El Poder Judicial reabre su batalla por el Constitucional

Uno y uno. Es decir, uno conservador y el otro progresista. Este es el sentir que anida entre los vocales del Consejo del Poder Judicial con vistas al pleno en el que deberán designar a las personas que ocuparán las dos próximas sillas (de las 12 existentes) que van a quedar vacantes en el Tribunal Constitucional.

El pasado 4 de febrero, el presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, informó a los vocales de la recepción de una carta del Constitucional alertando de que, para junio tiene que haber fumata blanca en la designación de los relevos de los magistrados Pascual Sala (actual presidente, y progresista) y Ramón Rodríguez Arribas (conservador). No será baladí esta votación: de ella depende que el alto tribunal cambie su actual mayoría progresista por otra conservadora. Solo unos días después de la llegada de la carta empezaron a surgir nombres. Además, al menos siete magistrados de ambas sensibilidades están ofreciéndose como candidatos. Una vez más, se abre la batalla por el voto en el Consejo del Poder Judicial.

Los vocales que conforman las dos grandes sensibilidades del Consejo (los elegidos a propuesta del PP y los del PSOE) han estado divididos —y subdivididos— a lo largo de la legislatura, que expira en septiembre. En ambos sectores hay grietas internas irreconciliables, la más grande, en las filas progresistas, donde casi desde el principio han reinado grupúsculos al margen de la disciplina de grupo que incluso se han aliado con los vocales de la derecha para repartirse los cromos. Y es que en este Consejo, en muchas votaciones, ha imperado el amiguismo por encima de las afinidades ideológicas. El inesperado tándem formado por Margarita Robles (propuesta por el PSOE) y sus dos sempiternos delfines (Félix Azón e Inmaculada Montalbán) y por el conservador Manuel Almenar, también con los suyos de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han logrado colocar a muchos de los altos cargos de la judicatura española durante esta legislatura. Este es el origen de las brechas que aquejan a ambos sectores.

Detrás de estas dos plazas del Constitucional están en juego importantes leyes abanderadas por el PP y, sobre todo, la postura que adoptará el renovado Constitucional frente al desafío soberanista. Vocales consultados afirman que ya está sobre la mesa el debate sobre los nombres. Juan Antonio Xiol, presidente de la Sección Primera de lo Civil del Supremo (que durante días fue presidente en funciones del Supremo tras la dimisión de Carlos Dívar por el escándalo de los viajes) despierta un amplio consenso. Xiol es progresista y parte de los vocales de la derecha le votarían (hay que reunir 13 votos, mayoría cualificada) si los de la izquierda apoyan a su candidato. El problema es que ambos sectores tienen varios nombres en liza. Y ahí es dónde surgirán las desavenencias. Las dos vocales/fiscales progresistas (Gabriela Bravo y Almudena Lastra) tienen, por ejemplo, su propio candidato de izquierdas: el ex fiscal general Cándido Conde Pumpido, pero sin desmerecer a Xiol. La pelea estará en si finalmente el elegido es Xiol o Conde Pumpido. Se han postulado otros candidatos progresistas, como el magistrado Juan Carlos Campo, pero con menos opciones.

Una parte sustancial del sector conservador del Consejo (básicamente los adscritos a la APM) parecen decantarse por "Pepe López", así lo llaman, magistrado de la Sala de lo Social del Supremo. "Si hay que decir un "no" al soberanismo catalán, Pepe no se andará con titubeos; no sé si Xiol, que es de allí, de Cataluña, actuaría igual", señalan en fuentes del sector conservador.