El PP carga contra el juez Pedraz por criticar “la decadencia” de los políticos

El PP se embarcó en una catarata de insultos y descalificaciones contra el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el auto en el que archiva el procedimiento contra los organizadores de la manifestación del 25-S en las proximidades del Congreso. En su resolución, el juez afeaba a Interior su alarmismo al denunciar la marcha como una conspiración para invadir la Cámara, y descartaba los delitos contra las instituciones del Estado que el ministerio apreciaba. Pero, además, los populares entienden que, en su auto, el juez ataca a los miembros de la Cámara. Aseguran que lo hace porque, afirman, justifica la marcha “por la convenida decadencia de la clase política”. Por esa razón, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, anunció que presentarían una queja en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

“Pijo ácrata”, “indecente”, “inaceptable”, “impresentable” e “intolerable” son algunas de las expresiones que utilizó el diputado y portavoz Hernando contra el juez. Interpretaba así a su manera la instrucción de la dirección del partido para dejar claro su malestar con el auto. Pocas veces el PP ha vertido tantos exabruptos contra un magistrado, y menos de la Audiencia Nacional.

Hernando llegó a cuestionar la capacidad jurídica de Pedraz y a hacerle responsable de lo que le pueda pasar a algún diputado, “de cualquier acto de intimidación, acoso o agresión que pueda producirse contra cualquier representante de la soberanía nacional”. “Aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez”, dijo el diputado del PP a Europa Press. Hernando ratificó sus palabras en declaraciones a este periódico y aseguró que las hizo como portavoz adjunto del Grupo Popular y como expresión de la indignación de su partido. De hecho, no fue desautorizado ni reconvenido por los responsables del grupo ni de su partido.

Al PP le irritó sobremanera que el juez no considerara que la manifestación del 25-S era un ataque a la soberanía nacional, tal y como sostenía Interior. En su auto, Pedraz reprocha a la policía, que depende de ese ministerio, y a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, su alarmismo, pero también su incoherencia al denunciar que los convocantes de la marcha preparaban una conjura para invadir el Congreso, en la que podrían participar más de 600.000 personas, y luego permitir la protesta admitiendo que el objetivo de la misma era “permanecer de forma indefinida en el paseo del Prado”, al menos a 200 metros de los accesos de la Cámara.

Pero, sobre todo, lo que encendió al partido del Gobierno es la justificación que hace el juez de los fines de la manifestación, al considerarlos amparados por la libertad de expresión, “máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”, como recoge en su resolución.

Para los populares, esa expresión supone una descalificación a los diputados e incita a que se puedan producir nuevos actos contra el Parlamento. Por eso anunciaron su intención de pedir al CGPJ que intervenga para reconvenir a Pedraz. Fuentes de la Audiencia aseguran que dicho párrafo alude al “contexto social” en que se desarrolló la manifestación.

“En momentos tan difíciles hay que escuchar a la calle, pero también hay que obedecer a las urnas”, aseguró el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro. Y añadió: “El hecho de que Pedraz considere que la actuación de determinadas personas no fuese delito no quiere decir que, en algunos casos, lo que vivimos la semana pasada alrededor del Congreso no fuese una actitud profundamente antidemocrática”.

A las críticas contra el juez se sumó el presidente del Congreso, Jesús Posada, también del PP, que aseguró que el pleno se desarrolló con normalidad el 25-S, pero porque los policías impidieron el acceso de los manifestantes al Congreso. El presidente participó este jueves con el ministro del Interior, Jorge Fernández, en un acto de imposición de medallas a los policías del Congreso que se convirtió en un reconocimiento por su actuación el 25-S. “Defender el Congreso es defender la libertad y ello no es fruto de un capricho, porque de lo que se trata es de defender la soberanía nacional”, les dijo Posada.

El Gobierno y el PP expresaron ese día de forma visible su satisfacción por la normalidad con que se desarrolló el pleno. La propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y otros miembros del Gobierno se quedaron hasta el final para votar y hacer ostensible la normalidad. Sin embargo, al tiempo, Interior intentaba que el proceso contra los participantes en la marcha llegara a la Audiencia por la comisión de un delito contra las instituciones del Estado, que exige la alteración de su funcionamiento.

Las quejas contra el magistrado llegaron también de otras formaciones. El diputado del PSOE Rafael Simancas llamó al juez “lenguaraz” y la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, estimó que hablar de esa decadencia en un auto “no parece un juicio muy jurídico”. Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán también cuestionó la frase. “No sé si también estará hablando de él”, ironizó.

También fue cuestionado por el colectivo judicial mayoritario y conservador. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, aseguró que las palabras del juez constituían “un exceso literario, innecesario y superfluo”. Según Llarena, el juez “no está en condiciones de evaluar la conclusión que los españoles tiene sobre la clase política”. Sin embargo, desde la minoritaria y progresista Jueces para la Democracia, lo defendieron de los ataques. “A quien debería proteger el CGPJ es al magistrado. Es una resolución muy fundamentada”, afirmó Joaquim Bosch.