De eso se trata, de personas

Explotación con fines sexuales, pornografía y mendicidad infantil, extracción de órganos, matrimonio forzado, servidumbre doméstica, trabajos o reclutamiento forzoso. Cualquiera de estos delitos nos pone los pelos de punta, nos revuelve las entrañas y nos aterroriza si pensamos que podría victimizar a nuestros hijos, hermanas o seres queridos. Esto no es una ficción lejana. Es la realidad de más de 40 millones de personas, de las cuales el 70% son mujeres y niñas. Y es solo la punta de un vergonzoso iceberg, ya que se estima que por cada caso detectado hay, al menos, veinte ocultos.

La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del crimen organizado a nivel mundial, solo por detrás del narcotráfico y de la falsificación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que este delito genera aproximadamente 150.000 millones de dólares al año, de los cuales 12.000 millones corresponden a América Latina y el Caribe (ALC); 125.000 y 10.000 millones de euros respectivamente. Es en nuestra región, precisamente, donde el aumento de víctimas es más pronunciado. Esto puede deberse al incremento de casos o a una mayor capacidad para identificar, registrar y reportar a las víctimas por parte de las autoridades. O a ambas razones.

En América Latina y el Caribe la modalidad más detectada de trata tiene fines de explotación sexual, pero mientras en el cono sur la mayoría de las víctimas son mujeres, en Centroamérica y en el Caribe son niñas. A diferencia de otras regiones del mundo, esta consiste en una “trata interna”. Es decir, la mayoría de las víctimas identificadas provienen de su propio país o subregión (75% en Centroamérica y el Caribe, y 92% en Sudamérica), según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

La trata de personas se ha visto agravada por la pandemia de la covid-19, que ha aumentado la vulnerabilidad de migrantes, mujeres, niños y niñas, trabajadores poco cualificados, personas en servidumbre doméstica y la comunidad LGBTIQ. Los altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad tras la pandemia podrían volver a la región de América Latina y el Caribe más vulnerable a la trata de personas. Al mismo tiempo, los tratantes han adaptado sus modalidades delictivas y se ha detectado un aumento en la producción y distribución de material de abusos sexuales de niños y niñas virtualmente, que contrasta con la reducción de denuncias de casos de abuso. Con la limitación de las capacidades del sistema de justicia y la reorganización de las funciones de la policía para atender la crisis sanitaria, la lucha contra este delito se ha visto afectada precisamente cuando la vulnerabilidad está aumentando exponencialmente.

Con la limitación de las capacidades del sistema de justicia y la reorganización de las funciones de la policía para atender la crisis sanitaria, la lucha contra este delito se ha visto afectada precisamente cuando la vulnerabilidad está aumentando exponencialmente

La complejidad de este fenómeno hace que su prevención, atención y persecución sea particularmente ardua. La cooperación entre países es fundamental. Desde la aprobación del Protocolo de Palermo del año 2000, ratificado por 176 estados, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, los países de América Latina y el Caribe han avanzado gradualmente en la generación de marcos jurídicos y políticos, así como en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia que dan respuesta a este delito.

Países como Argentina, Perú, Guatemala y Paraguay cuentan con fiscalías especializadas en la trata para fortalecer la investigación criminal. A través de la REDTRAM (Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes), intercambian información, protegen a las víctimas y colaboran en su repatriación. Ecuador, Chile y Jamaica tienen unidades especializadas en trata de personas en la policía, mientras que Guatemala y Perú cuentan con juzgados con jurisdicción exclusiva en la materia.

Países como Argentina, Perú, Guatemala y Paraguay cuentan con fiscalías especializadas en la trata para fortalecer la investigación criminal. Ecuador, Chile y Jamaica tienen unidades especializadas en trata de personas en la policía, mientras que Guatemala y Perú cuentan con juzgados con jurisdicción exclusiva en la materia

La respuesta a este delito debe contar con protocolos estandarizados de detección, protección y derivación a servicios para las víctimas y facilitar el intercambio de conocimiento y análisis de casos difíciles. De igual manera, debe considerar la capacitación continua del personal y fortalecer laboratorios de ciber-delito para apoyar las investigaciones criminales para la judicialización de tratantes.

Acompañar y proteger a las víctimas durante todo el ciclo judicial es central para garantizar su bienestar e integridad y para aumentar su disposición a cooperar con la justicia. Requiere la coordinación con ONGs para la reintegración y reducción de futuras vulnerabilidades, en especial de quienes están más expuestos a ser víctimas. Además, es crucial abordar las redes de trata en conjunción con delitos conexos como el tráfico de migrantes, la corrupción y el lavado de activos.

La coordinación es clave para prevenir y detectar la trata

Las instituciones de seguridad y justicia deben coordinarse y cooperar con instituciones de otros sectores como salud, empleo o migración, así como con actores de la sociedad civil y el sector privado. Este último puede contribuir detectando y reportando potenciales víctimas en sectores como el hotelero y de transporte, e impidiendo que haya trabajadores forzosos a lo largo de sus cadenas de suministro.

La trata de personas tiene muchas caras y abordar estos desafíos requiere una visión integral. Para facilitar las respuestas, discutir los avances y prácticas prometedoras e identificar los retos y oportunidades que plantea la lucha efectiva contra este delito en ALC, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está convocando a una serie de Diálogos Técnicos Virtuales con tomadores de decisión, sector privado, ONG y organizaciones internacionales. El lanzamiento se hará junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), socio estratégico del BID.

Frantz Fanon, psiquiatra, filósofo y escritor francés dijo: “La explotación del ser humano acaba con lo más humano que hay en un individuo, la libertad”. La trata de personas emplea diferentes herramientas y mecanismos para perpetuar la explotación y coartar la libertad. Es responsabilidad de toda la sociedad usar todos los instrumentos a nuestro alcance para desarticular y erradicar este vergonzoso e infame delito.

Nathalie Alvarado, es la coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana de la División de Innovación para servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo.

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