Cuando la justicia funciona

Ayer tuvo lugar un acontecimiento importante que quizás pasó desapercibido para aquellos que consideran que los únicos problemas que les afectan son los próximos. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió orden de detención, por crímenes contra la humanidad en Libia a partir del mes de febrero de 2011, contra Muamar el Gadafi, su hijo Said al Islam y el responsable de los servicios de inteligencia militar, Abdullah al Sanussi.

El desinterés en España sobre los temas internacionales no es nuevo y tampoco es único. En países como Estados Unidos o China, lo internacional ocupa siempre un lugar secundario, salvo en lo que se refiere a los temas en los que hay intereses económicos en juego. Quizás sea la dificultad de comprensión de los fenómenos globales o la urgencia con la que se vive el día a día la que causa este fenómeno. Si así fuera, sería fácilmente superable. Lo que resultaría verdaderamente peligroso es que se consolidara la tendencia, constatada ya en algunos países como España, de la banalización de los problemas vinculados a la defensa de los derechos humanos, de la jurisdicción universal o de la justicia internacional, presentándolos como obstáculos diplomáticos, políticos o económicos para unas adecuadas relaciones bilaterales o para conseguir una “segura” convivencia.

Esta tendencia, que sería propia de sectores de extrema derecha, no es rechazada, como debiera, por los que, moviéndose en el espectro de la prudencia política, anteponen aquellos intereses, disfrazándolos de conveniencia y oportunidad para los ciudadanos, frente a los que verdaderamente defienden a la sociedad de quienes la agreden. Por ello, es gratificante ver que, a veces, los organismos internacionales dejan el letargo burocrático y se ponen al frente de los acontecimientos para detener la barbarie. Como ha dicho recientemente el fiscal Luis Moreno Ocampo, la importancia del mensaje enviado al mundo con la decisión de la CPI sobre el dictador libio es de alcance universal, y con ella la Corte reivindica su posición de administradora de Justicia con mayúsculas. La sociedad reclama unas instituciones que respondan a los desafíos del siglo XXI y la CPI encarna como ninguna otra esa posición.

Mientras tanto, el panorama que se vive en determinados países no es precisamente el más alentador. Los ataques a la justicia en Italia desde las más altas instancias políticas o el bloqueo institucional para la renovación del Tribunal Constitucional en España, atacan a su independencia en forma peligrosa y socavan la confianza de los ciudadanos en los mismos, favoreciendo la posición de quienes quieren acabar con su credibilidad. De igual forma, el enfrentamiento entre otros actores judiciales del más alto nivel desconcierta a los destinatarios de la justicia que se rinden finalmente ante la lentitud y la incomprensibilidad de algunas resoluciones judiciales.

Hace años, criticaban a la CPI por su supuesta ineficacia, lentitud y falta de independencia. Las críticas no eran sino meros tópicos sin más base que las prevenciones que se tienen respecto de aquello que no se conoce o porque pensaban que al no estar en su seno determinados países su futuro era dudoso. Sin embargo, esas prevenciones, al menos para nosotros, se han desvanecido como la bruma del amanecer.

El tiempo transcurrido durante los últimos meses en los que hemos compartido el trabajo intenso en el seno de la Fiscalía de la CPI, nos ha permitido comprobar la aplicación de un sistema de trabajo digno de imitación y seguimiento por otros organismos judiciales locales. La forma en la que se desarrolla la dirección, el dinamismo y la interacción con la que se desenvuelven las investigaciones en una fiscalía que no dispone de policía judicial, así como las garantías y fundamentación de sus resoluciones, deberían ser ejemplo para muchos.

Aquellas críticas deberían ser sustituidas por el reconocimiento de que el sistema funciona y garantiza una acción de la Justicia, independiente, ágil, imparcial, transparente, con controles de calidad y de probidad, y con códigos de conducta que alejan la sombra de la corrupción.

Los hechos son claros: a finales del pasado año, las protestas populares se iniciaban en Túnez. Miles de voces se alzaron frente a un régimen dictatorial y esencialmente corrupto. Algo que en un principio era local y de contornos específicos se extendió geográficamente. Rebasó fronteras. A través de los imperceptibles nervios de Internet, las ideas, las experiencias y las esperanzas sobre un mundo mejor más democrático y transparente avanzaron. Llegaron a Egipto. Se consolidó un movimiento que pretendía acabar también con un sistema injusto. Miles de personas reclamaron libertad, bienestar, transparencia y justicia, y los consiguieron.

No tardó en llegar el viento reformista a la vecina Libia. Y así, en los primeros meses de 2011, en un país de poco más de seis millones de habitantes, el dictador, protegido otrora y recibido con los máximos honores por líderes occidentales, se enfrentó, una vez más, a su pueblo. Con heroica decisión, mujeres y hombres de todas las edades salieron a la calle para decir “basta” a quien durante casi 42 años había tenido secuestrada la democracia en su país y a sus ciudadanos sin derechos y frente a quien tenía en sus manos el control absoluto de los recursos naturales, los medios de comunicación, las finanzas, las telecomunicaciones y todo sector que pudiese resultar estratégico en el desarrollo de un pueblo.

Cuatro meses después de la resolución de la ONU, los resultados son evidentes y positivos

Ante el éxito que habían obtenido los opositores en los casos tunecino y egipcio, la respuesta del dictador libio a las protestas de los disidentes fue violenta y letal. La represión y sus consecuencias tuvieron inmediato reflejo a través de los medios de comunicación extranjeros, que mostraban los horrores de una brutal y salvaje acción contra los opositores a la dictadura. Nuevamente, la Red fue la que posibilitó el conocimiento, a través de imágenes en Bengasi, Misrata o Trípoli, de las masacres y los ataques a la población civil por parte de un régimen que simultáneamente pretendía dar la impresión de que no sucedía nada. La ocultación y el engaño se instaló para tratar de deformar los crímenes que se sucedían. Afortunadamente, la globalización de la comunicación lo impidió. Y así pudo quedar constancia, gracias a la valentía de ciudadanos anónimos, de los ataques mortales a miles de personas que asistían al entierro de otros asesinados por los represores; o de cómo miles de personas fueron arrestadas y otras muchas desaparecidas, violadas o torturadas en centros clandestinos de detención. La justicia estaba ausente, como lo había estado durante toda la dictadura.

Lo que sucedía en Libia trascendió sin dilación al mundo entero y la reacción, en esta ocasión, fue inmediata en favor de la Justicia. Los ojos del Consejo de Seguridad se volvieron, en forma unánime por primera vez y en tiempo real, hacia la CPI y la Fiscalía de la misma. El 26 de febrero, la Resolución 1970 emitió un mandato claro y terminante: la justicia internacional debía actuar y hacerlo en protección de las víctimas. Poco más de cuatro meses después, los resultados son evidentes y positivos.

Entre ambos momentos, un equipo de profesionales, bajo la experta dirección del fiscal Moreno Ocampo, investigó lo que había ocurrido en Libia desde el inicio de las protestas, concretó los hechos y estableció la identidad de los presuntos responsables. Todo ello sustentado en más de medio centenar de testimonios obtenidos en el curso de 30 misiones a lo largo de más de 11 países; en el análisis de miles de documentos y vídeos; en informes de expertos, en libros y en textos legales. El día 16 de mayo de 2011, el fiscal presentó una solicitud de orden de arresto a la Sala de Cuestiones Preliminares, que ayer fue aceptada. El caso continúa y seguirá hasta la detención y enjuiciamiento de los presuntos responsables. En esta ocasión, la Justicia ha funcionado y ha cumplido las expectativas puestas en ella. El mundo es un poco más seguro y se ha demostrado que los tribunales internacionales, aun en las condiciones más adversas, pueden cumplir su función. Es cierto que otros conflictos, otras represiones esperan una respuesta.

Las palabras del fiscal Jackson en su discurso de apertura del juicio de Núremberg, tras la II Guerra Mundial, en 1945, vuelven a cobrar sentido ahora: “El trato que un Gobierno da a su propio pueblo, normalmente no se considera como asunto que concierne a otros Gobiernos o la comunidad internacional de los Estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento”.

Este artículo es un homenaje a quienes han trabajado para que la justicia tome el relevo y haga frente a la barbarie de quienes masacran a sus pueblos con la pasividad o connivencia de otros muchos.

Baltasar Garzón Real es magistrado y Dolores Delgado García es fiscal.