adicionales a las previstas, es importante porque desencalla un programa de actuaciones vital para la zona. Este primer paso debe completarse con la constitución del Consejo del Mar Menor, un organismo más ejecutivo, y de un comité científico independiente que supervise la evolución de la laguna.

La ley fue aprobada por consenso de PP, PSOE y Ciudadanos en la Asamblea de Murcia en julio de 2020, y su despliegue no debería encontrar obstáculos pese a que ahora el Gobierno de López Miras dependa de Vox, un partido que se ha opuesto a las medidas y defiende los intereses del segmento de los propietarios agrícolas que, con la utilización abusiva de fertilizantes y el uso de pozos ilegales para el riego, han contribuido decisivamente al destrozo ecológico. Que el PP se desmarque en esto de Vox es una buena señal. Como lo es también que los dos partidos que gobiernan a nivel central y autonómico dejen a un lado sus diferencias y eviten la dinámica de enfrentamiento que rige en otras comunidades autónomas. Este acuerdo sucede al suscrito sobre Doñana entre la ministra Ribera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y es importante que esta actitud de colaboración se consolide y extienda.

Ahora es urgente desplegar las actuaciones previstas en la ley, que limita el uso de fertilizantes en una franja de protección de 1.500 metros alrededor de la laguna y obliga a clausurar los riegos ilegales. Y también las medidas previstas por el Ministerio de Transición Ecológica en su plan de actuaciones prioritarias, aprobado en noviembre de 2021 con una dotación de 484 millones. Entre las medidas a aplicar figuran la reordenación del uso del agua en toda la cuenca y la reconversión de cultivos intensivos en cultivos sostenibles, imprescindible para que la laguna se recupere del exceso de nitratos y otros contaminantes que en los últimos años han provocado varios episodios de mortandad de peces por falta de oxígeno. También debe acometerse el plan de ordenación territorial de la zona que regule el desarrollo económico y urbanístico alrededor del mar Menor.