Los menores no pueden esperar

Los servicios de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias se encuentran en situación de colapso desde octubre. Los centros están desbordados y en ellos la situación es de hacinamiento, con derivadas como malos tratos, falta de personal, educadores sin la formación adecuada, menores sin escolarizar… El relato publicado por este periódico sobre el sistema de acogida en el archipiélago describe una situación tan escandalosa que no cabe la más mínima demora en cerrar un acuerdo corresponsable de toda España para hacer frente a esta crisis. Nada justificaría otra decisión en el encuentro que celebrarán este miércoles los consejeros autonómicos convocados a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife, un encuentro presidido por la ministra Sira Rego.

Las islas acogen alrededor de 5.600 menores migrantes, cuando su capacidad máxima rondaría los 2.000. Canarias ha recibido a la mitad de todos los menores extranjeros sin familia que han llegado a España en el último año y medio, una situación imposible de asumir por ningún territorio. La fiscal de Menores de Las Palmas describe la situación de los centros del archipiélago de “sobresaturación” y pide más recursos para poder garantizar los derechos de los niños.

Hasta ahora, el mecanismo para que sean trasladados a otros centros de la Península depende de la buena voluntad de las comunidades autónomas. Tras la crisis en Ceuta en 2021, cuando entraron en la ciudad autónoma casi 10.000 personas en un solo día, las regiones han acordado recibir un cupo anual de menores, bajo ciertas condiciones, a cambio de compensaciones económicas del Gobierno central. La situación a la que han llegado los centros en Canarias revela que este pacto es claramente insuficiente e ineficiente.

El Gobierno canario y el central quieren aprobar una reforma de la ley de extranjería que obligue al resto de comunidades a acoger a un número determinado de menores cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida, una solidaridad automática y obligatoria que tiene valor como propuesta, aunque ninguna fórmula garantiza una respuesta a todas las situaciones. La medida despierta recelos en otros territorios. Uno de los socios de legislatura del Ejecutivo, Junts, quiere que Cataluña quede exenta del reparto de los menores, argumentando la falta de solidaridad en el siempre socorrido término de la singularidad. La falta de datos fiables complica aún más el debate. Algunas comunidades aseguran que ya han recibido más menores de los que dice el Gobierno, mientras que el Ejecutivo sostiene que algunas han recibido los fondos sin hacerse cargo de los menores correspondientes.

Los cambios legislativos necesitan del apoyo parlamentario del PP, que mantiene un doble discurso francamente intolerable cuando hablamos de una cuestión de derechos de los menores. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha rescatado la expresión “efecto llamada”, mientras su número dos en el Congreso, Miguel Tellado, mientras su número dos en el Congreso, Miguel Tellado, pedía la intervención del Ejército para impedir la llegada de cayucos a las islas (sin concretar cómo), haciendo suyo el discurso de Vox. Ayer Feijóo se mostró a favor de la cooperación con el Gobierno canario siempre que haya “capacidad”, lo que provocó que Vox amenazara con romper los gobiernos de coalición con el PP. No hay margen para más matices y excusas tácticas. La petición de corresponsabilidad y solidaridad de Canarias no es de izquierdas ni de derechas, sino una cuestión de derechos humanos. Es hora de que el Gobierno, las comunidades y todos los partidos den a Canarias una respuesta de Estado inaplazable a esta crisis.