Una Europa menos verde

La Comisión Europea presentó este miércoles su plan de “simplificación” de las reglas medioambientales de la Unión con el objetivo, expresado por el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, de reducir la “gran carga regulatoria” que para personas y negocios supone el refuerzo de las políticas medioambientales derivado del Pacto Verde Europeo.

El núcleo de las reformas es la exención para las pequeñas y medianas empresas del cumplimiento de buena parte de las nuevas exigencias ecológicas. Entre ellas, la obligación de medir y documentar el impacto ambiental de sus operaciones e incluirlo en la información que hacen llegar a los accionistas y al público en general. Las grandes firmas deberán cumplir con esa obligación, pero obtienen una prórroga para hacerlo. También se elimina la necesidad de desarrollar al respecto planes específicos en sectores especialmente contaminantes.

Lo mismo sucede con el mecanismo de compensación de las emisiones de dióxido de carbono para las importaciones, por el que se obliga a certificar el pago de tasas por la compra a terceros países de productos como cemento, hierro, acero, aluminio y fertilizantes. Su objetivo era compensar un menor rigor en el control de emisiones y reducir el dumping medioambiental.

Aunque la Comisión asegura que su compromiso con la transición verde “no se ha debilitado”, el paquete representa en la práctica una concesión a las presiones de las empresas y de los principales países industriales, como Alemania y Francia. Con todo, algunas de las peticiones del sector no han sido incluidas. Así, la taxonomía de las inversiones —la definición de si son medioambientalmente positivas o no— no se modifica a pesar de la insistencia de Berlín y París. Lo que sí se ha incluido es una reducción drástica del número de empresas obligadas a definir sus actividades bajo esta regulación.

Desde antes incluso de la formación de su segundo gabinete comunitario —como, por ejemplo, durante la crisis de los agricultores hace un año—Ursula von der Leyen había dado señales de que la política medioambiental, piedra angular de su primera legislatura, iba a pasar a un segundo plano ante desafíos como la Defensa o la propia solidez política de la Comisión. Von der Leyen ha de lidiar con un partido, el Popular, que busca practicar la geometría variable dentro del Europarlamento, pactando con partes de la ultraderecha cuando lo vea necesario y usando la amenaza de tales alternativas para sacar concesiones a sus socios de coalición: tanto los liberales como, especialmente, los socialdemócratas de su vicepresidenta, la española Teresa Ribera. Es significativo el uso de la palabra “simplificación” en lugar de “desregulación”, tabú para algunos de los socios del Ejecutivo.

No hay duda de que la economía europea en general y su sector industrial en particular necesitan una inyección de competitividad. Así lo indicaban en sendos informes los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta. Sin embargo, la Comisión comete un error al tratar de impulsar esa competitividad a costa de rebajar las exigencias medioambientales. Las empresas han de poner de su parte en la lucha contra el cambio climático. No se las puede exonerar de esa responsabilidad; ni a ellas, ni al conjunto de la sociedad. Hacerlo supone transferir irresponsablemente a las generaciones futuras la urgencia de buscar soluciones que, por nuestra inacción, tendrán un coste mucho más alto para quienes vengan detrás.