En el Presupuesto o en el error

Como en la fábula Las dos linternas, de Campoamor, en cuestiones del dinero católico todo es según el color del cristal con que se mira. Así se explica el tono de euforia del portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo Martínez Camino, al explicar ante la prensa la caída de ingresos de su confesión a través del IRPF del pasado ejercicio fiscal y el que apenas un 35,7% del total de declaraciones lo hayan sido a favor de la Iglesia católica (sobre el 72% de los españoles que se declaran católicos, según la última encuesta del CIS). Son 194.685 declaraciones ‘católicas’ más que el año pasado (+0,96%), pero 1.162.820 euros menos de ingresos para las arcas eclesiásticas. En total, los obispos recibirán de Hacienda este año (sobre el IRPF de 2011) 248,3 millones de euros.

“La Iglesia católica no tiene ninguna partida en los Presupuestos del Estado”, sostuvo, sin embargo, el portavoz episcopal. La realidad es que la Ley de de Presupuestos del Estado para 2010 tiene la siguiente Disposición Adicional 44: “Financiación a la Iglesia Católica. Durante el año 2010 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia católica13.266.216,12 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados uno y dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007”.

Con estos principios, no extraña que el portavoz episcopal se negase a opinar sobre la promesa del nuevo líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado si el Gobierno Rajoy sigue adelante con lo que el dirigente socialista llamó “contrarreformas”.“Son declaraciones de la dinámica interna de un partido. No tengo ninguna valoración que hacer a esas palabras”, dijo Martínez Camino. Sí recordó, en cambio, que los Concordatos con la Santa Sede, como los Acuerdos de 1979, “no son una anomalía, ni un privilegio, sino el modo habitual en el que la mayoría de Estados del mundo se relaciona con la Iglesia católica”.

La idea de que los obispos no reciben dinero alguno de Estado por el IRPF estaba ya en el comunicado entregado por la mañana a los medios de comunicación. “La Iglesia, para su sostenimiento, solo recibe lo que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyentes y nada de los Presupuestos Generales del Estado”, dice un apartado titulado “Elementos para la interpretación”. El obispo Martínez Camino, auxiliar del cardenal Rouco en la archidiócesis de Madrid, puso el énfasis en la palabra nada, como queriendo desmentir la broma canovista de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Un párrafo posterior del comunicado episcopal decía, sin embargo, que asignar una cuota del IRPF a la Iglesia católica “no significa que el contribuyente vaya a tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos”. ¿De dónde el dinero, entonces?

“Bien. Es una cuestión formal. Es un adelanto”, justificó el prelado cuando un periodista le recordó lo dispuesto por la Ley presupuestaria cada año. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE y presidente de la Cadena COPE, Fernando Giménez Barriocanal, que compareció también ante la prensa, remachó las afirmaciones del portavoz afirmando que “el régimen fiscal [de la Iglesia católica] no deriva de los Acuerdos [firmados en 1979 entre España y el Estado de la Santa Sede], sino de la Ley de Mecenazgo”. Sentenció: “No hay régimen de privilegios en ningún caso. Debe quedar patente”.

Nuevamente, los hechos desmienten las palabras. El texto del titulado “Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, de 3 de enero de 1979, sobre Asuntos Económicos” dice en su artículo segundo: “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa (…). La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado.

Ningún Gobierno exigió el cumplimiento de ese apartado, conscientes del fracaso del mal llamado “impuesto religioso”, es decir, del mecanismo previsto en el IRPF para concretar esa autofinanciación eclesiástica. Por el contrario, la normativa vigente, con el título de “Asignación tributaria a la Iglesia Católica”, se reformó mediante una disposición adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, estableciendo “con carácter indefinido y con vigencia desde el 1 de enero de 2007 el actual sistema de sostenimiento de la Iglesia católica mediante el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido”.

En resumen, los obispos se comprometieron en 1979 a autofinanciarse, mediante el concordato firmado en Roma ese año entre España y el Estado del Vaticano. Sin embargo, el nuevo sistema pactado en 2007 entre la Santa Sede y el Gobierno Zapatero mediante un simple canje de notas, elevó nada menos que el 34% el coeficiente del IRPF que recibe el episcopado por deseo de los fieles que ponen la equis en la casilla correspondiente (hasta el 0,7% de la cuota). Además, elevó a carácter "estable" el nuevo modelo. Es decir, lo que cada mes reciben de Hacienda para salarios de obispos y sacerdotes, no sale del bolsillo de los fieles católicos mediante su IRPF, sino de los impuestos de todos los contribuyentes, sean ricos o pobres, católicos, judíos, musulmanes, mormones o Testigos de Jehová, y sean creyentes o ateos.