Agilidad y colaboración en Valencia

Mientras aún hay bajos y calles con barro y la reapertura de cada pequeño comercio es motivo de celebración en los municipios afectados por la dana en Valencia, los damnificados se quejan de exceso de burocracia en la tramitación de las ayudas y asisten a un enfrentamiento dialéctico entre administraciones innecesario y contraproducente.

El rifirrafe político, que debería cesar cuanto antes, ha derivado por parte del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, directamente en engaño a quienes han perdido todo y tratan de navegar la burocracia de las ayudas. Mazón aseguró que las aportaciones del Estado no eran directas, que había que devolverlas porque se trataba de créditos. Según el Gobierno central, esa mentira ha sido la causa de que mucha gente no haya pedido anticipos de las ayudas directas, que no créditos, a coste cero. De las 12.000 peticiones de ayuda económica que ha recibido el Gobierno central, solo 3.000 han pedido anticipos (el 50% de la ayuda a la que tendrán derecho) por pérdida de vivienda o de enseres. Esos anticipos no hay que devolverlos.

Cincuenta días después de la dana que provocó más de 200 muertos en la provincia de Valencia, hay que seguir insistiendo en pedir información veraz, agilidad y transparencia en las ayudas. El Gobierno, según sus datos, ha comprometido 16.000 millones, de los que 1.000 millones ya están movilizados. La Generalitat ha comprometido 1.051, de los que están todos movilizados, según Mazón. Ambas administraciones han diseñado ayudas directas a particulares y líneas de crédito a empresas. Aunque se ha hecho un esfuerzo por acercar lo más posible la gestión a los ciudadanos, se trata de personas que en ocasiones no tienen ordenador, ni internet, ni los papeles básicos de su vida, ni forma de hacer copias. Tiene que estar muy bien justificado exigir a los damnificados documentación que ya está en poder de la administración más allá de una prueba de identidad y domicilio. Son personas que afrontan su tercer mes sin nada.

El abandono de los espacios en los que se acumularon enseres y coches es otro motivo de polémica. Dos incendios han dado la razón a quienes advertían del peligro de estos vertederos que, en algunos casos, están muy cerca de los cascos urbanos. El Gobierno de Mazón se defiende de las críticas con el argumento de que no hay suficiente policía para vigilar los vertederos. La Generalitat aprobó una resolución por la que se hacía cargo de retirar las pilas de coches y ahora pretende que sean los ayuntamientos quienes llamen a los desguaces para hacerlo.

En medio de la contienda, los alcaldes son los que siguen en primera fila, siguiendo de cerca los problemas de sus vecinos damnificados, pero no por esto son escuchados en la dirección de las Emergencias, en manos de la Generalitat. Hartas de sentirse ninguneadas, tres alcaldesas —las de Paiporta, Catarroja y Benetússer— se plantaron el martes en la reunión del centro de coordinación para reclamar, al menos, tener voz en el órgano en el que se adoptan las medidas. Exigieron la agilización del pago de las ayudas y la retirada de vehículos y enseres, y advirtieron de que con las unidades y equipos se tardará al menos un año en completar la tarea. Las alcaldesas pidieron tener información de manera directa de decisiones de Emergencias y un calendario detallado del plan de trabajo. Debería ser obvio, pero han tenido que pedirlo quienes dan la cara todos los días ante sus vecinos.