Trabajo digno también para los campesinos extranjeros

Cada vez más, los medios de comunicación se hacen eco de situaciones de abuso laboral de personas migrantes, tanto en España como en otros países del Norte Global. La reciente pandemia de la covid-19 ha visibilizado con mayor crudeza las condiciones de precarización a las que se ven sometidas y, en muchas ocasiones, se ha visto cómo los lugares de explotación, como los mataderos, han estado en el origen de determinados rebrotes de coronavirus.

Al mismo tiempo, la sociedad es cada vez más consciente de que la agricultura y la ganadería industrial son causa de innumerables impactos medioambientales, que aceleran la emergencia climática. Sin embargo, vemos que aún falta un proceso reflexivo social que permita precisar que la explotación laboral a la que se somete a las personas migrantes y los impactos medioambientales de la actividad agraria y ganadera industrial forman parte de un mismo modelo.

Como parte de la puesta en valor de la soberanía alimentaria de los pueblos, el 17 de abril recordamos el Día Internacional de la Lucha Campesina, una fecha que en la que también debemos destacar la lucha de los trabajadores migrantes en el campo y los mataderos. Con el fin de analizar las dinámicas de la explotación laboral de estas personas, el pasado mes de marzo se publicó el informe Alimentos industriales, trabajo precario, elaborado por Amigos de la Tierra, con especial atención en las producciones de los campos de Huelva, Lleida, Murcia y en los mataderos industriales del Estado.

Trabajo precario y mano de obra migrante para la agricultura

Este modelo de agricultura y ganadería industrial se sustentan en la comercialización a escala global, fomentando una competición entre enclaves productivos con el fin de obtener una producción agroalimentaria a bajo coste. Esta competición ha encontrado la llave en el empleo de personas de origen extranjero. La creciente asimetría en oportunidades laborales, condiciones de vida y salarios entre el centro y la periferia mundiales han convertido a esta última en una masiva reserva global de personas dispuestas a migrar.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado en 169 millones el número de trabajadores migrantes internacionales, de los que 12 millones trabajan en la agricultura. La proporción de este colectivo en el sector agrícola de la UE ha aumentado hasta 6,5%, tendencia impulsada por países como España, Italia y Dinamarca, donde la tasa es entre seis y nueve puntos superior que en el resto de sectores.

Debemos avanzar hacia una transición agroecológica que impulse la agricultura campesina y familiar, con una producción social y medioambientalmente sostenible, ligada a la creación de empleo y acorde con los derechos humanos

Sin embargo, los datos oficiales son muy matizables. Existe una gran dificultad para obtener una fotografía de la situación, dado que las estadísticas no suelen considerar a los trabajadores en situación irregular. La OIT calcula que alrededor del 61,2% de la mano de obra agrícola de la UE tendría un empleo informal.

Al igual que en el resto de Estados del Norte Global, en España, la conversión de la agricultura y ganadería al modelo industrial se tuvo que enfrentar al problema de falta de mano de obra. La solución se encontró en la contratación de inmigrantes, que empezó en los noventa y experimentó un efecto multiplicador en la primera década del 2000: el número de personas extranjeras que realizaban trabajo en el campo se multiplicó por 135.

La explotación de las personas más vulnerables

Según datos del INE, en la actualidad en España hay unas 760.000 personas contratadas en la actividad agraria, de las cuales 185.000 son de origen extranjero. A esta cifra habría que sumarle posiblemente unas 20.000 más, según las estimaciones de la fundación porCausa, que podrían estar trabajando sin contrato laboral. En total, las personas de origen migrante representan el 27% de las personas trabajadoras en la actividad agraria, muy por encima del 11% que constituyen sobre el total de la población residente en nuestro país.

La intermediación de las Empresas de Trabajo Temporal en Murcia, al igual que los programas de contratación temporal en origen en Huelva y Lleida, actúan como un sistema que garantiza la disponibilidad de una mano de obra barata y vulnerable. Esta misma lógica opera en los mataderos industriales a través de las empresas multiservicios, que eximen a la industria cárnica de cumplir con unas adecuadas condiciones laborales. Todas estas situaciones siguen un patrón común, que sistemáticamente vulnera los derechos de los campesinos y trabajadores agrícolas.

Durante el confinamiento decretado a raíz de la emergencia sanitaria de la covid-19, las actividades agrícolas fueron declarados “críticas” por la UE y sus empleados como “esenciales” por el Gobierno español. Ello se debe a que realizan una labor fundamental: producir los alimentos que son el sostén de la sociedad española y europea. Sin embargo, este reconocimiento en palabras no ha tenido consecuencias a nivel sociolaboral.

Se requiere, por tanto, un cambio radical del modelo agroalimentario para que sea respetuoso con el medio ambiente y ofrezca condiciones de trabajo dignas. La nueva condicionalidad social impulsada por la Política Agraria Común (PAC) debe abrir esta vía. Debemos avanzar hacia una transición agroecológica que impulse la agricultura campesina y familiar, con una producción social y medioambientalmente sostenible, ligada a la creación de empleo y acorde con los derechos humanos.

Por ello, es más urgente que nunca la regularización del medio millón de personas que viven en situación irregular en España. En estos momentos está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular que pretende trasladar esta propuesta al Congreso de los Diputados en los próximos meses. Es el momento de apoyarla. En el camino hacia la soberanía alimentaria, los derechos de las personas migrantes, tanto en España como en los países del Sur Global, son de obligado cumplimiento.

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